AS/0390/2013

Criterio

Que a mérito de este antecedente, revisado el recurso de casación, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones: En relación a la errónea aplicación de los artículos 46. I y III y 48. IV de la Constitución Política del Estado y 52 de la Ley General del Trabajo, previamente cabe establecer que la Constitución Política del Estado, dispone: “Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias…. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Artículo 48. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”. Por disposición del artículo 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, la carga de la prueba corresponde al empleador, precisando que en materia laboral siendo manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea, para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación. En el caso de autos de la revisión minuciosa de las documentales que informan el proceso, el demandado no presentó prueba de descargo que desvirtúe lo afirmado por el actor respecto al trabajo de portería; mas al contrario a fs. 80 cursa el contrato que establece el trabajo de portería del actor, documento que tiene la fe probatoria del artículo 159 del Código Procesal del Trabajo; a fs. 45, 46 y 47 cursan las testificales de cargo los cuales concuerdan al manifestar que el actor aparte de trabajar como obrero en la empresa, fungía como portero, prueba testifical que tiene la fe probatoria del artículo 169 del Código Procesal del Trabajo; las planillas, tarjetas de asistencia y papeletas de pago, presentadas por la empresa demandada de ninguna manera desvirtúan la afirmación del actor respecto a que NO desempeño las funciones de portero; consiguientemente se evidencia que los de grado administraron justicia aplicando correctamente los principios de: Proteccionismo, inversión de la prueba y libre apreciación de la prueba, establecidos en el artículo 3. g, h, j) del Código Procesal del Trabajo; en consecuencia no es evidente la acusación de la parte recurrente en relación a la errónea aplicación de normas, tampoco se evidencia equivocada apreciación de las pruebas. Consiguientemente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se establece que el Tribunal ad quem, al emitir el Auto de Vista Nº 006/2013 de fs. 117, actuó acertadamente observando las normas que rigen la materia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, deviniendo estas en infundadas, correspondiendo en consecuencia fallar de acuerdo a las previsiones contenidas en los artículos 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.