AS/0403/2025

Texto del fallo

<div>

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0403/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: LP-185-23-S

Partes: Zulma Apaza Mamani c/ José Antonio Maldonado Luna

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 228 a 235, interpuesto por José Antonio Maldonado Luna representado por Marco Antonio Velasco Delgadillo, contra el Auto de Vista N° 624/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 213 a 221, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por Zulma Apaza Mamani contra el recurrente; el Auto de concesión de 21 de noviembre de 2023, a fs. 244; el Auto Supremo de admisión N° 1195/2023-RA de 29 de noviembre, cursante de fs. 251 a 252 vta., y la Resolución Constitucional Plurinacional N° 307/2024 de 27 de noviembre corriente a fs. 306 a 312 vta., todo lo inherente al proceso; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Zulma Apaza Mamani, mediante memorial de fs. 63 a 66 vta., interpuso demanda de usucapión decenal o extraordinaria contra José Antonio Maldonado Luna; quien una vez citado y no habiéndose apersonado en tiempo hábil y oportuno fue declarado en rebeldía, por Auto de 06 de julio de 2022, obrante a fs. 86; con este antecedente, se sustanció la causa hasta la emisión de la Sentencia N°140/2022 de 16 de agosto, corriente de fs. 116 a 120 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 6° de la ciudad de El Alto, declaró PROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria.

2. Resolución de primera instancia recurrida en apelación por Marco Antonio Velasco Delgadillo en representación legal de José Antonio Maldonado Luna, mediante escrito de fs. 151 a 163 vta.; originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita el Auto de Vista N° 624/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 213 a 221, que CONFIRMÓ la Sentencia N° 140/2022 de 16 de agosto, fundamentando su resolución y complementación bajo los siguientes argumentos:

- El Auto de Vista a tiempo de sustentar normativamente su fallo, sobre el caso concreto atendió las acusaciones vertidas en apelación; por ello, sobre la vulneración al derecho a la defensa acusada en apelación, el Ad quem expuso que la actuación del oficial de diligencias se sujetó a lo establecido en la normativa, al citar mediante cédula al demandado en presencia del testigo de actuación debidamente identificado; toda vez que, no pudo ser encontrado en su domicilio de forma personal.

- Con relación a la errónea interpretación normativa, el recurrente en apelación recurrió que la posesión contemplada desde diciembre del 2011 no debió ser tomada en cuenta porque la demandante no ejerció el “animus domini”; ante esta afirmación, el Tribunal de apelación infirió que, se consideró la presentación y producción de pruebas ofertadas por la parte demandante, elementos que permitieron demostrar la posesión del inmueble desde el momento que canceló el monto convenido mediante documento privado cursante a fs. 3 y vta., certificación emitida por la junta vecinal de la urbanización del terreno en litigio, recibo por pago de impuestos y pago de servicios básicos, elementos fácticos que demuestran su comportamiento de propietaria, concordantes con las construcciones que realizó en el predio en controversia.

- Respecto a la fundamentación y motivación que fue objeto de acusación el medio recursivo, el Ad quem expuso que la Sentencia recurrida disgregó y desglosó la relación fáctica tomada en cuenta que guarda total concordancia con la normativa aplicada por la que se dirimió la causa en primera instancia.

- Dentro de las acusaciones contra la valoración probatoria, en el Auto de Vista se detalló el análisis realizado sobre el documento privado saliente a fs. 3 y vta., suscrito entre la demandante y el demandado, las facturas de servicios básicos emitidas a nombre de Zulma Apaza Mamani del predio objeto de la causa.

- Por otro lado, el recurrente en apelación manifestó que en primera instancia no se asignó el correcto valor probatorio a los elementos cursantes en obrados; por tal argumento, la Autoridad de apelación dirimió que la demandante acompañó a su demanda las pruebas pertinentes que se encontraban en su poder, individualizando el lugar y las características del inmueble sobre el que se pretende la usucapión.

- Otro tópico dirimido en grado de apelación radicó en la existencia de la Carta notariada de septiembre de 2019; en ese entendido, el Tribunal de apelación resaltó que no existe prueba o certeza que dicho documento notariado haya cumplido su finalidad y se haya entregado a Zulma Apaza Mamani.

- En lo concerniente a las pruebas testificales, el Ad quem recalcó que la acción de adquisición por prescripción en una causa jurídica se basa en la valoración de la prueba y la aplicación de la sana crítica; con esta premisa, rescató el hecho que todas las pruebas aportadas en el caso de autos dejan en evidencia el extremo descrito líneas arriba; motivo por el que no correspondió dar lugar a las acusaciones descritas en el recurso de apelación interpuesto.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por escrito de fs. 228 a 235, interpuesto por José Antonio Maldonado Luna representado legalmente por Marco Antonio Velasco Delgadillo, en consecuencia, esta Sala emitió el Auto Supremo N°1246/2023, de 05 de diciembre, visible de fs. 255 a 261 vta., declarando INFUNDADO el aludido recurso de casación contra el Auto de Vista N°624/2023, de 29 de agosto, sin costas ni costos por no haberse contestado el mismo.

4. Auto Supremo que fue objeto de acción de amparo constitucional resuelto mediante Resolución Constitucional N°307/2024 de 27 de noviembre, corriente de fs. 306 a 312 vta., mediante el cual se ordenó dejar sin efecto el Auto Supremo N°1246/2023 de 05 de diciembre; y, se dicte uno nuevo de acuerdo a los razonamientos desarrollados en el fallo constitucional.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

La recurrente en el recurso de casación alegó:

En la forma

Incorrecta valoración de la prueba; toda vez que, la resolución impugnada no cumple con lo previsto en el Art. 145.II del Código Procesal Civil, el criterio del Ad quem supuso erradamente que no existe elementos que generen convicción sobre la carta notariada a la demandante.

En el fondo:

a) Que, el Auto de Vista N° 624/2023 no es concordante con lo establecido en los arts. 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil, pues omite considerar prueba documental que resulta fundamental para emitir una resolución concordante a los hechos.

Con este antecedente, el recurrente desglosó la errónea apreciación de la prueba aportada para sustentar su derecho; sin embargo, resaltó que el Tribunal de apelación debió fundamentar el motivo del porqué se tomaron en cuenta las pruebas para emitir su criterio en contraposición a las demás, así también debió explicar la razón por las que desechó las otras pruebas; toda vez que, solicitó el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, como indica el art. 261.I num. 4, concordante a la fuerza mayor que impidió que el demandado y ahora recurrente tome conocimiento de la demanda por la deslealtad procesal con la que actuó su contraparte.

Que, la Autoridad de apelación valoró las pruebas aportadas por el recurrente de forma incorrecta y direccionada; ante este hecho, respecto a la negativa del diligenciamiento de prueba en segunda instancia contradictoriamente afirmó que dicha determinación carece de fundamento y motivación, habida cuenta que no se consideró como fuerza mayor el impedimento que tuvo para tomar conocimiento del proceso de forma oportuna, hecho que contravino el principio de verdad material y la priorización del derecho material sobre el formal.

b) Concordante con lo descrito, señaló que el Ad quem omitió, incumplió y violó la ley por no asignar un valor probatorio adecuado a la carta notariada cursante de fs. 147 a 148, con relación a lo señalado en el acta de inspección judicial de fs. 109 a 115, sin exponer la discordancia entre estos dos actuados procesales, sin embargo, sobre este hecho, reiteró la falta de aplicación de los arts. 1286 del sustantivo civil y 145 del adjetivo civil.

En ese entendido, puntualizó la errónea interpretación jurídica en la que incurrió el Ad quem sobre la prueba visible de fs. 147 a 148, por ello, señaló que en caso de tomarse en cuenta esta prueba, el fallo de primera instancia sería contrario; toda vez que, con dicha carta notariada se interrumpió el plazo de la prescripción con base a los arts. 1503 y 1505 del Código Civil; al respecto, señaló que en segunda instancia no se fundamentó ni motivó la valoración de otra prueba que contraste la mencionada carta notariada, en consecuencia, acusó que el Auto de Vista es arbitrario porque refiere que dicho escrito al ser un documento certificado por autoridad fedataria enviste de credibilidad inherente y legalidad de conformidad a los arts. 1286 del Sustantivo civil y 145.II del Adjetivo Civil.

c) Afirmó que el Tribunal de apelación emitió un criterio subjetivo con base en una opinión carente de fundamentación y motivación; toda vez que, al tiempo de rechazar el diligenciamiento de la carta notariada expresó la existencia de un procedimiento normativo para interrumpir el término de prescripción, sin explicar cuál sería el referido procedimiento, hecho que le dejó en estado de indefensión, tomando en cuenta que las determinaciones deben ser entendibles, coherentes, fundadas y motivadas.

Denotó el criterio equívoco sobre la interpretación jurídica sobre la mencionada carta notariada de fs. 147 a 148, toda vez que dicho escrito puso de manifiesto su derecho propietario, sin embargo, el Ad quem indicó que no existe prueba de que dicha nota haya sido entregada y esta determinación resultó lesiva por no tener fundamentación.

d) Manifestó que la carta notariada fue el elemento por el que se interrumpió el término de la prescripción adquisitiva, por este hecho, señaló que el Tribunal de apelación violó los preceptos establecidos por los arts. 136, 1503, 1505 y 1506 del Código Civil; arguyó que de haberla considerado se debió tomar en cuenta para contemplar la interrupción del término de diez años para que opere la usucapión, en ese entendido, señaló el razonamiento de los Autos Supremos N° 259/2017 de 09 de marzo y N° 96/2018 de 05 de marzo.

Con esa exposición, afirmó que al valorarse de forma correcta la carta notariada se debió tomar en cuenta que en ella se intimó a la demandante a devolver el predio; por este hecho, respaldó su argumento en los mencionados lineamientos jurisprudenciales al haber dirigido y entregado el escrito notariado a la demandante el 18 de septiembre de 2018 (sic), ante esta hipótesis, recalcó que el término exigido para que opere la usucapión fue interrumpido dos años antes, además, que este hecho dejó en relieve la intención de mantener y hacer valer su titularidad al intimar a que devuelva el predio objeto del proceso.

Ante el incumplimiento del término para que opere la prescripción adquisitiva el recurrente indicó que debe declararse improbada la demanda, por tal motivo, solicitó se admita su recurso de casación interpuesto, en consecuencia, se case el Auto de Vista N° 624/2023 y su Auto complementario de fecha 26 de septiembre.

2. De la contestación al recurso de casación.

Habiéndose notificado a la parte contraria con el recurso de casación, no respondió a la misma.

3. Del contenido de la Resolución Constitucional N° 307/2024 de 27 de noviembre.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución Constitucional N° 307/2024, de 27 de noviembre de 2024, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo N° 1246/2023 de 5 de diciembre, disponiendo que los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitan uno nuevo acorde a los razonamientos desarrollados en la Resolución Constitucional, bajo los siguientes argumentos:

Que, la prueba cursante en obrados, correspondiente a la carta notarial de fecha 16 de septiembre de 2019 (fs. 149 y 150) no ha sido debidamente valorada y que se haya reconocido en la Ley del Notariado, como un documento protocolar; asimismo, infiere dicha Resolución Constitucional que la decisión transcrita en el Auto Supremo N°1246/2023 no se encuentra debidamente fundada y motivada, no siendo simplemente necesario señalar que “…le causa duda porque no tiene fecha, o no identifica o que ésta no es clara en su registro”, razonamiento con el que se infiere se pone en duda un documento notarial en sí mismo, lo que implica se estuviere poniendo en tela de juicio su validez y si ese es el argumento, pues se deberá demostrar de manera correcta y valorar esa prueba.

Así también señala que, cuando se hace correctamente la valoración de la prueba, la parte accionante entiende los motivos de la decisión, así también el tercero interesado, apercibiendo cuales fueron las razones de su determinación, pero “señalar y basar toda una decisión simplemente en que le causa duda porque no tiene fecha, o identifica o que ésta no es clara en su registro, es poner no solamente en duda un documento, porque no es cualquier documento, estamos hablando de la función notarial misma, y en este caso está siendo puesto en tela de juicio, y si ese es el argumento para aceptar o rechazar la solicitud del accionante, pues deberá fundamentar de manera correcta y valorar ésta prueba”.

Finalmente señala que “no resulta para éste tribunal de garantías razonable la valoración que se ha hecho de la carta notariada de 16 de septiembre de 2026, no es razonable, aclare, especifique, ponga en un contexto normativo, identifique la clase de documento, realice una valoración razonable, equitativa, acorde a los antecedentes otorgándole el valor que corresponde, al encontrarse ésta alejada de una valoración racional y por supuesto es fundamental su valoración porque el debate que ha circunscrito su objeto en verificar si ésta carta interrumpe o no el término de la prescripción y el concluir que ésta no interrumpe es inclusive faltar a los presupuestos que han sido establecidos en el Art. 138 del Código Civil porque es precisamente los elementos constitutivos de la usucapión que deben estar claramente identificados para que una persona adquiera extraordinariamente el derecho propietario, en éste caso no sabemos si otra prueba fue valorada o no lo fue, pero eso no es objeto de ésta acción de amparo, lo que si encontramos que al haber basado su fundamentación y motivación la parte accionada en una errónea valoración de la prueba pues ésta no corresponde y debe ser sustraída del ordenamiento jurídico determinando lo siguiente”.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III. 1. Con relación a la valoración de la prueba.

Mostrando 51 de 102 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso