AS/0407/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0407/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: LP-20-25-S

Partes: Carlos Genaro Catacora Burgoa representado por Julio Abdón Catacora Burgoa c/ Raúl Aguilera Montecinos.

Proceso:Resolución de contrato, restitución de dinero y resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 958 a 964, interpuesto por Raúl Aguilera Montecinos contra el Auto de Vista Nº 641/2024, de 10 de octubre, corriente de fs. 928 a 936, emitido por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato, restitución de dinero y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Carlos Genaro Catacora Burgoa representado por Julio Abdón Catacora Burgoa contra el recurrente; las contestaciones de fs. 967 a 972 vta., y de fs. 974 a 977 vta.; el Auto de concesión de 08 de enero de 2025, visible a fs. 978, el Auto Supremo de admisión N° 071/2025-RA de 04 de febrero, obrante de fs. 984 a 988 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Carlos Genaro Catacora Burgoa por memorial de fs. 55 a 60 vta., ratificada a fs. 151, y reiterada a fs. 165 y 166, promovió demanda ordinaria de resolución de contrato, restitución de dinero y resarcimiento de daños y perjuicios contra Raúl Aguilera Montecinos, quien una vez citado, al no haber contestado dentro del término establecido, mediante Auto de 26 de febrero de 2021 a fs. 176 vta., se declaró su rebeldía; apersonándose mediante escrito de fs. 665 a 668 vta., e interpone incidente de nulidad, que fue rechazado por Resolución N° 639/2022, de 12 de septiembre de fs. 709 a 713; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 860/2022, de 22 de noviembre, obrante de fs. 743 a 748 vta., en la cual el Juez Público Civil y Comercial 3° de la ciudad La Paz, declaró PROBADA la demanda y en cuanto a los daños y perjuicios dispuso se califiquen en ejecución de Sentencia, con costas y costos, por memorial a fs. 803 Carlos Genaro Catacora Burgoa representado por Julio Abdón Catacora Burgoa solicita el embargo preventivo sobre la propiedad con Matricula Computarizada N° 2.01.099.0141682, por lo que mediante Resolución N° 399/2023, de 15 de mayo visible a fs. 805 y vta., dispone el embargo preventivo.

2. Resoluciones de primera instancia que al haber sido apeladas por Raúl Aguilera Montecinos mediante escrito de fs. 765 a 768 y de fs. 808 a 809 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista Nº 641/2024, de 10 de octubre, corriente de fs. 928 a 936, que CONFIRMÓ la Resolución N° 639/2022, de 12 de septiembre de fs. 709 a 713, REVOCÓ en parte la Sentencia N° 860/2022, de 22 de noviembre, cursante de fs. 743 a 748 vta., disponiendo declarar probada en parte la pretensión de pago de daños y perjuicios y CONFIRMÓ la Resolución N° 399/2023, de 15 de mayo visible a fs. 805 y vta., en base a los siguientes argumentos:

Cursa contrato privado de compraventa de acciones y derechos del bien inmueble ubicado en la Av. Esteban Arce N° 1914 de Villa San Antonio de co propiedad del demandado Raúl Aguilera Montecinos, corroborado por cedula de identidad, que tiene carácter indefinido, consecuentemente no se tiene que la citación con la medida preliminar de reconocimiento de firmas y rubricas hubiere sido en domicilio distinto al señalado.

Si bien se adjunto contrato de anticresis de fs. 657 a 658, empero fue suscrito el 13 de noviembre de 2018, con vigencia de un año; es decir, antes de la interposición y citación con la demanda preliminar.

De la misma forma, la apelación tiene argumentos genéricos y retóricos, toda vez que, no especifican de que manera se le habría causado indefensión; asimismo, no precisa cuales son los medios de defensa que se hubiera visto privado oponer o ejercer; por lo que, no cumplió con el principio de trascendencia.

Respecto al fondo de la problemática; la parte demandada incumplió inicialmente con el compromiso para promover la venta de las acciones restantes en 40%; estando, inclusive, el bien inmueble en litigio desde 26 de marzo de 2014; esto es, en proceso de división y partición, mismo que se encontraba en etapa de ejecución de fallos; por ello, aún cuando se hubiera cumplido con el pago total de la venta, el vendedor no cumplió con su obligación.

En contrapartida el demandante cumplió parcialmente su obligación, con la entrega de $us. 50.000.- conforme recibo de fs. 5, comprobante de fs. 50 y confesión provocada de 14 de octubre de 2022 cuya acta sale de fs. 728 a 732, resultando procedente la resolución, no evidenciando falta de valoración integral de la prueba.

Por otro lado, la parte actora no acreditó que haya disminuido su patrimonio al realizar el pago parcial del precio de compraventa; por ende, no acreditó el lucro cesante ni el daño emergente, toda vez que no corroboró el nexo directo entre el hecho generador y el daño emergente, ni el lucro cesante.

Sin embargo, de lo anterior, conforme el documento base de la causa, resulta pertinente el art. 347 del Código Civil y art. 118 num. 3 del Código Procesal Civil; toda vez que, porque es acertado condenar el pago de los intereses a partir de la citación con la demanda, lo cual correrá hasta el momento en que se cumpla restitución del monto establecido en calidad de pago del precio de la compraventa, y no como erróneamente señala el A quo, “…evidenciándose agravio que debe ser reparado…”.

Finalmente, de la revisión de obrados, el recurrente solo interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, contra la Resolución N° 399/2023; es decir, que se interpuso un recurso erróneo, no resultando admisible frente a los principios de legalidad, buena fe y lealtad procesal; además de no haber considerado lo previsto por el art. 310.III, 326.I.4 y 5, así como el art. 313 del Código Procesal Civil.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Raúl Aguilera Montecinos según escrito que corre de fs. 958 a 964, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Que al declarar probada la demanda no se realizó una correcta valoración de la prueba, vulnerándose el art. 568 del Código Civil; toda vez que el demandante debia hacerle conocer que contaba con la suma de $us. 25.000.-, para hacer efectiva la compraventa; lo cual no aconteció; consecuentemente, no correspondía el cálculo de daños y perjuicios; ya que, desde la suscripción del documento, se encuentra en posesión del bien, no existiendo daño patrimonial.

Fundamentos por los cuales solicitó se revoque la Sentencia y se declare improbada la demanda de resolución de contrato.

2. Contestación al recurso de casación:

a) Ernesto Gonzales Torralba, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 967 a 972 vta. alegando en lo principal que:

El recurso resulta dilatorio e inapropiado debido a que carece de argumentos ciertos y demostrables; ya que, no se acreditó un agravio que vulnere algún derecho que puede ser objeto de análisis, limitándose a reiterar y reproducir una retórica que no es propia de un recurso de casación.

Quien actuó de mala fe absoluta e inobjetable fue el demandado Raúl Aguilera Montecinos, no solo con el demandante, sino con sus hermanas y hermano, co propietarios del bien inmueble, llegando a afectar el derecho de propiedad de cada uno de ellos.

La transferencia fue de mala fe, porque solo le pertenecía el 20% del bien inmueble; habiéndose declarado en el proceso de división y partición que el mismo era de propiedad de una pluralidad de herederos; estando en trance de remate y subasta; por ello, asumió una obligación imposible de cumplimiento; por lo cual, es el único que debe devolver la suma entregada, más los intereses legales actualizados y otros conceptos por daños y perjuicios.

No se tiene prueba alguna que demuestre que el demandante se encuentre en posesión, siendo que el inmueble esta cerrado sin que los hermanos y herederos puedan tener acceso al indicado bien.

Por lo referido, solicitó “confirmar” el Auto de Vista recurrido, sea con costas y costos.

b) Carlos Genaro Catacora Burgoa representado por Julio Abdón Catacora Burgoa, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 974 a 977 vta. exponiendo en lo principal que:

Las alegaciones del demandado son inconsistentes; toda vez que, se demostró la devolución del dinero de $us. 50.000.-, más el resarcimiento del interés legal del 6% anual desde la citación con la demanda.

Los argumentos se limitan a cuestionar que en ningún momento el demandante habría avisado que tiene el saldo; empero como pretendía ello, sino se tenia realizadas las gestiones para la venta del 40% del inmueble objeto de venta.

Se alega que se tendría la posesión; empero, como se verificó en audiencia de inspección judicial, las chapas fueron cambiadas intempestivamente, y cuando surgieron problemas con los herederos, el mismo -demandante- exigió la devolución del dinero.

Las herramientas y maquinaria que se habían dejado en el inmueble, fueron desapareciendo; por ello, se hacían los depósitos por demandado.

Aspecto importante es que, cuando se entregó el dinero, ya existía el proceso de división y partición del cual el demandado en ningún momento puso en conocimiento; extremo que, acredita el actuar doloso y de mala fe; correspondiendo la restitución y/o devolución de dinero más el resarcimiento de daños y perjuicios.

Por lo referido, solicitó se considere “ex oficio” la inadmisibilidad del recurso de casación, disponiéndose la “ratificatoria” del Auto de Vista, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la resolución del contrato.

Nuestro ordenamiento sustantivo civil en su art. 568 refiere que: “(Resolución por incumplimiento). - I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. II. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato; y el demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda”; de lo expuesto se deduce que la parte contratante que cumplió con su prestación, ante el cumplimiento de la otra parte, puede demandar la resolución o exigir el cumplimiento de la prestación debida del otro contratante.

Ahondando en la resolución de contrato, corresponde citar el aporte doctrinario del tratadista Guillermo A. Borda, quien en su obra de “Tratado de Derecho Civil”, refiere: “La resolución no es el resultado de un nuevo contrato (como ocurre en la recisión bilateral) sino que supone la extinción del contrato por un hecho posterior a la celebración; hecho que a veces es incalculable a la otra parte (como es por ejemplo el incumplimiento) o que puede ser extraño a la voluntad de ambas (como ocurre en ciertos supuestos de condiciones resolutorias), la resolución del contrato puede operar ipso iure, (como sucede en la condición resolutoria) o bien puede requerir la manifestación de voluntad de la parte interesada en ella (como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en el incumplimiento de la contraria)”

En este mismo entendido la extinta Corte Suprema de Justicia, con la cual este Tribunal Supremo de Justicia comparte criterio, emitió el Auto Supremo Nº 61/2010, dispuesto por la Sala Civil, donde de manera amplia y completa orientó que: “Celebrado el contrato, es lógico suponer que el mismo se extinguirá por el cumplimiento de las prestaciones convenidas por las partes al momento de su celebración, por ello el cumplimiento constituye el modo normal en que concluye un contrato. Empero, es posible que determinadas situaciones, pongan fin al contrato cuando aún no se han satisfecho las prestaciones acordadas.

Como se ha señalado, el contrato puede sufrir la influencia de circunstancias o de hechos sobrevivientes o de un comportamiento de la contraparte posterior a la formación del mismo, que alteren la relación entre los contratantes, o bien perturben el normal desenvolvimiento del contrato, de modo que éste no puede continuar vinculando a las partes en el modo originario en que lo pactaron. Por ello como señala Messineo, se ha preparado el remedio de la resolución a demanda y en beneficio de aquella de las partes respecto de la cual el contrato - a causa del comportamiento de la contraparte o por otra razón objetiva- viene a ser un motivo de sacrificio patrimonial soportarlo sin retribución o bien sin retribución adecuada en lugar de ser el instrumento para la consecución del fin que la parte se había propuesto.

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