AS/0371/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0371/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: 0-8-25-S

Partes: Paola Sanabria Zapata c/ Sandro Rene Siles Romero y Boris Lutran

Sajama Álvarez.

Proceso: Resarcimiento de daño.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 468 a 470 vta., interpuesto vía Buzón Judicial por Paola Sanabria Zapata, contra el Auto de Vista N° 583/2024 de 25 de noviembre, corriente de fs. 452 a 460, emitido por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de resarcimiento de daño seguido por la recurrente contra Sandro Rene Siles Romero y Boris Lutran Sajama Álvarez; el Auto de concesión N° 11/2025, de 28 de enero, visible a fs. 473 y vta., el Auto Supremo de admisión N° 103/2025-RA, de 12 de febrero, obrante de fs. 477 a 478 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Paola Sanabria Zapata por memorial de demanda que discurre de fs. 16 a 17 vta., subsanado a fs. 48, promovió el proceso ordinario de resarcimiento de daño contra Sandro Rene Siles Romero, sin embargo, ante el apersonamiento de Boris Lutran Sajama Álvarez por escrito de fs. 170 a 171 vta., resuelto por Auto de 18 de julio de 2024 de fs. 192 vta., a 194 se integra al mismo en calidad de litisconsorcio pasivo, quienes una vez citados por edictos visibles de fs. 135 a 137 y 301 a 302, no apersonarse dentro el termino dispuesto por ley, se le designa defensora de oficio, la cual se apersonó por escrito a fs. 339 y vta., desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 86/2024, de 12 de agosto, visible de fs. 406 a 414 vta., en la que la Juez Público Civil Comercial Sexto de la ciudad de Oruro declaró SIN LUGAR e IMPROBADA la pretensión contenida en la demanda.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Paola Sanabria Zapata mediante memorial de fs. 416 a 418, reiterado por memorial a fs. 434, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 583/2024, de 25 de noviembre, corriente de fs. 452 a 460, por el que CONFIRMÓ la sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

Que, la parte demandante instauró la presente causa contra Sandro Rene Siles Romero quien se encuentra registrado como propietario del vehículo que le hubiera ocasionado el daño civil, teniendo conocimiento que quien protagonizó el hecho de tránsito fuera a Boris Lutran Sajama Álvarez, conforme el proceso penal que declaró su responsabilidad.

Que, por documentales de fs. 160 a 169 de obrados, Boris Lutran Sajama Álvarez, reconoce que conducía el vehículo que ocasionó los daños a la parte víctima, solicitando someterse a proceso abreviado; por lo que, llegan a presumir que sería poseedor propietario de referido motorizado, no alcanzándole la teoría de la responsabilidad civil objetiva a Sandro Rene Siles Romero, al no existir un vínculo de dependencia entre ambos.

Que, no se puede declarar la responsabilidad de daños ocasionados por verdad material a Boris Lutran Sajama Álvarez, en consideración a este no fue demandado en la causa y que tampoco se solicitó se le haga responsable en apelación.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Paola Sanabria Zapata según escrito que corre de fs. 468 a 470 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación manifestó:

a) Que, el Auto de Vista emitió su decisión en meras presunciones; toda vez que, no existe documento válido, ni prueba alguna que acredite que el vehículo involucrado sobre los daños ocasionados fuera transferido a Boris Lucran Sajama, desconociéndose la legitimación pasiva de Sandro Siles Romero, quien figura como propietario registrado en el RUAT, lo que vulnera correcta valoración de la prueba al tenor del Auto Supremo N° 142/2015, además de la regulación establecida en los arts. 372 y 137 del Código de Transito sobre la valides de los documentos de transferencia de vehículos.

b) Que, el Tribunal de alzada generó una errónea interpretación del art. 48 del Código Procesal Civil sobre la regulación del litisconsorcio necesario; puesto que, estando integrado a la causa Boris Lutran Sajama como litisconsorcio pasivo emplazado legalmente con la demanda y al acreditarse su responsabilidad sobre el daño ocasionado, era viable su vinculación con la Sentencia; por lo que, al no determinarse su responsabilidad, se hubiera conculcado el principio de congruencia, además de una errónea valoración de la prueba al tenor de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0913/2016-S2.

c) Que, la Resolución de segunda instancia, conculcó el principio de verdad material, toda vez que afirma que quien ha ocasionado el daño es Boris Lutran Sajama, empero contradictoriamente no permite que contra este recaiga la sentencia.

d) Que, el Tribunal de Segunda Instancia, vulneró su derecho al debido proceso contemplado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, en consideración a que su fallo se fundamenta en simples presunciones, contrarias a las disposiciones legales que rigen la legitimación pasiva y la prueba siendo correcto que se demande al titular registral del vehículo que protagonizo el daño; puesto que, no se podría demandar a otro, si bien en el proceso penal se determinó al autor del hecho, esto fue después de presentada la demanda en la vía civil, motivo por el que se determinó su incorporación al proceso, ya que no se podría demandar a presuntos autores del hecho de tránsito sin afectar el principio de inocencia establecido en el art. 116 de la Constitución Política del Estado; por lo que, la Sentencia debió recaer sobre Boris Lutran Sajama en virtud de su derecho a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones siendo absurdo ordenar que los daños se determinen en la vía incidental en el proceso penal o que se instaure otra causa con el mismo fin, además de no considerarse la responsabilidad civil objetiva establecida en el Auto Supremo N° 645/2017, de 19 de junio; por la que se determina la vinculación del propietario del vehículo y el conductor.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

Habiéndose corrido en traslado a la parte demandada con el recurso de casación interpuesto por Paola Sanabria Zapata, conforme diligencia de fs. 472 y vta., se acredita que no existe respuesta al referido recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. El principio de verdad material.

Para ingresar al análisis integral del principio de verdad material, previamente es primordial conocer el origen constitucional del mismo, siendo así el art. 180 de la norma suprema que establece: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.”, principio que va acorde a uno de los valores primordiales y constitucionalizados de nuestro Sistema de Administración de Justicia, siendo este el valor “justicia”, considerado como uno de los pilares que sustenta al Estado Plurinacional de Bolivia, regido a través del art. 8.II de la Constitución Política del Estado, de lo expuesto la Sentencia Constitucional N° 0897/2011, señalo: “…la justicia material (…).

…plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de ‘verdad material’, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.”. (Las negrillas y subrayado nos pertenecen).

En el mismo sentido la Sentencia Constitucional N° 0548/2007-R, reiterada por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2029/2010-R, sostuvo que es: “…una vivificación del valor superior ‘justicia’ la obligación, en la tarea de administrar justicia, de procurar la realización de la ‘justicia material’, como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia…". (Las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

Por último, el Auto Supremo Nº 249/2019, de 08 de marzo, respecto al referido principio de verdad material estableció: “Conforme el principio de verdad material u objetiva, la función jurisdiccional desarrollada y aplicada con plenitud, va mucho más allá de la verdad formal que subyace en la mera formalidad de la norma jurídica en la cual el Juez se constituye en un simple espectador de los acontecimientos que se suscitan en el proceso que lejos de contribuir, obstruye el efectivo surgimiento de la verdad del hecho controvertido en detrimento del objetivo primario de las autoridades jurisdiccionales, que debe ser la materialización de la justicia a través de un fallo en el que impere no solo la correcta aplicación de la norma, sino por sobre todo el logro de la justicia, en ese entendido, el proceso no puede ser conducido en términos puramente formales, sino que debe encaminarse al establecimiento de la denominada verdad jurídica objetiva (real) como esencia de la justicia”. (Las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2. Del principio iura novit curia.

Conforme a la materia debe precisarse que rigen ciertos principios aplicables, los cuales orientan el ámbito de la administración de justicia, entre ellos el principio iura novit curia, principio que según el tratadista Hugo Alsina: “…no significa la obligación de indicar por su nombre técnico la acción que se deduce (editio actionis) ni si quiera la de citar las disposiciones legales en que se funda la pretensión, pues la primera resultará de la exposición de los hechos y lo segundo lo hará el magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el actor (iuria novit curia), de modo que el silencio o el error de éste no tiene ninguna consecuencia jurídica”, asimismo José W. Peyrano señala que el iura novit curia: “…se traduce en la necesaria libertad con que debe contar el sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rijan al caso. Libertad que subsiste aún en la hipótesis de que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones, tesis reiteradamente mentada en el plano jurisdiccional”,

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