AS/0413/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0413/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: LP-12-25-S

Partes: Fuerza Aérea Boliviana representada por Jimmy Vásquez Rodriguez c/ German Antonio Quevedo Peña y Antonio Ossandon Otero.

Proceso: Nulidad de Escritura Pública.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 957 a 963 interpuesto por la Fuerza Aérea Boliviana representada por Jimmy Vásquez Rodríguez, contra el Auto de Vista N° 625/2024 de 27 de septiembre, corriente de fs. 940 a 952 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad escritura pública seguido por el recurrente contra de German Antonio Quevedo Peña y Antonio Ossandon Otero; el Auto de concesión de 30 de diciembre de 2024, visible a fs. 972, el Auto Supremo de admisión N° 045/2025-RA de 27 de enero, obrante de fs. 979 a 980 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. La Fuerza Aérea Boliviana representada por Jimmy Vásquez Rodríguez por memorial de demanda que discurre de fs. 325 a 326 vta., subsanado a fs. 328, promovió el proceso ordinario de nulidad de escritura pública, contra German Antonio Quevedo Peña y Antonio Ossandón Otero, quienes una vez citados, al no contestar la demanda dentro del plazo previsto por ley, fueron declarados rebeldes por Auto de 12 de octubre de 2006 visible a fs. 342; German Antonio Quevedo Peña, por memorial de fs. 412 a 415 vta., se apersonó, contestó de manera negativa y reconvino por reivindicación, acción negatoria y resarcimiento de daños y perjuicios, pretensiones que merecieron providencia de 24 de marzo de 2007 visible de fs. 416, que declaró no ha lugar a la contestación y reconvención por estar fuera de término; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 384/2021, de 6 de mayo, que cursa de fs. 814 a 821, en la que la Juez Público Civil y Comercial 15° de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA en parte la demanda de nulidad de contrato, en consecuencia nulo y sin valor legal el contrato de transferencia de los locales comerciales 1 y 2 del edificio comercial Asbun Nuevo ubicado en la calle Yanacocha esquina Mercado, e IMPROBADO el pago del adeudo de $us. 33.000.- y el registro de los locales comerciales en favor de la Fuerza Aérea Boliviana, con costas a los demandados, por Auto de 9 de agosto de 2021 visible de fs. 829 y vta., se rechazó la solicitud de aclaración y complementación.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por la Fuerza Aérea Boliviana representada por Marco Antonio Aramayo Torrez y por German Antonio Quevedo Peña, según escritos de fs. 832 a 833 y de fs. 867 a 880, respectivamente, originó que la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 625/2024, de 27 de septiembre corriente de fs. 940 a 952 vta., donde se REVOCÓ la determinación impugnada declarando improbada la demanda, además de confirmar la Resolución N° 064/07 de 10 de febrero de 2007 de fs. 374 a 374 vta., y declarar inadmisible el recurso de apelación a fs. 535 y vta., en base a los siguientes argumentos:

La autoridad judicial cumplió taxativamente lo previsto por el Código de Procedimiento Civil; pues, posterior a la admisión de la demanda, se realizó el juramento de desconocimiento de domicilio, cuya acta cursa a fs. 330; para posteriormente, designarse defensor de oficio.

El Juez de instancia dispuso medida de mejor proveer directamente relacionadas a lo denunciado y afirmado por la parte demandada; en consecuencia, la autoridad judicial no desconoció lo comunicado por Germán Quevedo Peña; por lo cual, no evidencian indefensión alguna.

Sobre el recurso de apelación concedido en el efecto diferido, en contra de la Resolución N° 837 “A”/08 de fs. 518 y vta., se tiene que la impugnación fue interpuesta fuera del plazo otorgado por ley.

Por otro lado, no corresponde anular la Sentencia, por dictarse fuera de plazo; sino lo contrario, pronunciarse sobre el fondo de los reclamos recursivos en pro de brindar una justicia pronta y oportuna; en ese sentido, no merece anularse el proceso, por no haberse dado movimiento a la causa, más aún cuando la parte demandante dio continuidad al proceso durante toda la tramitación.

De la lectura de la Escritura Pública N° 10/1985 de fs. 106 a 112, objeto de la pretensión de nulidad; se tiene que la misma, refiere a la compraventa de los locales comercial 1 y 2, teniendo como causa-finalidad, que el vendedor reciba el precio y el comprador adquiera la cosa; en ese sentido, el demandante solo realizó meras afirmaciones sobre el motivo de ambos contratantes; sin embargo, no se acreditó que el acto impugnado hubiere sido promovido por un motivo contrario al orden público y las buenas costumbres, o que el motivo sea ilícito.

Asimismo, el co demandado, German Quevedo, no tenía conocimiento del proceso penal militar seguido en contra de Antonio Ossandon; toda vez que, al momento de realizar el contrato de compraventa no existía el citado proceso; sino que, conforme informe de Derechos Reales visible a fs. 736 y vta., tampoco existía gravamen inscrito sobre el bien inmueble; no estando advertido, la co demanda, de los actos cometidos por su vendedor; por lo cual, no se tiene motivos para atribuir mala fe, tampoco para declarar la concurrencia de motivo ilícito.

Siguiendo la línea del Auto Supremo N° 252/2013, no se advierte que concurran causa ni motivo ilícito en la formación del contrato de compraventa de los locales comercial 1 y 2 del Edificio Asbun Nuevo.

De las fotocopias legalizadas del proceso penal militar, se tiene que el co demandado, se apersonó a la causa y solicitó la restitución del inmueble, asimismo acudió al Ministerio de Defensa y a la justicia ordinaria a través de proceso de reivindicación que cuenta con Sentencia N° 134/2017, Auto de Vista N° S-782/2018 y Auto Supremo N° 556/2019, mismas que dieron curso a la restitución de los locales comerciales 1, 2 y 3 a favor de German Antonio Quevedo Peña, y desconocieron el derecho de la Fuerza Aérea Boliviana, por lo cual el referido si realizó reclamo para la restitución del inmueble en diferentes vías legales.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por la Fuerza Aérea Boliviana representada por Jimmy Vásquez Rodriguez según escrito de fs. 957 a 963, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Falta de valoración y carencia de fundamentación en el Auto de Vista, puesto que no se considera toda la prueba producida, ni la existencia de una anotación preventiva; en suma, se alejó de la verdad de los hechos, de lo acontecido en el proceso sumario militar; asimismo, la falta de una fundamentación doctrinal en relación a la nulidad por causa y motivo ilícito, además de ser incongruente y vulnerar lo dispuesto por los arts. 485 y 519 del Código Civil.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó se emita una nueva resolución.

2. Contestación al recurso de casación:

Puesto en conocimiento de la parte demandada el recurso de casación, no tuvo respuesta alguna, emitiéndose el Auto de concesión de alzada de 30 de diciembre de 2024 visible a fs. 972.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la diferencia entre el recurso de casación en la forma y en el fondo.

Al respecto, el Auto Supremo N° 1178/2016-RI de 10 de octubre explicó que: “La Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, en su art. 271, al hacer referencia a las causales de casación, dispone: ‘I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.

II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores.

III. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista’.

Por su parte el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, de manera imperativa exige que el recurrente debe cumplir en expresar ‘…con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente’.

En relación a lo anterior, corresponde señalar que la uniforme línea Jurisprudencial asumida por éste Tribunal, al referirse al error ‘in judicando’ y a los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo en que incurre el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa, ha concretado que las figuras jurídicas conceptualizadas como violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; por otro lado, en relación a la apreciación de las pruebas se ha concretado que los conceptos de error de derecho y error de hecho, son también diferentes, porque en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no les dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador (Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, entre otros)”.

Por otro lado, el recurso de casación en la forma o recurso de nulidad propiamente dicho, procede por “error in procedendo” o de procedimiento, en cuyo caso, la fundamentación debe estar orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa siendo su objeto la nulidad de la resolución recurrida o del proceso, cuando al dictarse o tramitarse se violaron formas esenciales establecidas por ley como motivos de nulidad.

III.2. Sobre la causa ilícita

Al respecto el Auto Supremo 43/2018, de 14 de febrero 2018 sostuvo: “Enfocando el análisis sobre la ilicitud de la causa y la ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato, el art. 489 del Código Civil tipifica la causa ilícita señalando que: ‘La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa’; se hace preciso indicar que la causa como un elemento constitutivo del contrato, ‘está en la función económica-social que el contrato desempeña, que a decir de los hermanos Mazeud, ‘...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes’. Bajo esos términos el Auto Supremo Nº 120/2012 de 17 de mayo señaló que: ‘…resulta necesario aclarar que como señala Francisco Messineo, la causa, entendida como el fin económico-social, tiene una función teleológica (es el porqué del contrato). En otras palabras, para analizar la causa de un contrato debemos tener en cuenta el fin económico y social del mismo. En un contrato de venta el objeto es la transferencia de la propiedad de una cosa, en tanto que la causa, en términos generales, será el intercambio de una cosa a cambio de un precio y, en particular, para el vendedor la obtención del precio de la cosa, mientras que para el comprador la adquisición de la propiedad de la cosa; aunque con ello de ninguna manera se quiere decir que el precio sea realmente cancelado o la cosa realmente entregada’, por lo que la causa se enmarca al fin económico social que el contrato busca en su celebración, en ese entendido el contrato se considera nulo por ilicitud de la causa cuando la finalidad del contrato es contraria al orden público (contrato prohibido) o a las buenas costumbres (contrato inmoral) o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa (contrato ilegal)”.

III.3 De la valoración de la prueba.

Al respecto, el Auto Supremo N° 508/2019, de 23 de mayo, explico que, la valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”.

Empero esta actividad valorativa, se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo mérito el Auto Supremo N° 240/2015, de 14 de abril, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

De estas acepciones podemos inferir, para el caso en concreto, en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

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