AS/0392/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0392/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: LP-3-25-S

Partes: Arturo Quispe Esteban y Virginia Corani Esteban c/ Agueda Nina Coronel

Proceso: Acción reivindicatoria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 431 a 438 vta. interpuesto por Arturo Quispe Esteban y Virginia Corani Esteban contra el Auto de Vista N° 598/2024, de 30 de agosto, corriente de fs. 415 a 421 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de reivindicación, seguido por los recurrentes contra Agueda Nina Coronel; sin contestación, el Auto de concesión de 06 de enero de 2025, visible a fs. 443, el Auto Supremo de admisión N° 028/2025-RA, de 23 de enero, obrante de fs. 449 a 450 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Arturo Quispe Esteban y Virginia Corani Esteban por memorial de demanda que discurre de fs. 24 a 26, reiterado de fs. 33 a 37, como también de fs. 51 a 55, promovieron proceso ordinario de reivindicación, contra Agueda Nina Coronel, quien una vez citada, mediante escrito visible de fs. 104 a 113 contestó de manera negativa a la pretensión de la parte demandante y suscita demanda reconvencional por nulidad de contrato de venta, escritura pública y cancelación de folio real como de catastro, pretensiones que merecieron el Auto Definitivo Nº 380/2023, de 10 de agosto, cursante de fs. 148 a 148 vta., que dio por no presentada la demanda reconvencional de nulidad de contrato; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia Nº 563/2023, de 15 de noviembre, que cursa de fs. 277 a 283, donde el Juez Público Civil y Comercial 11º de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda de reivindicación además de condenar con costas y costos procesales a la parte demandante, aclarándose y complementándose la sentencia mediante Auto de 06 de febrero de 2024.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Arturo Quispe Esteban y Virginia Corani Esteban según escrito de fs. 375 a 388, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 598/2024, de 30 de agosto, corriente de fs. 415 a 421 vta., donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con los siguientes argumentos:

- Las pruebas brindadas y obtenidas por el Juez asignado al caso fueron valoradas en su conjunto, del elenco probatorio se consideró que la singularización del bien que se pretende ser reivindicado no ha sido demostrada por la parte actora, así como tampoco mediante las pruebas obtenidas de oficio por la autoridad jurisdiccional, pues con la inspección judicial y las literales pertenecientes a la asociación de adjudicatarios, se encontrarían datos contradictorios.

- Si bien se han adjuntado pruebas que hacen referencia a los datos del bien inmueble objeto en cuestión, no se ha esclarecido si este correspondería al N° 15 o al N° 16, pues de los documentos otorgados por la Junta Vecinal, el predio otorgado a Primitivo Ticona Lecoña (anterior propietario y vendedor de los demandantes) sería el lote N° 15, por lo que no habría explicación entre el lote reclamado y el ocupado por la demandada concerniente al lote N° 16, más aún cuando los interrogados en audiencia de inspección judicial afirmaron que la demandada era dueña legítima del terreno, mientras que del demandante debía ser otro, y si existían pruebas que no podían ser diligenciadas por los demandantes, debieron ser solicitadas en el momento procesal oportuno o en segunda instancia.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Arturo Quispe Esteban y Virginia Corani Esteban según escrito visible de fs. 431 a 438 vta., recurso referido objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Arturo Quispe Esteban y Virginia Corani Esteban, se observa que en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusaron lo siguiente:

a) Error de derecho en la interpretación y aplicación del art. 1453 del Código Civil, por cuanto la demanda se circunscribiría en la acción de reivindicación, acción que no consistiría en descubrir si los anteriores titulares del inmueble objeto de litis tienen más de un inmueble, o verificar la validez de los documentos que otorgan la titularidad del inmueble.

b) Falta de valoración de la prueba, por cuanto en el transcurso del proceso se habría aportado muchas pruebas que demostraron fehacientemente que el bien inmueble objeto de litis correspondería a los mismos datos de identificación del inmueble los cuales no fueron valorados correctamente tanto por el Juez de primera instancia, como del Tribunal Ad Quem.

c) El Tribunal de segunda instancia se habría limitado a analizar parcialmente los agravios presentados en el recurso de apelación referidos a la inobservancia del ordenamiento jurídico civil contenidas en la Sentencia por carecer de fundamentación y motivación al señalar que los puntos de apelación no fueron considerados en el marco del debido proceso sin pronunciarse respecto a los mismos, no existiría un prolijo y detenido examen del expediente en lo relativo a la valoración y apreciación de la prueba y los agravios expuestos en la apelación, los cuales debieron ser valorados a efectos de que el Tribunal de segunda instancia pueda emitir una decisión motivada y fundamentada de derecho y no de hecho.

d) Error de derecho en la apreciación de la prueba, por cuanto las Escrituras Públicas N° 107/2021 y 122/2021 constituirían títulos suficientes, idóneos y legítimos para acreditar el derecho de propiedad de los actores, y no se han constituido como documento privado, y cumplirían con todas las formalidades exigidas por ley, por lo que surten efectos contra todos, toda vez que ni la demandada Agueda Nina Coronel ni el tercero ajeno al proceso Marcos Ticona Lecoña contarían con ninguna documentación legal, válida y legítima que demuestren tener algún derecho de propiedad sobre el bien inmueble, por lo que las declaraciones de personas que se encontraban en la inspección judicial no podrían estar por encima de un documento público, vulnerando el art. 188 par. IV del Código Procesal Civil respecto al procedimiento de la inspección judicial, asimismo no existiría pronunciamiento por el Tribunal de Segunda instancia respecto a la Escritura Pública N° 019/2016, el cual señala que el bien inmueble objeto de transferencia es el lote N° 16, habiendo incurrido en error de derecho de la prueba, ya que erradamente concluiría que no se ha cumplido con la identificación y singularidad del bien inmueble.

e) Bajo el instituto jurídico de la reivindicación se estaría negando a la parte demandante la restitución de un bien inmueble que se encuentra indebidamente poseído por un tercero sin ningún justo título que acredite dicha posesión, pese a que la parte demandante habría acreditado su derecho de propiedad, así como su plena ubicación.

Fundamentos por los cuales solicitó se case el Auto de Vista impugnado, y fallando en lo principal se declare probada la demanda.

De la contestación al recurso de casación.

Agueda Nina Coronel, a pesar de su legal notificación con el recurso interpuesto, no respondió al mismo.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la acción reivindicatoria.

El Auto Supremo N° 224/2022, de 08 de abril, ha razonado respecto a dicha acción de defensa de la propiedad: “Al respecto, corresponde precisar que el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo anterior podemos deducir que la reivindicación, al ser una acción real, tiene como finalidad la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que deriva de ella, estando dirigida contra la persona que se encuentre en posesión de la cosa, sin ostentar esta ningún derecho o título que le faculte para ejercer la posesión.

Bajo ese entendido y en consideración a que se pretende recuperar a través de esta acción la posesión de la cosa, Arturo Alessandri R. en su libro (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) manifestó lo siguiente: “‘Por la acción reivindicatoria, el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee’; por lo expuesto, debemos señalar que resulta pertinente que quien interponga dicha acción debe cumplir con algunos requisitos que hacen viable a la acción de reivindicación, que ha señalado Alexander Rioja Bermúdez, ‘Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación’, son tres: ‘1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado’”.

De acuerdo con la vasta doctrina emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que la acción de reivindicación, procede tan solo cuando el propietario demuestra su titularidad frente al que se encuentre en posesión de ella y este no exhiba título que justifique su posesión que sea oponible al propietario, en ese entendido para la procedencia de esta acción, deben cumplirse ciertos presupuestos, que son:

1) Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; por cuanto esta acción se halla reservada a quien tiene la pretensión de la propiedad, contra quien resista esta pretensión.

2) Que esté privado o destituido de ésta; que la cosa se encuentre en manos de otra persona ajena al propietario.

De lo anteriormente mencionado, concluimos que, para la procedencia de la acción reivindicatoria, quien pretende reivindicar la cosa debe acreditar de manera fehaciente todos estos presupuestos, pues el incumplimiento de uno de ellos, no dará lugar a la pretensión incoada.

El autor Néstor Musto, haciendo referencia a Puig Brutau señala: “Es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título de propiedad”.

Concordante con este criterio, el doctrinario Morales Guillén señala: “La reivindicación, implica que el propietario haya sido desposeído sin su voluntad y tiende a que este recupere la posesión de la cosa, mediante la desposesión del demandado ordenada por el juez, sin lo cual habría una arbitrariedad ajena a la protección jurisdiccional de los derechos. También puede ocurrir, que el tercero detentador, aun sin discutir la titularidad del dominio, esté simplemente en posesión de la cosa reclamada, sin título alguno. En este caso, como en el anterior, la finalidad de la acción es la misma.”

III.2. Sobre la valoración de la prueba.

En cuanto a la valoración probatoria, el Auto Supremo N° 1401/2024, de 26 de noviembre determinó: “La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia” (el resaltado es nuestro).

Mostrando 45 de 90 parrafos.

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