AS/0398/2013

Criterio

Al respecto, revisada la documentación adjuntada durante la tramitación del proceso, se evidencia que el actor en su demanda cursante a fs. 7-8 de obrados, manifiesta que inicialmente su padre fue cuidador de un lote de terreno desde 1957 por encargo y contrato verbal de su propietario Alberto Beltrán Zegarra, hasta su fallecimiento acaecido en 1987, habiéndose el actor hecho cargo aproximadamente desde octubre de 1987 en la labor de cuidador de dicho inmueble, función que habría desempeñado durante 23 años y nueve meses, sin haber percibido salario alguno, ni beneficios sociales y que se vio sorprendido al haberse enterado de que el inmueble del cual el era cuidador tiene nuevo dueño cuyo nombre es Juan Mayta Quispe, quien el 20 de julio de 2011 ingresó al inmueble, momento en el cual el actor, le manifestó que tenía la ineludible obligación de pagar sus sueldos devengados de cuidador y sus beneficios sociales, habiéndole entregado una carta notariada en fecha 25 de julio de 2011, sin haber tenido respuesta alguna al respecto, razón que lo motivó a iniciar la presente acción en contra de Juan Mayta Quispe, por el monto de Bs. 255.706.- por los conceptos de sueldos devengados de 23 años y nueve meses, desahucio e indemnización y aguinaldo. De tales antecedentes, se puede advertir, en el caso objeto de análisis que el actor pretende que el Sr. Juan Mayta Quispe, como nuevo propietario del inmueble del que supuestamente el actor era cuidador, le cancele los beneficios sociales señalados precedentemente; petición que resulta incorrecta, toda vez que como manifiesta el actor en su demanda, fue cuidador del inmueble de propiedad del Sr. Alberto Beltrán Zegarra, de donde se establece que no existió una relación de dependencia y subordinación entre el ahora demandante y el demandado que cumpla con las exigencias previstas por ley, para que sea acreedor de los beneficios solicitados en su demanda. En este marco, conforme establece el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el artículo 2 de la misma norma legal que establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, figura también contenida en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, situación que no se dio en el caso presente, ya que no se evidencia la existencia de ninguna de las características descritas precedentemente, pues en ningún momento el recurrente trabajó como dependiente de Juan Mayta Quispe, a quien ahora demanda; única razón que obligaría al demandado a pagar los beneficios sociales que reclama el actor en su demanda, ya que manifiesta que fue cuidador del Alberto Beltrán Zegarra, afirmación que es corroborada con lo señalado inicialmente en su demanda y ratificada en la confesión provocada prestada por cuando manifiesta: “me contrató el señor Alberto Beltrán Zegarra, no me dio ningún contrato…” y cuando la Juez le pregunta si después de la muerte del Sr. Beltrán el Sr. Mayta lo contrató como cuidador, el contestó que no, evidenciándose la inconsistencia de los argumentos esgrimidos por el demandante con relación a su condición de trabajador con la persona que ahora demanda, más aún si tomamos en cuenta que reclama el pago de sueldos devengados de 23 años y nueve meses, aspecto que resulta ilógico e irrazonable, puesto que nadie puede subsistir durante tanto tiempo sin percibir una remuneración que le permita obtener para si y su entorno familiar, los medios necesarios de subsistencia para satisfacer por lo menos mínimamente las necesidades que tiene todo ser humano; a ello es preciso acotar que la ausencia de sueldos por todo el tiempo que supuestamente el actor hubiese trabajado, permitieron a los de instancia concluir que nunca existió remuneración mensual y mucho menos relación laboral. Antecedentes que nos llevan al convencimiento de que entre el actor y el demandado, no existió relación obrero patronal de dependencia, que reúna las características esenciales previstas por las normas citadas precedentemente, como de manera correcta concluyeron los de instancia en base a una adecuada valoración del elenco probatorio adjuntado durante la tramitación del proceso, conforme prevén los artículos 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, ya que si bien como manifiesta el demandante, la Constitución Política del Estado protege los derechos de las trabajadores y de los trabajadores, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 46 y 48 de la Carta Fundamental, esta protección tiene su ámbito de aplicación en los casos en que haya existido o se haya comprobado de manera contundente una efectiva relación laboral, situación que en caso objeto de análisis no aconteció, motivo por el cual no corresponde reconocer a favor del actor los beneficios sociales que demanda, toda vez que no realizó ningún tipo de trabajo a favor del demandado, única razón que lo obligaría a pagar beneficios sociales, ya que el artículo 52 de la Ley General del Trabajo señala: Remuneración o salario es lo que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo…” aspecto que no sucedió en el caso objeto de análisis. Por otra parte, en cuanto a los reclamos referidos, primero, al termino probatorio, periodo en el cual el juez habría emitido providencias contrarias a la ley y otorgando más de lo pedido; segundo, a las declaraciones testificales de descargo y que la confesión provocada a que fue diferido se habría llevado a cabo después de vencido el término de prueba y tercero, sobre el señalamiento de inspección ocular sin previa notificación a las partes con anticipación de 24 horas, infringiendo en artículo 183 del Código Procesal del Trabajo; de la revisión de antecedentes se advierte que estos aspectos no fueron reclamados oportunamente en el recurso de apelación planeado por el demandante cursante a fs. 66-68, razón por el cual se activa el principio de preclusión previsto en los artículos 3. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo. Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 84-86, las mismas que carecen de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los artículos 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.