Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 367/2020-RRC
Sucre, 28 de julio 2020
Expediente : Chuquisaca 04/2020
Parte Acusadora : Ministerio Público y otra
Parte Imputada : Germán Torres Ugarte
Delitos : Violación
Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa
RESULTANDO
Por memorial presentado el 17 de enero de 2020, Germán Torres Ugarte, de fs. 526 a 541 vta., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 2/2020 de 8 de enero, de fs. 520 a 521 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).
I. DEL RECURSO DE CASACIÓN
I.1. Antecedentes.
Por Sentencia 14/2018 de 23 de noviembre (fs. 347 a 356 vta.), el Tribunal de Sentencia Primero de las provincias Tomina, Belisario Boeto, Zudáñez, Azurduy y Yamparáez del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Germán Torres Ugarte, autor y culpable de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince años de presidio.
Contra la mencionada Sentencia, el acusado Germán Torres Ugarte, formuló recurso de apelación restringida (fs. 380 a 389), que previo memorial de subsanación (fs. 503 a 509), fue resuelto por Auto de Vista 2/2020 de 8 de enero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que rechazó por inadmisible el recurso planteado.
I.1.1. Motivo del recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 150/2020-RA de 6 de febrero, se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Acusa defecto absoluto por violación del principio de tutela judicial efectiva, garantía del debido proceso, precautelados por los arts. 115 y 117 de la CPE, por falta de resolución y pronunciamiento sobre el tercer motivo de su recurso de apelación restringida que estuviere referido a la denuncia de que la Sentencia se basó en hechos no acreditados en juicio oral conforme el art. 370 inc. 6) del CPP, sin tener en cuenta que el Auto de Vista debe circunscribirse a resolver de manera puntual y expresamente cada motivo y los argumentos cuestionados en la Sentencia, no pudiendo por meras formalidades como se lo hizo “no inicia la aplicación que se pretende de cada una de ellas”, rehuirá ingresar a resolver el fondo de lo cuestionado. Al respecto, hace referencia la cita y análisis de las pruebas MP-1, MP-3, MP-4 y MP-11.
Por los aspectos mencionados, señala que la declaratoria de inadmisibilidad dispuesta por el Auto de Vista por el hecho de no haber solicitado la aplicación que se pretende respecto de cada una de ellas resulta ilegal, por el excesivo rigorismo siendo que incluso el mismo Tribunal de alzada hubiera afirmado que se cumplió con señalar las normas procedimentales vulneradas o inobservadas desechando el tercer motivo de su recurso de apelación restringida con argumentos intrascendentes como “no indicar la aplicación pretendida respecto de cada una de ellas”; esta forma de resolución se hubiera convertido la más común para evitar ingresar a resolver el fondo de la cuestión planteada, incurriendo en vulneración de los arts. 180 de la CPE, 416, 417 y 394 del CPP, refiriendo que no se le puede impedir la aplicación de la garantía del principio de la impugnación en procesos judiciales; asimismo, refiere que no se consideró que su tercer motivo de apelación restringida se encontraba debidamente fundamentado, explicando los motivos sobre la aplicación de los arts. 370 inc. 6) y 342 del CPP, con relación al art. 308 del CP, además de referir la aplicación que se pretende, siendo esta el reenvío del proceso para la realización de nuevo juicio, motivo de apelación donde se hubiera citado el efecto que se pretendía sobre las normas supuestamente violadas; siendo que la misma resolución impugnada reconocía la cita de las normas infringidas o erróneamente aplicadas en observancia de los arts. 407 y 408 del CPP; sin embargo de ello, declara la inadmisibilidad de este motivo porque no se hubieran subsanado las observaciones realizadas.
Por lo señalado, refiere que el argumento del Auto de Vista no se da pie para declarar la inadmisibilidad del recurso, pues por el principio iura novit curia se entiende que el juez conoce la ley y no está sujeto al efecto que soliciten las partes o la aplicación que pretenda, sino será el juez quien viendo la gravedad del derecho o la garantía lesionada puede o no otorgar el efecto que pretenda el recurrente o finalmente dar a conocer el recurso con un efecto diferente y no utilizar algunos fundamentos para no ingresar a resolver los argumentos de fondo que se plantean en el recurso de apelación restringida, en vulneración de los arts. 115 y 180 de la CPE, debido al exceso de rigorismo y formalismos, lo cual en criterio del recurrente constituye un defecto absoluto que vulnera su derecho de acceso a la justicia en sus elementos del derecho de la impugnación de los fallos y a la tutela judicial efectiva.
I.1.2. Petitorio.
El recurrente solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se ordene la emisión de una nueva Resolución.
I.2. Admisión del recurso.
Mediante Auto Supremo 150/2020-RA de 6 de febrero, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Germán Torres Ugarte, sólo para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente por flexibilización.
II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO
De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, como actuaciones vinculadas a resolver el fondo de la problemática planteada se establecen los siguientes:
II.1. Del recurso de apelación restringida.
El recurrente presentó su recurso de apelación restringida denunciando entre otros los siguientes extremos:
Denunció la falta de fundamentación de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, cuestionando el acápite de la valoración integral de las pruebas y los hechos probados, considerándolas como una narración al momento de emitir las respectivas conclusiones. En relación a la conclusión Nº 1, cuestionó las atestaciones de Guillermina Barja y Manuel Muñoz Villarpando, en la que se hubiera valorado como testigos directos del hecho, pero se extrajo parcialmente algunos detalles de las declaraciones y no de forma integral como la cuestión de que el imputado fuese enamorado de la víctima; además, hizo referencia a otros aspectos que Manuel Muñoz hubiera relatado en audiencia de juicio oral, situación que considera quebrantamiento al principio de imparcialidad y bloque de constitucionalidad, cuestionó también la fecha del hecho, como también el certificado forense donde constaría que se trataría de una data antigua, situación por la que considera que existió una apreciación subjetiva. Conclusión segunda, en la que señaló que no se tendría certeza el día de los hechos conforme a las documentales MP1, MP3, MP4 y MP11, reiterando la situación de que eran enamorados, también cuestionó el anticipo de prueba, como la intervención de la psicóloga en la cámara gessel, por lo que se hubiera cometido una serie de vulneración al debido proceso. Conclusión tercera, donde nuevamente sostuvo que no se hubiera demostrado la fecha exacta de la comisión del delito e hizo referencia al rechazo de la recalificación del tipo penal de Violación a la de Estupro, pues a su criterio conforme a su criterio conforme su declaración de la víctima se comprobó su respectiva edad y la relación de enamoramiento. Conclusión cuarta, donde observó la declaración del menor Gonzalo Muñoz, pues no fuera testigo presencial de los hechos, también la pregunta desatinada del Tribunal de juicio en la que le preguntaron si la víctima hubiera sido violada por el imputado, añadiendo que se provocó revictimización. Conclusión quinta, donde sostuvo que no se negó el acceso carnal entre el imputado y la víctima, así como no se valoró la declaración de la menor al referir que eran enamorados. Finalmente, sostuvo la inadecuada valoración probatoria, al no valorarse de forma integral los elementos probatorios, como cuestionó la indebida fundamentación jurídica de la Sentencia por existir contradicción en las respectivas conclusiones y la vulneración del art. 173 del CPP.
El recurrente acusó el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, señalando que bajo el subtítulo fundamentación probatoria de la Sentencia, se realizó una descripción de la prueba testifical sin que se haya otorgado una valoración integral, cuestionando diferentes declaraciones testificales como de Guillermina Barja Mamani, quien refirió que hubiera ingresado a la habitación y el imputado hubiera intentado arreglar, situación que no fue respaldada con elementos probatorios, pero se confirió todo el valor probatorio. La atestación de Manuel Muñoz, quien hizo una relación de hechos sobre su participación pero se omitió considerar el enamoramiento del imputado con la víctima. La declaración de Roberta Barja, quien hubiera declarado sobre el supuesto noviazgo entre la víctima y el imputado sin que merezca un análisis al momento de verificar la calificación del tipo penal. También hizo referencia a la declaración de Andrés Torres, quien señaló que eran pareja la víctima y el imputado e inclusive les reflexionó que no enamoraran por tener pareja el acusado. Hizo referencia además a la atestación de Ricardo Torres, quien también aludió que los mismos eran pareja; asimismo, luego de cuestionar las diferentes declaraciones testificales, sostuvo que el Tribunal de juicio no realizó una valoración integral de toda la prueba testifical producida sino de sola una parte. Además, en relación de la prueba documental se aludió que tienen todo un valor legal y que sería considerada por el Tribunal en la valoración integral de pruebas (PDD2, PDD5, PDD7, PDD8, PDD9, MP1, MP2, MP3, MP8, MP11), pero no fueron consideradas en las conclusiones de la Sentencia, lo que derivó en defectuosa valoración probatoria, tampoco ponderó qué declaraciones acreditarían la participación en el respectivo delito, en infracción a la sana crítica contenido en los arts. 171 y 173 del CPP. Finalmente, sostuvo como aplicación pretendida la aplicación del art. 413 del CPP, ante la inexistencia de pruebas que acreditaran la comisión del delito acusado, que fue realizado en base a presunciones y que no se otorgó valor a las pruebas de cargo.
II.2. Del memorial a la subsanación al recurso de apelación restringida.
Mediante Auto de 22 de febrero de 2019, conforme fs. 501, el Tribunal de alzada sostuvo “con relación al primer y segundo motivo del recurso, si bien el recurrente señala las normas que considera erróneamente aplicadas, no indica la aplicación que se pretende de cada una de ellas, no siendo lo mismo la forma de resolución que procura del Tribunal de alzada. Asimismo, en ambos motivos, no fundamenta qué reglas de la sana crítica hubiera infringido el inferior, ni en qué parte de la resolución se evidenciare aquello, toda vez que acusa defectuosa valoración probatoria, requisitos para aperturar el control de legalidad”
Ahora bien, conforme a la problemática planteada y delimitada en el Auto de Admisión, el recurrente presentó su memorial de subsanación acorde a los siguientes argumentos:
Denunció el agravio previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, aludiendo una falta de fundamentación de la Sentencia, considerándolas como una narración al momento de emitir las respectivas conclusiones, añadiendo la importancia de la motivación mediante citas jurisprudenciales, además aludió que dicho requisito resulta un presupuesto esencial y que la valoración objetiva probatoria no fuera una mera relación de hechos acorde al art. 173 del CPP, situación que fuese considerado un defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, respecto a la aplicación que se pretende sostuvo la aplicación del art. 413 del CPP, en sentido de dejar sin efecto la Sentencia.
Acusó defecto absoluto acorde al art. 169 inc. 3) del CPP, refiriendo la corrección de oficio y citando diferentes citas doctrinales, añadiendo la violación del debido proceso, la presunción de inocencia de legalidad y la vulneración del derecho de la motivación de la Sentencia, respecto a la aplicación pretendida, sostuvo que se reponga el juicio ante un Tribunal llamado por ley, por haberse condenado por la existencia de pruebas, en base a presunciones, anticipo de prueba y vulneración al principio de legalidad.
En relación a la defectuosa valoración probatoria, el recurrente sostuvo una conceptualización de la sana crítica, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, luego refirió que conforme la Sentencia no se tuvo una apreciación de todos y cada uno de los elementos probatorios, violentando la presunción de inocencia, que se les obligó a que se les declare culpable, que la Sentencia no tomó en cuenta las reglas de interpretación en relación a cada partícipe, ni una adecuada valoración de la declaración de testigos, menos la ocupación, grado de instrucción, edad y otras circunstancias, como el estado mental. Asimismo, en cuanto a la aplicación que se pretende, señaló que tratándose de un defecto absoluto por vulneración del art. 124 del CPP, al no poder ser reparado directamente, dado la prohibición de revalorización, corresponde la aplicación del art. 413 del CPP, disponiendo la nulidad de la Sentencia y el reenvío de la causa.
II.3. Del Auto de Vista impugnado.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró inadmisible el recurso de apelación restringida del recurrente, bajo los siguientes argumentos:
El Tribunal de alzada refirió que si bien el recurrente presentó memorial de subsanación dentro de los tres días hábiles otorgados, sin embargo sostuvo que las observaciones formales efectuadas al recurso no fueron subsanadas por el apelante, pues en relación a los dos motivos del recurso se hubiera limitado a transcribir doctrina y jurisprudencia, además incluyó un tercer motivo, que en su momento se hizo notar que no era posible; sin embargo, no centró su atención en la aplicación pretendida de las normas que consideraba vulneradas o erróneamente interpretadas por el A quo, y la aplicación pretendida de cada una de ellas, confundiendo con la forma de resolución que procura del Tribunal de alzada utilizando el art. 413 del CPP.
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