AS/0397/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0397/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: CB-11-25-S

Partes: ..Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García c/ …Silvia Virginia Nogales Zabala.

Proceso: Modificación de sentencia.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 366 a 368, interpuesto por Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García a través de sus representantes legales Álvaro Rene Rojas Revuelta y Samuel Aguirre Blanco, contra el Auto de Vista N° 240/2024, de 12 de noviembre, corriente de fs. 359 a 363 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de modificación de sentencia, seguido por los recurrentes contra Silvia Virginia Nogales Zabala; el Auto de concesión de 07 de enero de 2025, visible a fs. 371; el Auto Supremo de admisión Nº 049/2025-RA de 29 de enero, cursante de fs. 377 a 378 vta., todo lo inherente al proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García por memorial de demanda que discurre de fs. 101 a 106, subsanado de fs. 129 a 130 vta., promovieron el proceso ordinario de modificación de sentencia, contra Silvia Virginia Nogales Zabala, quien una vez citada, según escrito visible de fs. 207 a 224 vta., se apersonó y contestó de manera negativa y planteó excepciones de demanda defectuosamente propuesta y citación previa a terceros; pretensiones que merecieron el Auto de 29 de noviembre de 2019, de fs. 310 vta., a 312 vta., que declaró improbada las excepciones; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 01/2020, de 24 de enero, que cursa de fs. 330 a 339 vta., en la que el Juez Público, Civil y Comercial 15° de la ciudad de Cochabamba, declaró la IMPROBADA la demanda, con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García a través de su representante legal Samuel Aguirre Blanco según escrito de fs. 342 a 345 vta., originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 240/2024, de 12 de noviembre, corriente de fs. 359 a 363 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

La demanda esta dirigida a modificar lo decidido en la Sentencia Definitiva emitida en el proceso ejecutivo radicado y tramitado ante el Juzgado Público Civil y Comercial 5º de Cochabamba, donde se declaró improbadas las excepciones de pago documentado y de incompetencia, determinación que fue confirmada en grado de apelación oportunamente; empero, pese a ello en obrados no se tiene prueba alguna del pago que hubieran efectuado los propietarios demandantes (ejecutados) en favor de la anticresista ahora demandada (ejecutante), y el documento de resolución de contrato de anticresis por el cual pretenden los apelantes señalar que el cumplimiento de su obligación, no demuestra ello sino confirma la decisión de las partes a dejar sin efecto un contrato anterior y si se acusa su incumplimiento, su tratamiento debe ser sometido a un proceso de conocimiento civil.

El documento de resolución de contrato de anticrético, no se constituye como causal de incompetencia e independientemente de su contenido pese a dar cabida o no a una resolución extrajudicial, el mismo no puede dar merito a las excepciones de pago documentado e incompetencia, dejándose por los de instancia establecido nuevamente que la controversia que pueda suscitarse sobre dicho negocio jurídico deberá ser perseguido por otra vía y no la de modificación de Sentencia, pues no se debe perder de vista que los criterios de competencia para el caso en concreto surgen del titulo base de la acción y no de otro, porque los apelantes incluso eventualmente tenían la facultad de deducir la excepción de falta de exigibilidad de la obligación, empero se recalca que no se tiene probado la devolución o pago del capital de anticrético.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García a través de sus representantes legales Álvaro Rene Rojas Revuelta y Samuel Aguirre Blanco según escrito visible de fs. 366 a 368, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

De forma.

a) El Auto de Vista solo identifica los antecedentes del proceso monitorio ejecutivo, abstrayéndose de la apelación interpuesta contra la Sentencia de 24 de enero de 2020, infringiendo el art. 264 del Código Procesal Civil.

De fondo.

b) Que, se tuviera hecho alusión al art. 351 numerales 1 y 7 del Código Civil, refiriendo que se hubiere acreditado el pago documentado en el presente proceso, por lo que el desconocer dicha situación les causaría perjuicio.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista, declarando probada la demanda de modificación de sentencia.

2. Contestación al recurso de casación:

Pese a su legal notificación la parte demandada con el recurso de casación, visible a fs. 370, no contestó al referido recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R, de 04 de enero, ha razonado señalando que la motivación de las resoluciones judiciales está vinculo al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, pues es el derecho de las partes para conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, evitando de esta manera una decisión arbitraria.

Al respecto la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: “la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.

En ese mismo entendido, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012, de 22 de agosto, se ha señalado que: “la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados (…); en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0075/2016-S3, de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Con relación al tema en cuestión, el Auto Supremo Nº 581/2018, de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico”.

III.2. De la incongruencia omisiva.

Mostrando 38 de 75 parrafos.

Texto del fallo

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