AS/0337/2015

Criterio

"...Debe quedar establecido que, los trabajadores administrativos que presten servicios en los centros de atención médica de las entidades referidas en la norma, no son beneficiarios del bono de riesgo profesional, por cuanto no están incluidos en los Decretos Supremos anotados, y por mucho que resulte justo su reconocimiento, aquello debe obedecer a una norma específica dictada por los órganos competentes para ello, no siendo posible su reconocimiento a través de acuerdos, tratados, convenios o cualquier otro acto administrativo de autoridad directiva o ejecutiva alguna, tanto porque dichas autoridades no tienen competencia para dictar normas sustantivas que creen, amplíen o supriman derechos laborales, como porque existe la prohibición expresa contenida en el art. 6 del DS Nº 27654 de 30 de julio de 2004, que prohíbe a los ejecutivos de entidades públicas o autoridades que los representen, suscribir convenios en materia salarial que comprometan recursos públicos al margen de lo dispuesto por el mismo Decreto Supremo. En ese sentido, el convenio de 25 de julio de 2005 (fs. 57 a 60); la nota del Ministerio de Hacienda Nº DS/CE/815/2005 de 22 de septiembre de 2005 (fs. 62); la Resolución del CONAPE Nº 19/2005 de 5 de octubre de 2005 (fs. 63 a 65), no constituyen norma positiva que reconozca el pago del derecho laboral demandado a favor de los trabajadores administrativos que presten servicios en los centros de atención médica de la Caja Nacional de Salud, y si bien el Directorio de la entidad demandada, a través de la Resolución Nº 069/2004 de 15 de septiembre (fs. 120), resolvió autorizar el pago del bono de riesgo, con beneficio “para los profesionales, funcionarios y trabajadores del sector salud, que cumplen sus labores en los centros hospitalarios y policlínicos y que tienen directo contacto con pacientes y corren el riesgo de contraer enfermedades”, aquella decisión, con exclusión de lo relacionado a los profesionales, no se encuentra enmarcada a derecho, al haberse extralimitado en sus competencias, debido a que dicha instancia no tiene facultades para crear, modificar o ampliar derechos laborales bajo su interpretación, pues dicha competencia le está otorgada sólo al órgano ejecutivo o legislativo a través de los instrumentos normativos correspondientes, por lo que, dicha decisión, no puede generar un derecho adquirido o consolidado, como erróneamente se afirma por el recurrente..."