AS/0347/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0347/2025

Fecha: 23 de abril de 2025

Expediente: O-4-25-S

Partes: Genoveva Espinoza Vega c/ Alejandro Francisco, María de Val, Daniel Edmundo y Enrique Fernando todos Urquidi Daza, Amparo Prudencio Vda. de Urquidi y Gloria Urquidi Luksich Vda. de Valenzuela.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 685 a 687 vta., interpuesto por Alejandro Francisco, María de Val, Daniel Edmundo y Enrique Fernando todos Urquidi Daza, Amparo Prudencio Vda. de Urquidi y Gloria Urquidi Luksich Vda. de Valenzuela contra el Auto de Vista Nº 630/2024, de 18 de diciembre, corriente de fs. 679 a 683 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de usucapión seguido por Genoveva Espinoza Vega contra los recurrentes; la contestación de fs. 691 a 695; el Auto de concesión de 15 de enero de 2025, visible a fs. 696; el Auto Supremo de admisión N° 072/2025-RA, de 04 de febrero, obrante de fs. 702 a 703 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Genoveva Espinoza Vega, por memorial de demanda que discurre de fs. 107 a 111, subsanado por escritos a fs. 118, 125, 128 a 129, 159 y vta., 184, 191, 195 y 201, promovió el proceso ordinario de usucapión contra Alejandro Francisco, María de Val, Daniel Edmundo y Enrique Fernando todos Urquidi Daza, Amparo Prudencio Vda. de Urquidi y Gloria Urquidi Luksich Vda. de Valenzuela, quienes una vez citados, mediante escritos que discurren de fs. 270 a 274 vta., aclarados de fs. 278 a 279, 287, 299, 304, 418 y vta., 422, 427, 431, 442, 445, contestaron de manera negativa a la demanda y reconvinieron por reivindicación de bien inmueble; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 118/2024, de 17 de octubre, que cursa de fs. 643 a 657 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 12° de la ciudad de Oruro, declaró PROBADA la demanda de usucapión, e IMPROBADA la demanda de reivindicación, disponiendo el reconocimiento del derecho de propiedad por usucapión en favor de Genoveva Espinoza Vega, en ejecución de Sentencia se franquee la minuta de propiedad y se registre el derecho propietario en la oficina de Derechos Reales, sin costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Alejandro Francisco, María de Val, Daniel Edmundo y Enrique Fernando todos Urquidi Daza, Amparo Prudencio Vda. de Urquidi y Gloria Urquidi Luksich Vda. de Valenzuela, según memorial de fs. 659 a 661, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 630/2024, de 18 de diciembre, corriente de fs. 679 a 683 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia impugnada, en base a los siguientes argumentos:

En el caso, si bien la parte demandante conocía que existía otro propietario del bien inmueble; empero, dicho conocimiento no la cataloga como detentadora; y, que haya declarado “yo me agarre el lotecito 2008…” “cuando nos hemos ido agarrar el lote y es Luis Alegría quien nos dio, por eso lo traje”, tampoco demuestra ser detentadora, en condición de inquilina, anticresista, usufructuaria u ocupante o que haya reconocido que tenga la obligación de tener que restituir el bien inmueble a favor de los demandados, tampoco muestra una condición transitoria; al contrario al declarar que: “en el año 2010 firmamos documentos privados de los predios en cuestión con el representante de la comunidad Sora, el Sr. Raúl Colquehuanca Choque quien nos mencionó que se declarará heredero y una vez inscrito su derecho propietario en derechos reales se comprometió a transferirnos los predios con la firma de las respectivas minutas, es entonces que recién el año 2018, el señor Raúl Colquehuanca Choque, procedió a extender las minutas correspondientes”. De donde se evidencia que la demandante siempre tuvo la posesión con el animus domini; es decir, tuvo la posesión del bien inmueble para luego tener el título propietario; por lo que no resulta evidente que la demandante se constituya en detentadora; tampoco se advierte algún medio probatorio, que demuestre que la demandante haya reconocido expresamente el derecho propietario de los demandados en calidad de inquilina, anticresista o que la posesión lo haya efectuado en representación de los demandados con título de propietarios, tampoco se advierte un acuerdo transaccional con el propietario, que demuestre que el comienzo de su posesión haya sido como detentadora; en consecuencia, no corresponde analizar alguna inversión o cambio de la tenencia en posesión, al no existir un hecho o acto contundente que revista carácter ostensible e inequívoco de detentadora.

La parte recurrente refiere que, conforme a la solicitud de audiencia cursante a fs. 497 de obrados, se demostraría la calidad de detentadora y la mala fe sobre la posesión el bien inmueble. Al respecto, de la revisión de dicha documental, el contenido de la nota con la referencia de “solicitud de audiencia urgente”, tampoco demuestra que la demandante haya reconocido ser inquilina, o que su posesión fue en representación de los propietarios, al contrario, demuestra que siempre tuvo la intensión de ser propietaria; toda vez que, se hace alusión a un convenio de “transferencia onerosa” a calidad de ser futuros propietarios, tampoco manifestó mala fe, por lo que lo alegado por la parte demandante, no constituye un agravio que tenga que ser reparado; las simples alegaciones, tampoco constituyen prueba idónea. La usucapión se consolida por el transcurso del tiempo (10 años) y la parte apelante, al no haber efectuado algún acto de reivindicación o un acto de recobrar la posesión contra la hoy demandante dentro de dicho plazo, se ha consolidado la usucapión pretendida por la demandante.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Alejandro Francisco, María de Val, Daniel Edmundo y Enrique Fernando todos Urquidi Daza, Amparo Prudencio Vda. de Urquidi y Gloria Urquidi Luksich Vda. de Valenzuela, mediante memorial de fs. 685 a 687 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) El Auto de Vista N° 630/2024 de 18 de diciembre, incurrió en omisión valorativa toda vez que no evaluo todos los medios de prueba presentados en la demanda reconvencional, como son la minuta de transferencia de lote de terreno suscrita el 20 de junio de 2018 entre Raúl Colquehunaca Choque y Genoveva Espinoza Vega, así como el Informe de la Dirección Tributaria y Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro de 26 de agosto de 2024, documentos que prueban que la demandante actuó de mala fe e ingresó al inmueble en calidad de detentadora.

b) Incurrió en incorrecta aplicación de los arts. 89 y 138 del Código Civil porque, si bien se encuentra ocupando la demandante el bien inmueble por más de diez años; sin embargo, ese ejercicio físico lo realiza como detentadora.

Fundamentos por los cuales, solicita se case el Auto de Vista Nº 630/2024, de 18 de diciembre.

2. Contestación al recurso de casación:

Genoveva Espinoza Vega, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 691 a 695, solicitando en lo principal que:

Los argumentos expuestos en el recurso de casación son los mismos fundamentos de la apelación, que ya fueron resueltos por el Tribunal de alzada, por lo que no señala cuales son los hechos y derechos infringidos, violados o aplicados indebidamente o erróneamente interpretados por el Auto de Vista impugnado.

El Auto de Vista resolvió de manera objetiva, fundamentada, razonada y congruente los argumentos de apelación; al margen, lo medios probatorios mencionados fueron renunciados en la audiencia preliminar y aceptados por la parte ahora recurrente de casación, por lo que no existe agravio alguno referido en el Auto de Vista.

Los adversos, no hacen referencia donde y cuál el título que le hace precarista o detentadora o a quien tiene que devolver el predio en cuestión, o cual el título vencido donde indique la restitución a su propietario, siendo el aspecto totalmente subjetivo, más al contrario su persona ingreso al predio con la intención de adquirir el derecho real, y, su posesión desde el 2008 siempre fue como dueño o titular del lote 16, manzano 104 de la Urbanización Ampliación San Isidro Sin Techo (sector Pumas Andinos).

Por lo referido, solicitaron se declare infundado el recurso de casación, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Requisitos de la usucapión decenal.

El Auto Supremo Nº 735/2023, de 02 de agosto, haciendo referencia al Auto Supremo N° 142/2015 de 06 de marzo, expresó: “De inicio corresponde señalar que el art. 138 del Código Civil refiere que la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años’. Respecto a lo anterior la doctrina y la jurisprudencia se encargaron de establecer en primer lugar qué debe entenderse por posesión y esta debe reunir, es decir el ánimus y el corpus, y en segundo lugar los caracteres o requisitos que debe reunir la posesión para que ésta sea útil a efectos de lograr la usucapión, en ese sentido, de una interpretación lógica y sistemática de las normas contenidas en los arts. 135 y 137 del Código Civil, se desprende que la posesión útil para fundar la usucapión debe ser: continua e ininterrumpida, pública, y pacífica.

Con relación a los requisitos o caracteres mencionados debemos referir que éste Tribunal Supremo mediante línea jurisprudencial consolidada en sus diferentes Autos Supremos, ha razonado que:

1) La posesión continua, supone que la misma ha sido ejercida de manera sucesiva y permanente; en sentido contrario la discontinuidad conlleva la suspensión, interrupción o pérdida de la posesión.

En relación a lo anterior, Planiol, citado en la obra ‘Tratado de Los Derechos Reales’ de Arturo Alessandri R. y otros, hace referencia a dos tipos de interrupción de la prescripción: 1) La interrupción natural de la prescripción, que está ligada a la pérdida o interrupción material de la posesión y en los casos en que dicha pérdida genera efectos interruptivos de la prescripción. 2) La interrupción civil de la prescripción, que está relacionada a la actividad desplegada del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad y expresa, ante el poseedor y por medios legales, su inequívoca intención de no abandonar el derecho de propiedad que afirma tener, oponiéndose a la posesión de aquél.

No obstante, para que opere la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, quien considere tener derecho de dominio sobre el bien debe accionar judicialmente sobre el poseedor, a efectos de hacer valer respecto a él el derecho que pretende, oponiéndose a la posesión que aquel ejerce. El art. 1503 del Código Civil expresa que: ‘I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente’. Cuando la norma alude al término demanda, debemos entender que en un sentido amplio hace referencia a todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad de mantener vivo su derecho, es decir que de manera inequívoca demuestren la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho. Resultando que para que ese acto sea efectivo se requiere que el mismo: 1) debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer su derecho de propiedad deduciendo oposición a la posesión del poseedor; y 3) debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba.

Establecidos esos aspectos generales, corresponde precisar que, no toda acción o controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva, sino sólo aquellas que conlleven los tres requisitos enunciados, y siempre que a través de aquella se demuestre de manera inequívoca la intención de oponerse a la posesión, pues, pueden existir múltiples pretensiones relativas a otros aspectos que si bien evidencian religiosidad entre partes, empero no interrumpen la posesión, toda vez que para que esto suceda la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar la posesión.

2) La posesión pública, en términos generales es aquella que se ejerce frente a la sociedad, es decir, aquella en la que los actos del poseedor se realizan de forma no clandestina u oculta, que por el contrario el corpus y el animus se manifiestan públicamente.

La posesión clandestina es aquella que se opone a la posesión pública. En otras palabras, es clandestina la posesión que se ejerce ocultándola a quienes tienen derecho para oponerse a ella. No es necesario que se oculte a todos, basta con que se oculte a la persona que tiene derecho a oponerse a ella. La clandestinidad es un vicio de carácter temporal, porque este vicio cesa desde que el poseedor deja de ocultarla a las personas que tienen derecho a oponerse a ella.

3) Sobre la posesión pacífica o no violenta, entendida por la doctrina como aquella que está exenta de violencia física y moral. Este requisito implica que no haya mediado violencia para adquirirla o mantenerla, significa que el poder de hecho ejercido sobre la cosa no se mantenga por la fuerza o violencia. La pacífica posesión equivale al mantenimiento de la posesión sin necesidad del uso de una violencia indebida durante todo el tiempo invocado para efectos de la prescripción. Por tanto, aun habiendo sido obtenida violentamente (violencia inicial), pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia. En ese sentido se expresa el art. 135 del Código Civil; de lo que se trata es que el derecho no puede admitir un estado de hecho violento sobre el cual se pretenda fundar un derecho.

En ese marco, como sostiene el Autor peruano Moisés Arata Solís, este requisito debe entenderse dentro de ciertos límites, pues su aplicación extensiva implicaría que nadie pueda ganar la propiedad por usucapión, si es que antes no ha adquirido la posesión por medio de una entrega voluntaria.

Por otro lado, si la posesión pacífica fuese aquella que no lesiona la situación jurídica de otra persona, entonces la usucapión no tendría objeto. Por la misma razón, la posesión pacífica no significa que ésta sea incontrovertida, ya que este requisito no se encuentra previsto en la norma. En otras palabras, las discusiones que se susciten en relación a la titularidad de la propiedad, por ejemplo, no alteran el hecho pacífico de la posesión, incluso una acción reivindicatoria o cualquier otra acción de tutela de la posesión, lo que logran es interrumpir la usucapión, pero no eliminan la posesión pacífica ni la tornan violenta. Pacífica posesión no es sinónimo de no controversia, como erradamente se entiende, puede controvertirse sobre la validez de títulos, sobre el derecho de propiedad o incluso sobre la posesión misma y ello no significa que la posesión sea considerada violenta o no pacífica porque, como se señaló la pacífica posesión es aquella que se mantiene en ausencia de violencia, aspecto que así se entiende de manera uniforme por la doctrina especializada”.

III.2. De la usucapión como modo de adquirir la propiedad y la posesión como elemento principal de la usucapión.

El Auto Supremo N° 399/2020, de 30 de septiembre, expresó: “El Código Civil en el art. 138 respecto a la usucapión decenal o extraordinaria señala: ‘La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años.’

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