AS/0345/2012

SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 345/2012

Sucre, 26 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE: Potosí 239/2012

PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Victor E. Borda Belzu en representación de la Alcaldía Municipal de Llocaya contra Leonardo Nina Cejas y Trifon Aviles Gómez.

DELITO: incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Leonardo Nina Cejas (fs. 277 a 278), impugnando el Auto de Vista Nro. 31/2012 emitido el 20 de septiembre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 268 a 271), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Alcaldía Municipal de Yocalla representada legalmente por Victor Ezequiel Borda Belzu contra el recurrente y Trifon Aviles Gómez con imputación por comisión de los delitos de incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, previstos y sancionados por los arts. 222, 154 y 199 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal Segundo de Sentencia de la ciudad de Potosi, por Sentencia Nro. 09/2012 de 31 de mayo de 2012 (fs. 208 a 219) declaró a Leonardo Nina Cejas autor de la comisión del delito de incumplimiento de contrato tipificado por el art. 222 del Código Penal condenándolo a cumplir la pena de dos años de reclusión en el Penal de Readaptación Productiva de Cantumarca y en aplicación de lo previsto por el art. 368 del Código de Procedimiento Penal se le concedió perdón judicial. Y declaró a Trifón Aviles Gómez autor de la comisión del delito de incumplimiento de deberes tipificado por el art. 154 del Código Penal condenándolo a cumplir la pena privativa de libertad de un año en el Penal de Readaptación de Cantumarca, y en aplicación del art. 368 de la ley adjetiva penal se lo benefició con el perdón judicial. Además de absolverlo de culpa y pena de la comisión del delito de falsedad ideológica previsto por el art. 199 del Código Penal.

Sentencia que fue impugnada por el Ministerio Público, el acusador particular y el procesado Leonardo Nina Cejas; recursos que fueron resueltos por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí por Auto de Vista Nro. 31/ 2012 de 20 de septiembre de 2012 (fs. 268 a 271), declarando procedente en parte las apelaciones restringidas tanto del Ministerio Público como del querellante por lo que confirma parcialmente la Sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia y con la facultad prevista por el art. 414 del Código de Procedimiento Penal, rectifica la pena de reclusión contra el imputado Leonardo Nina Cejas condenándolo a la pena de tres años en el Centro de Readaptación Productiva de Santo Domingo de Cantumarca por el delito de incumplimiento de contrato previsto por el art. 222 del Código Penal, disponiendo la aplicación de lo establecido por el art. 366 del Código de Procedimiento Penal una vez cumplido los requisitos.

Contra el mencionado Auto de Vista el procesado Leonardo Nina Cejas interpuso recurso de casación (fs. 277 a 278) alegando:

a) Que el Auto de Vista vulnera normas al aumentarle la pena de dos a tres años de privación de libertad, sin contemplar que de acuerdo a las nuevas corrientes doctrinales y jurisprudenciales se debe dar lugar al principio de proporcionalidad, más aún cuando el representante del Ministerio Público y el acusador particular no han logrado probar sus acusaciones, asimismo la resolución no tiene congruencia, ni la fundamentación pertinente tal cual dispone el art. 124 del Código de Procedimiento Penal.

b) Que el Tribunal de Alzada está en la obligación de velar por el correcto desenvolvimiento de la justicia sobre la forma de aplicar las normas y que estas se lleven a cabo sin vicios de nulidad, sin embargo los de Alzada dejan pasar por alto cuando se hace la apelación sobre la nulidad de la Sentencia dictado por el Tribunal de Sentencia, ya que su apelación es observada y piden sea subsanada en el plazo de tres días, cuando lo que se pidió era que se "fije audiencia pública y no para fundamentar en forma oral", lo cual no sucedió dejándolo en indefensión; mas aún si admiten la apelación de la parte acusadora y le llegan a aumentar un año más de Sentencia, siendo que en la prueba de cargo referentes a las declaraciones testifícales existen bastantes contradicciones, por lo que el Auto de Vista ha vulnerado el debido proceso al tratar de justificar lo injustificable por lo que se debe redimir los actos que no están enmarcados en la norma procesal conforme prevé el art. 15 de la LOJ (textual) debiendo revisarse los actos de los inferiores inclusive de oficio, correspondiendo anular obrados.

c) Que si bien dentro la nueva corriente penal, no existe la valorización de la prueba en doble instancia, sin embargo se debe observar lo dispuesto por el art 370 en sus incs. 4) y 6) de la ley adjetiva penal, respecto a que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, o que se basa en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura, sin embargo en la apreciación del Tribunal de Alzada no se ha tomado en cuenta y mucho menos se han valorado las pruebas que son las mismas declaraciones de los testigos de cargo y de descargo, no siendo justo que se dicte Sentencia sin que exista prueba legal, es así que el Tribunal de Apelación convalida un acto inexistente dejándolo en total indefensión al observar su apelación restringida sin fundamentar la providencia y sobre la base de esos actos dicta Sentencia condenatoria aumentándole un año más de privación de libertad vulnerando el debido proceso.

d) Que la Sentencia apelada como el Auto de Vista impugnado no han valorado correctamente lo estipulado por los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal que establecen claramente las atenuantes, los mismos que se encuentran sustentados en los Autos Supremos Nros. 443 de 11 de octubre de 2006 y 99 de 24 de marzo de 2005, y hace referencia a la Sentencia Constitucional Nro. 0034/2006 de fecha 10 de mayo.