AS/0409/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0409/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: LP-15-25-S

Partes: Nely Huentita Salcedo c/ Senobio Ilari Callisaya

Proceso: Acción de repetición.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 455 a 460 vta., interpuesto por Senobio Ilari Callisaya contra el Auto de Vista Nº 679/2024, de 31 de octubre, corriente de fs. 395 a 399, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de acción de repetición seguido por Nely Huentita Salcedo contra el recurrente; la contestación de fs. 463 a 466; el Auto de concesión de 10 de enero de 2025, visible a fs. 467; el Auto Supremo de admisión N° 062/2025-RA, de 04 de febrero, obrante de fs. 473 a 474, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Nely Huentita Salcedo, por memorial de demanda que discurre de fs. 53 a 55 vta., subsanado por escritos de fs. 59 a 61 vta., y reiterado de fs. 77 a 79, promovió el proceso ordinario de acción de repetición contra Senobio Ilari Callisaya, quien una vez citado, mediante escritos que discurren de fs. 192 a 193 vta., se apersonó y contestó de manera negativa y planteó excepciones previas de demanda defectuosa e incompetencia, pretensión que fue resuelta en audiencia preliminar de 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 314 a 316, que declaró desistidas las excepciones; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 126/2023, de 01 de junio, que cursa de fs. 319 a 321, en la que la Juez Público Civil y Comercial 6° de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, declaró PROBADA la demanda, con costas y costos, disponiendo que la parte demandada Senobio Ilari Callisaya proceda al pago total de la suma de Bs. 85.199.73, monto que corresponde al 50% de la suma total de Bs. 179.399.46 que fue cancelado por la parte demandante a la entidad financiera Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Para la Vivienda la Primera.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Senobio Ilari Callisaya, según memorial de fs. 329 a 332, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 679/2024, de 31 de octubre, corriente de fs. 395 a 399, que CONFIRMÓ la Sentencia impugnada, con los siguientes argumentos:

Respecto al primer agravio en el que se acusa errónea aplicación del art. 365.II de la Ley N° 439; de la revisión de obrados, se advierte que de fs. 314 a 316, cursa acta de audiencia de 15 de mayo de 2023, en la que se hizo constar que la audiencia de 25 de abril de 2023, fue suspendida ante la incomparecencia de la parte demandada, por lo que la autoridad le otorgó el plazo de tres días a efectos de justificar su no presencia; sin embargo, la parte demandada no justificó documentalmente su falta al actuado, por lo que se aplicó el art. 365.II del Código Procesal Civil; luego habiendo tomado conocimiento de tal disposición, no realizó reclamo alguno, menos interpuso recurso de impugnación, deduciéndose su acuerdo con la disposición judicial, incluso en la audiencia de 15 de mayo de 2023, tampoco justifico documentalmente su incomparecencia, por lo que al haber recién traído la impugnación en recurso de apelación, no corresponde ser acogido, por haber operado la preclusión.

Respecto a los agravios segundo y cuarto, el elemento subjetivo de la acción de repetición de pago, se centra indiscutiblemente entre el que recibe el pago y el que paga, estando este último -sea este de buena o mala fe- la repetición de lo pagado; el elemento objetivo es la existencia de un pago, y que este carezca de una causa justificada. En el caso, la parte recurrente, deduce que la parte actora no acredito su pretensión, además que la autoridad A quo, no consideró el pago de Bs. 77.858,81 que realizó antes de la interposición de la demanda, por lo que solo le correspondería cancelar Bs. 7.340,92. No es evidente lo manifestado por la parte recurrente, toda vez que se acreditó que la parte actora cumplió con la obligación contraída, más aun cuando la entidad financiera, remitió a la presente causa los extractos bancarios, así como los comprobantes de fs. 198 a 260, en los que se hace constar expresamente que quien canceló el saldo del crédito obtenido entre los ex cónyuges, fue Nelly Huentita, pues inclusive, de los elementos de prueba cursantes de fs. 131 a 177, referentes a extractos bancarios, y comprobantes de pago, no desvirtúan la pretensión de la parte actora, toda vez que son anteriores a la emisión de la Resolución 125/2019, de 21 de enero; es decir, antes de determinarse la ganancialidad de la deuda, por lo que no se advierte agravio que reparar.

Respecto al tercer agravio, referida a la errónea constancia de la fecha de Sentencia, de la revisión de obrados, a fs. 302 cursa disposición judicial de 20 de marzo de 2023, por el cual se fijó audiencia preliminar para el 25 de abril del mismo año, el que fue desarrollado conforme el acta a fs. 307 y vta., luego suspendida ante la inasistencia de la parte demandada; a fs. 312 cursa disposición judicial por el que se reprogramo la audiencia preliminar para el 15 de mayo de 2023, el que se llevó a cabo conforme al acta de fs. 314 a 316 en la que se dictó la parte dispositiva de la Sentencia, fijándose audiencia de lectura para el 01 de junio de 2023, el que fue desarrollado, conforme se tiene del acta a fs. 318; por lo que no resulta evidente la discordancia entre la fechas supra referidas, las mismas siguen un orden cronológico; sin perjuicio de lo referido, el error en la transcripción de la fecha de emisión de la Sentencia, no es causal de nulidad, como pretende la parte, más aun cuando se advirtió que no existe incoherencia entre la secuencia de actos, máxime cuando debe prevalecer el derecho sustancial sobre el formal y por el principio de trascendencia, no es gravitante para declarar la nulidad de la resolución apelada, por lo que no existe vulneración del art. 213.II num. 8 del Código Procesal Civil.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Senobio Ilari Callisaya, mediante memorial de fs. 455 a 460 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Auto de Vista N° 679/2024, de 31 de octubre, incurre en falta de fundamentación y motivación, porque solo transcribió algunas Sentencias Constitucionales y Autos Supremos, con el fin de justificar la Sentencia N° 126/2022, para luego sostener que no existe agravios sufridos.

b) Incurre en aplicación errónea de la Ley, porque le condena a un pago injusto, sin analizar el núcleo del problema y lo principal de la impugnación.

c) Infringe el derecho al debido proceso y a la defensa porque conforme al art. 365.II y III, ante la ausencia de su persona a la audiencia preliminar, la misma debió suspenderse y en la próxima audiencia correspondía dársele la oportunidad de justificar, aspecto que no se le permitió.

d) Incurrió en apreciación errada de las pruebas, porque no se consideró, sus pruebas aportadas en el proceso, bajo el argumento de que su persona no concurrió a la audiencia preliminar, sin tomar en cuenta que conforme al art. 368.II del Código procesal Civil, no se deja de diligenciar las pruebas por ausencia de una de las partes.

Fundamentos por los cuales, solicita se case la Sentencia Nº 126/2023 y el Auto de Vista Nº 679/2024, dejando sin efecto dichos fallos y se disponga la devolución al juzgado de origen, para efectos de procedimiento.

2. Contestación al recurso de casación:

Nely Huentita Salcedo, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 463 a 466, solicitando en lo principal que:

Los argumentos expuestos en el recurso de casación son los mismos fundamentos de la apelación, que ya fueron resueltos por el Tribunal de alzada, por lo que no señala cuales son los hechos y derechos infringidos, violados o aplicados indebidamente o erróneamente interpretados por el Auto de Vista impugnado.

El Auto de Vista resolvió de manera objetiva, fundamentada, razonada y congruente los argumentos de apelación; al margen, lo medios probatorios mencionados fueron renunciados en la audiencia preliminar y aceptados por la parte ahora recurrente de casación, por lo que no existe agravio alguno referido en el Auto de Vista.

Por lo referido, solicitaron se declare infundado el recurso de casación, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la repetición entre coobligados.

El Auto Supremo N° 364/2016, de 19 de abril, en referencia al art. 440 del Código Civil, señaló: “I El deudor que ha satisfecho la obligación mancomunada solidaria puede repetir contra los otros codeudores solo por la parte que corresponde a cada uno de ellos.

II.- Si alguno resulta insolvente se distribuye su parte por contribución entre los otros coherederos, incluyendo al que ha efectuado el cumplimiento.

III.- La misma regla se aplica cuando se vuelve insolvente el codeudor en cuyo interés exclusivo se asumió la obligación.

De las normas referidas se establece que el deudor que ha cancelado una obligación mancomunada solidaria puede ejercer la acción de cobro (acción de repetición) a los otros codeudores en la parte que les corresponde, utilizando para ellos los mecanismos legales que estén a su alcance, derecho que le asiste hasta cubrir todo lo que le corresponda. En caso de insolvencia responde los otros coherederos realizando contribución incluyendo el deudor que ha honrado la obligación, igual tratamiento se da al existir insolvencia del codeudor en cuyo interés exclusivo se asumió la obligación” (Las negrillas nos corresponde).

III.2. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

El Auto Supremo Nº 410/2019, de 24 de abril, estableció: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación.

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece.

En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica ‘la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley’ que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad.

Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico…” (El resaltado nos corresponde).

III.3. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el tema, el Auto Supremo N° 812/2024, de 22 de julio, señaló: “Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (…). ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, …’.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3, de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”. (El resaltado nos corresponde).

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