AS/0348/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0348/2025

Fecha: 23 de abril de 2025

Expediente: O-6-25-S

Partes: Saúl Josué Aguilar Torrico c/ Vilma Noemí Guzmán Delgado.

Proceso: Resolución de contrato por incumplimiento.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 451 a 456, presentado vía Buzón Judicial por Vilma Noemí Guzmán Delgado contra el Auto de Vista N° 620/2024 de 18 de diciembre, corriente de fs. 442 a 447 vta.; pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato por incumplimiento, seguido por Saúl Josué Aguilar Torrico contra la recurrente; el Auto de concesión de 28 de enero de 2025, visible a fs. 459; Auto Supremo de admisión Nº 095/2025-RA de 11 de febrero, cursante de fs. 465 a 466 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Saúl Josué Aguilar Torrico, por memorial de demanda que discurre de fs. 31 a 33 vta., subsanado de fs. 38 a 41, promovió el proceso ordinario de resolución de contrato por incumplimiento, contra Vilma Noemí Guzmán Delgado, quien una vez citada, según escritos visibles de fs. 132 a 144 vta., contestó de manera negativa e interpuso las excepciones previas de demanda defectuosa, prescripción y en vía reconvencional dedujo demanda de resolución de contrato de venta por falta de pago y resarcimiento de daños y perjuicios, mismas que fueron consideradas por Auto interlocutorio de 14 de noviembre de 2023, visible de fs. 145 a 147, declarándolas no ha lugar; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 17/2024 de 17 de julio, que cursa de fs. 405 a 416, en la que la Juez Público Civil y Comercial 13° de la ciudad de Oruro, declaró PROBADA la demanda de resolución de contrato, disponiendo resuelto judicialmente y sin efecto el documento privado de promesa de venta de bien inmueble suscrito entre Saúl Josué Aguilar Torrico y Vilma Noemí Guzmán Delgado de 05 de septiembre de 2018, que la parte demandada Vilma Noemí Guzmán Delgado deberá restituir al demandante la suma de $us. 20.000 (Veinte Mil 00/100 Dólares Americanos), como producto del contrato de promesa de venta de bien inmueble más el interés de 6% anual actualizado hasta el momento en que se hace el pago del capital y se condena con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Vilma Noemí Guzmán Delgado según escritos de fs. 420 a 426, originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 620/2024 de 18 de diciembre, corriente de fs. 442 a 447 vta., donde se CONFIRMÓ la sentencia apelada y modulando los daños y perjuicios que deben calcularse a partir de la citación con la demanda, hasta la fecha de la restitución del saldo de $us. 20.000, con costos y costas procesales a la apelante, en base a los siguientes argumentos:

La parte demandada apela refiriendo que, no corresponde el pago de daños y perjuicios, porque los mismos no hubieran sido demostrados conforme se tiene de los fundamentos de la Sentencia; asimismo argumenta que, la imposibilidad del cumplimiento de entregar la totalidad del bien objeto de transferencia conllevaría un hecho sobreviniente no previsto, a lo cual se debe sumar la demora en el registro del derecho propietario adjudicado por la apelante del bien señalado, esto a consecuencia de la recarga judicial del Juzgado Público Civil y Comercial 8º de Oruro.

Frente a lo expuesto el Tribunal de alzada advierte que, el concepto de hecho sobreviniente aludido por la demandada simplemente la libera de su obligación contraída, empero frente a la viabilidad de los daños y perjuicios pretendidos si bien sobre ambas concepciones no se tiene prueba en el caso de autos, no es lo mismo hablar de obligaciones dinerarias donde no es necesario demostrar perjuicio alguno debiendo operar la consecuencia jurídica prevista por los arts. 347 y 414 del Código Civil respecto a los $us. 20.000 debidos al demandante por consecuencia de la resolución contractual declarada probada en Sentencia, empero desde la citación con la demanda conforme lo prevé el art. 118 num. 3 del Código Procesal Civil.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Vilma Noemí Guzmán Delgado según escritos visibles de fs. 451 a 456, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

De forma.

a) El Auto de Vista tuviere una deficiente fundamentación y adolecería de incongruencia al referir que, los daños y perjuicios son viables ante su comprobación empero de forma contradictoria aplica la consecuencia jurídica del art. 347 del Código Civil.

De fondo.

b) Se acusaría una aplicación indebida de los arts. 347 y 414 del Código Civil, pese afirmarse por los de instancia que, no se tuvieran probados los daños demandados y frente a ello se debería asimilar la perspectiva de los arts. 339 y 351 del citado sustantivo de la materia.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó casar el Auto de Vista y por consiguiente revocar parcialmente la Sentencia.

2. Contestación al recurso de casación:

Pese a su legal notificación la parte demandante con el recurso de casación, con la diligencia visible a fs. 458, no contestó al referido recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R, de 04 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (...), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria”.

Al respecto la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R, de 9 de noviembre también estableció: “la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.

En ese mismo entendido, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012, de 22 de agosto, se ha señalado que: “la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados (…); en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0075/2016-S3, de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Con relación al tema en cuestión, el Auto Supremo Nº 581/2018, de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico”.

III.2. De la incongruencia omisiva.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria que, en el caso de la apelación encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo tantum devolutum quantum appellatum (es devuelto cuanto se apela), estableciéndose el límite formal de la apelación en la medida de los agravios argumentados; en ese entendido, este Tribunal a momento de realizar el análisis de los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Ad quem, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma cómo es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis de esta sede de casación se limita en contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión.

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Texto del fallo

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