AS/0374/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0374/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: CH-10-25-S

Partes: Yolanda Arancibia Calizaya, Weymar Santos Barrancos, Erlinda Villagómez Puma, Porfidio Andrés Llanqui Solís, Eleuterio Mita Mercado y Atiliano Arancibia Villagómez en representación de la Asociación Prestadora de Servicios de Agua Potable Sanitario Yamparaez (APSAY) c/ Deysi Murillo Ortuño, Nelly Calizaya Ortuste, Ana Kama, Zulma Ortuste Gómez, Gladys Yucra Peñaranda, Pánfila Solís de Alanoca, Luisa Alanoca Leaños de Enrriquez y Justo Emiliano Alanoca Leaños.

Proceso: Devolución y restitución de dineros.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1300 a 1307, interpuesto por Buzón Judicial por Yolanda Arancibia Calizaya, Weymar Santos Barrancos, Erlinda Villagómez Puma, Porfidio Andrés Llanqui Solís y Atiliano Arancibia Villagómez contra el Auto de Vista Nº 453/2024, de 26 de noviembre, corriente de fs. 1274 a 1278 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de devolución y restitución de dineros, seguido por los recurrentes y Eleuterio Mita Mercado contra Deysi Murillo Ortuño, Nelly Calizaya Ortuste, Ana Kama, Zulma Ortuste Gómez, Gladys Yucra Peñaranda, Pánfila Solís de Alanoca, Luisa Alanoca Leaños de Enrriquez y Justo Emiliano Alanoca Leaños; el Auto de concesión de 31 de enero de 2025, visible a fs. 1312; el Auto Supremo de admisión N° 094/2025-RA, de 11 de febrero, obrante de fs. 1321 a 1323, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Yolanda Arancibia Calizaya, Weymar Santos Barrancos, Erlinda Villagómez Puma, Porfidio Andrés Llanqui Solís, Eleuterio Mita Mercado y Atiliano Arancibia Villagómez en representación de la Asociación Prestadora de Servicios de Agua Potable Sanitario Yamparaez (APSAY), por memorial de demanda que discurre de fs. 229 a 232 vta., promovió el proceso ordinario de devolución y restitución de dineros contra Deysi Murillo Ortuño, Nelly Calizaya Ortuste, Ana Kama, Zulma Ortuste Gómez, Gladys Yucra Peñaranda, Pánfila Solís de Alanoca, Luisa Alanoca Leaños de Enrriquez y Justo Emiliano Alanoca Leaños, quienes una vez citados, mediante escritos que discurren de fs. 809 a 820 vta., Deysi Murillo Ortuño se apersonó, contestó negativamente y planteó las excepciones de falta de personería y de improponibilidad de la demanda; asimismo, reconviene por la extinción de la obligación por cumplimiento, y por escrito visible de fs. 863 a 868 vta., Zulma Ortuste Gómez se apersonó y respondió de forma negativa a la demanda e interpuso la excepción de incapacidad del demandante o apoderado, posteriormente mediante Auto de 5 de septiembre de 2023 de fs. 1028 a 1029 vta., se declaró probadas las excepciones de impersonería promovida por ambas codemandadas e improbada la excepción de improponibilidad; sin embargo, al haberse impugnado este acto procesal, por Auto de Vista Nº 365/2023 de 20 de noviembre, cursante de fs. 1082 a 1086 vta., se revocó esa determinación y se declaró improbadas las excepciones, y por escrito cursante de fs. 935 a 937 vta., los codemandados Nelly Calisaya Ortuste, Ana Kama, Gladys Yucra Peñaranda, Pánfila Soliz de Alanoca, Luisa Alanoca Leaños de Enrriquez y Justo Emiliano Alanoca Leaños, se apersonaron y respondieron negativamente; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 09/2024, de 16 de julio, que cursa de fs. 1197 a 1199 vta., en la que el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, declaró PROBADA la demanda principal e IMPROBADA la demanda reconvencional sin costas y costos; y por Auto de Complementación y Enmienda de 5 de agosto de 2024, visible a fs. 1223 declaró no ha lugar a la complementación y enmienda.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Yolanda Arancibia Calizaya, Weymar Santos Barrancos, Erlinda Villagómez Puma, Porfidio Andrés Llanqui Solis, Eleuterio Mita Mercado y Atiliano Arancibia Villagómez y por otro lado por Liborio Copa Limachi, Gregorio Yucra Urquizo, Adelayda Paricagua, Lidia Avigail Oquendo Ríos, Rogeliano Alanoka, Emilio Choque, Gregorio Kama Vallejos, Natividad Kama Vallejos y Tomas Onofre Almendras, según memorial de fs. 1228 a 1232, originó que la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 453/2024, de 26 de noviembre, corriente de fs. 1274 a 1278 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia impugnada y el Auto de 29 de noviembre de 2024, cursante a fs. 1286, que declaró no ha lugar a la enmienda y complementación solicitada, con los siguientes argumentos:

En cuanto al primer motivo, de la falta de fundamentación y motivación, corresponde señalar que la prueba ofertada fue puesta en conocimiento del Perito del “IDIF”, quien realizó un informe pericial, el cual fue sustento del criterio asumido por el Juez, conforme se explica en la Sentencia conforme cursa en obrados; motivo por el cual, no resulta evidente que la autoridad señalada no haya tomado en cuenta la prueba aportada por las partes, cuando la propia hoy recurrente convalido la concurrencia del perito y los informes encomendados a este; más allá de ello, el Juez en su tarea de averiguar la verdad de los hechos, conforme el art. 10,16 y 134 de la Ley 439 se apartó del criterio de las partes a los fines de desentrañar los hechos acontecidos, sustentando el mismo con la prueba pericial realizada por el IDIF.

En cuanto al segundo motivo, referente al quebrantamiento del art. 213 de la Ley 439 por no haber sido tomada en cuenta algunas pruebas por su parte. De la revisión de la Sentencia, se constata que la autoridad Judicial, convocó la intervención de un perito del “IDIF”, quien realizó el trabajo especializado con todos los elementos probatorios y con la anuencia de los sujetos procesales, aspecto que motivó a que pueda utilizarlo como base y sustento de la decisión, sin que exista la necesidad de tomar en cuenta la prueba que fue incorporada en el informe pericial. Si bien la parte recurrente, alega sentirse vulnerado por la falta de formalismo, que no se hubiera cumplido en la Sentencia, es menester que el lineamiento emitido por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0819/2020-S4, de 15 de octubre, aclara cualquier duda de interpretación que extraña la parte recurrente.

En cuanto al tercer motivo, referida a la congruencia externa. Señaló que a fs. 1162, cursa el Dictamen Pericial Complementario en la Auditoria Forense, mismo que nació a consecuencia de las solicitudes de aclaración y ampliación del Dictamen Pericial principal realizado en el proceso. La actividad pericial y los puntos de pericia, si bien nacieron como prueba de oficio, pero se produjeron con la concurrencia y anuencia de los sujetos procesales, siendo ese el momento en el que se estableció el periodo de temporalidad sobre el cual el perito debió realizar su trabajo; si la parte recurrente, no se encontraba de acuerdo con el periodo de temporalidad, debió interponer las acciones recursivas en ese momento procesal y no esperar que el informe pericial y las observaciones concluyan y que se emita la Sentencia, pretendiendo atacar la labor del perito; por lo que no se observa incongruencia interna, ya que la autoridad cumplió con dictar la Sentencia, cuidando el hilo conductor de orden y racionalidad desde la parte considerativa, la valoración de la prueba, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva, sin que se denote contradicciones entre sí o con el punto de la decisión asumida; tampoco se advierte incongruencia externa, al existir plena correspondencia y coincidencia entre lo demandado, lo considerado y lo resuelto.

En cuanto al cuarto motivo, referida a la ausencia de valoración y apreciación de la prueba documental, error de hecho en la valoración y apreciación de la prueba pericial, los argumentos del primer y tercer motivo son valederos para el presente. Asimismo, es menester señalar que, con la respuesta dada por la parte demandada, se trabó la relación procesal, dando paso a la fijación de los hechos de probanza, delineando el transcurrir de la tramitación de la causa. Así se funda la congruencia externa hoy reclamada, ya que el objeto del proceso y los puntos de probanza, son el resultado de la demanda y la respuesta, aspectos que no pueden ser modificados.

La producción de la prueba pericial, se circunscribió a los puntos de probanza, de donde ha surgido los puntos de pericia y el perito utilizó la prueba documental aportada al proceso a los fines de realizar el informe pericial, mismo que luego de ser complementado fue consolidado; en ese orden de situaciones, el reclamo sobre la fijación de los puntos de pericia debió realizarlo la parte en el momento procesal oportuno y no esperar que se emita la Sentencia para pretender observar el mismo.

3. Contra la resolución aludida, Yolanda Arancibia Calizaya, Weymar Santos Barrancos, Erlinda Villagómez Puma, Porfidio Andrés Llanqui Solís y Atiliano Arancibia Villagómez, en representación legal de la Asociación Prestadora de Servicios de Agua potable Sanitario Yamparaez (APSAY), mediante memorial a fs. 1285 solicitaron aclaración, complementación y enmienda; petitorio que fue resuelto por Auto de 29 de noviembre de 2024 cursante de fs. 1286, declarando no ha lugar al mismo.

4. Fallo de segunda instancia y su auto complementario recurrido en casación por Yolanda Arancibia Calizaya, Weymar Santos Barrancos, Erlinda Villagómez Puma, Porfidio Andrés Llanqui Solis y Atiliano Arancibia Villagómez, mediante memorial de fs. 1300 a 1307 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

En cuanto al recurso de casación en la forma:

a) En el memorial de recurso de apelación solicitaron el diligenciamiento de prueba en segunda instancia; empero, fue rechazado por el Tribunal de apelación por Resolución de 11 de octubre de 2024, que cursa a fs. 1253, contra la cual interpusieron recurso de reposición mediante memorial de 16 de octubre de 2024, sin embargo, no fue atendido favorablemente por el Tribunal de alzada.

b) Ante el pronunciamiento del Auto de Vista a los agravios del recurso de apelación en forma parcial, con meras subjetividades y criterios personales carentes de asidero legal y lógica jurídica, solicitaron aclaración, complementación y enmienda; empero, no la atendieron, cuando de acuerdo al principio preferente del derecho sustancial y material por encima de lo formal y los de favorabilidad, tendrían que haberse pronunciado sobre el fondo del pedido de la aclaración, complementación y enmienda.

c) No emitió pronunciamiento respecto al cuarto agravio de su recurso de apelación.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

a) El Auto de Vista incurrió en incongruencia externa porque no consideró el Informe Pericial en su integridad, sino solo en parte.

b) Incurrió en ausencia total de valoración y apreciación de su prueba presentada, las que cursan de fs. 159 a 161; asimismo, en error de hecho en la valoración y apreciación de la prueba pericial de oficio, al no haber tomado en cuenta todo el contenido del mismo sino solo una parte del mismo.

Fundamentos por los cuales, solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo y/o CASE el Auto de Vista.

2. Contestación al recurso de casación:

Notificado la parte contraria con el recurso de casación, conforme cursa de fs. 1310 a 1311, no contestaron dentro el plazo establecido por ley.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación conforme orienta la Ley Nº 439.

Al respecto el Auto Supremo N° 541/2018, de 27 de junio, señaló: “Si bien el principio de impugnación se configura como principio regulador para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese derecho no es absoluto para todos los procesos e instancias, debido a que este se encuentra limitado, por la misma ley, ya sea por el tipo de proceso, por la clase de resolución tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.

Sobre el tema el art. 250.I del Código Procesal Civil señala: ‘I.- Las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario ‘ norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270.I del Código Procesal Civil es claro al establecer: ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley’, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por ley.

Resultando únicamente ambiguo el primer caso, motivando su interpretación por este Tribunal de Justicia, el mismo conforme a lo determinado referido en el punto precedente debe ser desde y conforme a un enfoque Constitucional, es decir de acuerdo a principios y valores que rigen al nuevo modelo Constitucional, de acuerdo a los principios pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero de ellos conforme al criterio expuesto por la Profesora Argentina Mónica Pinto, ‘... de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria’. También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.

Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este máximo Tribunal de Justicia uniforme jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 num. 3) de la Ley 025, en aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos…”.

III.2 Naturaleza jurídica de la aclaración, enmienda y complementación.

Al respecto, el Auto Supremo N° 537/2022, de 01 de agosto, expresó: “La aclaración, enmienda y complementación prevista en el art. 226 del Código Procesal Civil, es un mecanismo procesal en cuya virtud la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, dentro de las VEINTICUATRO horas siguientes a la notificación de la resolución, podrá aclarar, enmendar o complementar conceptos oscuros, corregir errores materiales o subsanar omisiones; es decir, temas estrictamente formales, sin afectar el fondo de fallo emitido. Estableciendo en su párrafo V, que cada fallo de fondo, las partes podrán usar de dicha facultad por una sola vez; en este caso, se suspenderá el plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal, dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración, enmienda o complementación.

En ese mismo sentido razonó la SCP N° 0113/2013-L de 20 de marzo, al establecer que: ‘…referente al hecho de que la facultad reconocida a las partes, de solicitar aclaración, complementación y enmienda, establecido en el art. 196.2) del CPC, no sólo es para la sentencia, sino también para cualquier otra resolución que tenga carácter definitivo; es menester establecer, en el presente, si la suspensión de plazos establecido en el art. 221 del CPC, llega a ser aplicable, cuando dicha aclaración, complementación y enmienda, es interpuesta con anterioridad a la interposición de la apelación de un auto interlocutorio emitido en ejecución de sentencia, tal como se lo expuso en el caso concreto. En ese sentido, resulta pertinente referirnos -inicialmente- a lo manifestado en el art. 221 del CPC, que a la letra dice: ARTÍCULO 221.- (Suspensión de plazos) En el caso del artículo 196, inciso 2, los plazos indicados en el artículo precedente quedarán suspendidos y se computarán a partir de la notificación con el auto de explicación o complementación’. Es así, que al igual que en el análisis realizado en el Fundamento Jurídico III.4.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es preciso indicar que de la interpretación literal realizada a dicha disposición legal, se tiene que en el caso de lo dispuesto en el art. 196.2) del CPC, los plazos indicados en el art. 220 del mismo cuerpo adjetivo civil, quedarán suspendidos, y se computarán a partir de la notificación con el Auto que se emita a raíz de la solicitud de aclaración, complementación o enmienda; es decir, que los plazos para apelar, se suspenderán cuando se haya solicitado aclaración, complementación o enmienda de la sentencia emitida en el proceso, debiendo computarse recién los mismos, a partir de la notificación con la resolución que la resuelva…”.

III.3. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo, ‘no es absoluto’, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”. (Subrayado y negrilla es nuestro)

III.4. De la prueba pericial.

Al respecto, corresponde referir que el art. 1333 del Código Civil, señala que el Juez no está obligado a seguir las conclusiones de los peritos, pero debe fundar las propias. Concordante con ello el art. 202 del Código Procesal Civil, previene que la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración, entre otros, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere.

Según el Auto Supremo Nº 1020/2015-L, de 16 de noviembre, señaló que conforme a la normativa legal, dispuesta en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “(FACULTAD DEL JUEZ) El Juez, dentro del periodo probatorio o hasta antes de la sentencia, podrá ordenar de oficio declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente”, por otro lado, el Código Procesal Civil en su artículo 24 núm. 4, señala “Disponer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia, la presencia de las partes, testigos o peritos, a objeto de formular aclaraciones o complementaciones que fueren necesarias para fundar la resolución”, de lo que se entiende que el Juez A quo tiene la facultad para exigir la prueba que considere necesaria y pertinente.

Al respecto, el art. 441 del Código de Procedimiento Civil, estableció: “(FUERZA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL) La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere.”, de esa misma forma asimismo se encamina el art. 202 del Código Procesal Civil, señala: “La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por la autoridad judicial en consideración a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere. La autoridad judicial no está obligada u obligado a seguir el criterio del perito y podrá apartarse del dictamen mediante resolución fundada”.

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