Texto del fallo
SALA PENAL SEGUNDA
Auto Supremo: Nº 375 Sucre, 29 de noviembre de 2007
Expediente: Santa Cruz 71/03
Partes: Ministerio Público c/ Isabel Marina García Azurduy
Tráfico de sustancias controladas.
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VISTOS: el requerimiento del Ministerio Público de 17 de noviembre de 2004 (fojas 127 a 129), por medio del cual emitió criterio en sentido de que se declare, de oficio, que no corresponde la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso con referencia a la causa seguida contra Isabel Marina García Azurduy por tráfico de sustancias controladas.
CONSIDERANDO: que el requerimiento de referencia fue emitido respecto a recurso de casación interpuesto por la mencionada imputada contra un Auto de Vista que tuvo origen en los siguientes antecedentes:
1.- En mérito a resultado de Diligencias de Policía Judicial, se emitió Auto de Apertura de Proceso contra la imputada el 11 de enero de 2001 (fojas 40 a 41), quien prestó la declaración denominada confesoria el 12 de marzo de ese año (fojas 56 a 59), fecha desde la cual se computan plazos.
2.- Iniciada la Primera Instancia en la indicada fecha, esa fase concluyó con Sentencia dictada el 17 de junio de 2002 (fojas 99 a 101 vuelta) que condenó a la imputada a la pena de diez años de presidio por el delito de tráfico de sustancias controladas tipificado por el artículo 48 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, la cual originó la interposición del recurso de apelación que, tramitado ante la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia del Distrito de Santa Cruz, tuvo como resultado el Auto de Vista de 14 de febrero de 2003 (fojas 119 a 120) confirmatorio de Sentencia, que fue luego impugnado por la imputada mediante recurso de casación de 21 de marzo de ese año 2003 (fojas 121 a 122 vuelta), recibido en esta Corte Suprema de Justicia el día 14 del mes siguiente (fojas 125), habiendo en consecuencia transcurrido hasta la fecha más de cuatro años desde la presentación de ese recurso de casación, lo cual implica un total de más de seis años desde la iniciación del proceso.
CONSIDERANDO: que el Ministerio Público procedió en su requerimiento a un análisis pormenorizado respecto al proceso, proporcionando datos que muestran que hubo por parte de la imputada actos dilatorios durante la tramitación del Plenario, criterio sobre cuya base hubiera correspondido disponer la no extinción de la acción penal respectiva si se adoptaba la decisión pertinente inmediatamente después de conocido ese requerimiento, pero que, no siendo sustentable cuatro años después, hace que resulte aplicable la previsión contenida en la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal que señala que las causas tramitadas conforme al régimen procesal anterior deben concluir en el plazo máximo de cinco años computables a partir de la publicación de ese Código.
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