AS/0400/2014

Criterio

...se advierte que la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; toda vez que de la revisión minuciosa del expediente se advierte que emitida la Sentencia Nº 12/2006 de 22 de febrero de fs. 154 a 174, que declaró improbada la demanda coactivo fiscal, el Ministerio de Minería y Metalurgia a través de su representante legal interpuso recurso de apelación (fs. 176 a 181), sin embargo mediante Auto de Vista Nº 143/2003-SSA-II de 19 de julio cursante a fs. 247 y vta., se anuló obrados hasta el auto de concesión del recurso de apelación disponiéndose la ejecutoria de la Sentencia de fs. 154 a 171 de obrados, por lo que la parte demandante formuló recurso de casación que fue resuelto mediante Auto Supremo Nº 186/2012 de 30 de agosto de fs. 370 a 372 vta. bajo el fundamento que la Juez a quo concedió el recurso de apelación por Auto de 20 marzo de 2006 cursante a fojas 210, quien en su oportunidad consideró y analizó los informes evacuados por la secretaria abogada titular del Juzgado, que cursan a fojas 197 a 198, por lo cual en el marco de la ley, remitió obrados al Tribunal de apelación. Teniendo presente que dicho informe afirmó que se dio cumplimiento con el art. 97 del CPC, con la recepción del memorial de apelación el 27 de febrero de 2006 a horas 9:50 a.m. como consta en el cargo firmado por dicha funcionaria, en merito a ello el Tribunal de casación anuló obrados disponiendo que el Tribunal de apelación se pronuncie en el fondo, y si bien se advierte efectivamente que se anuló obrados hasta fs. 247 vta., inclusive, sin embargo, tal aspecto no constituye el fundamento central o la base de la decisión de dicho Tribunal, toda vez que el Tribunal de casación sustentó su decisión en el hecho de que, dicho aspecto ya fue dilucidado es decir respecto de la presentación oportuna del recurso de apelación y no correspondía ser anulado y declararse la ejecutoria de la Sentencia emitida por la Juez a quo, por lo que debía dictarse nuevo Auto de Vista que resuelva el recurso de apelación formulado por el Ministerio de Minería y Metalurgia a través de su representante legal (fs. 176 a 181), y que si bien debió de haberse consignado hasta fs. 246 vta., dicha nulidad, empero lo anotado resulta un error de tipeo que en nada afecta al decisorio, por cuanto se advierte que al disponer que correspondía ingresar al fondo resulta razonable comprender que la nulidad debe ser hasta el sorteo del expediente entre los Vocales que conforme la Sala especializada del Tribunal Departamental de Justicia. (...) ...si estos fondos son provenientes de Convenios Internacionales y que se encuentran presupuestados por una entidad estatal, necesariamente son de pleno conocimiento del Tesoro General de la Nación, razón por la cual se determinó la existencia de responsabilidad civil solidaria contra el coactivado José Franz Zilvetty Cisneros y Adán Emilio Zamora Estrada, Vice Ministro de Minería y Metalurgia de ese entonces, al haber percibido el recurrente indebidamente un honorario con fondos del Estado como Consultor del Proyecto PMAIM, Convenio de Crédito AIF 2805 BO de 29 de marzo de 1996), en los periodos junio a diciembre de 1998 y de enero a diciembre de 1999, bajo la denominación de Asesor Técnico, siendo que paralelamente ejercía funciones en COMIBOL, incurriendo en daño al Estado conforme prevé el art. 77. d) de la LSCF, mientras que el mencionado Adán Emilio Zamora Estrada, valga la reiteración, en su condición de Vice Ministro de Minería y Metalurgia de esa oportunidad al pactar los contratos civiles de Consultoría para Asesores Técnicos del mismo Vice Ministerio, con funcionarios de jerarquía de COMIBOL y del mismo Ministerio de Minería y Metalurgia, incurrió en disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, al tener conocimiento cierto que el Asesor Técnico, trabajaba a tiempo completo en otra dependencia del Estado y que lógicamente su contratación se debió al cargo que ejercía en COMIBOL el contratado. Correspondiendo además aclarar que si bien en el presente proceso, en razón de la competencia por la materia, no se determina la validez o invalidez de los contratos civiles de consultoría suscritos; empero, se concluye que se ha identificado la causa ilícita que adolecían en su formación que conllevó la existencia del daño económico causado al Estado Boliviano, por ello es que al estar debidamente identificado el daño, en base a los informes de auditoría debidamente aprobados por el Contralor General de la República, que tienen suficiente fuerza coactiva y al no haber sido desvirtuados en el curso del proceso, fue correcta la revocatoria de la resolución de primera instancia y consecuentemente, también fue correcto mantener vigente la Nota de Cargo Nº 54-05/04 de fs. 72 de obrados y las medidas precautorias dispuestas contra los dos coactivados. Siendo importante referir que la actual Constitución Política del Estado establece en su art. 232 que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados determinado ciertas prohibiciones para el ejercicio de la función pública en su art. 236 entre ellas el desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo ello concordante con lo dispuesto por el art. 78. a) de las NBSAP aprobada mediante RS Nº 217064 de 23 de mayo de 1997 que prevé: “…está expresamente prohibido el acumulo de puestos pagados con fondos públicos…” y con el numeral 134.07. f) de las Normas Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas por la Resolución Nº CGR-01/090/96 que al efecto señala: “Ningún servidor público ejercerá dos o más cargos públicos ni percibirá dos o más remuneraciones del presupuesto General de la Nación o del presupuesto consolidado del sector público, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales”.