AS/0414/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0414/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: CB-17-25-S

Partes: Jimena Merubia Vallejos, Lucia Marcelina Merubia Vallejos y Maritza Merubia Vallejos c/ George Henry Merubia Estabrooke.

Proceso: División y partición de bienes sucesorios.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 2254 a 2270, interpuesto por Lucia Marcelina Merubia Vallejos por sí y en representación de Maritza y Jimena ambos de apellidos Merubia Vallejos contra el Auto de Vista Nº 263/2024, de 02 de diciembre, corriente de fs. 2237 a 2250 vta., pronunciado por la Sala Civil, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de división y partición de bienes sucesorios, seguido por los recurrentes contra George Henry Merubia Estabrooke; la contestación de fs. 2273 a 2275; el Auto de concesión de 14 de enero de 2025, visible a fs. 2276; el Auto Supremo de admisión N° 099/2025-RA, de 12 de febrero, obrante de fs. 2282 a 2284, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Jimena Merubia Vallejos por sí y en representación de Lucia Marcelina y Maritza ambas de apellidos Merubia Vallejos, por memorial de demanda que discurre de fs. 37 a 45, subsanado por escritos de fs. 47 a 49 vta., promovió el proceso ordinario de división y partición de bienes sucesorios contra George Henry Merubia Estabrooke, quien una vez citado, mediante memorial de fs. 251 a 265 vta., contestó a la demanda en forma negativa e interpuso las excepciones de incompetencia, incapacidad de la parte demandante e impersonería de la apoderada, falta de legitimación en los términos de la demanda, demanda defectuosamente propuesta e indebida acumulación de pretensiones y prescripción, los cuales fueron resueltos mediante el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2022, obrante de fs. 987 a 999 vta., declarándolas IMPROBADAS; asimismo, el demandado promovió la demanda reconvencional sobre división y partición, declaración de claridad, precisión y validez de testamento abierto, y declaración de improcedencia de pago de dividendos y utilidades, mismo que al haber sido puesta en conocimiento de la parte contraria, por escrito visible de fs. 295 a 300, opuso la excepción de demanda reconvencional defectuosamente planteada, mismo que fue declarada PROBADA por resolución de 17 de agosto de 2022, determinación asumida en audiencia preliminar, cursante de fs. 987 a 997, ordenando que el reconvencionista adecue su pretensión a los requisitos exigidos por el art. 110 del Código Procesal Civil; determinación que luego fue impugnada por el demandado en la misma audiencia, y concedida en el efecto diferido, al igual que los medios de impugnación en contra del Auto de 17 de agosto de 2022 de fs. 983 a 986, Auto de 26 de octubre de 2022, visible de fs. 1250 a 1252, y lo dispuesto en Audiencia Complementaria de 15 de noviembre de 2022, corriente de fs. 1748 a 1761; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 008/2023, de 21 de marzo, que cursa de fs. 2049 a 2077 vta., en la que la Juez Público, Civil y Comercial 14° de la ciudad de Cochabamba, declaró PROBADA en parte la demanda principal de división y partición de bienes sucesorios, IMPROBADA respecto al beneficio de lucro cesante y daño emergente, PROBADA en parte la acción reconvencional en cuanto a la división y partición de las parcelas 005 y 006 y en cuanto a declarar la claridad, precisión y validez del testamento abierto contenido en la Escritura Pública Nº 372/2009 de 18 de noviembre, IMPROBADA referente a declarar la improcedencia de pago de dividendos y utilidades en la fábrica de quesos, ordenándose que una vez ejecutoriada la Sentencia se proceda a la división y partición de los bienes; y, por Auto de 12 de junio de 2023, visible de fs. 2107 a 2108, denegó la solicitud de aclaración complementación y enmienda.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por George Henry Merubia Estabrooke, según memorial de fs. 2135 a 2160, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 263/2024, de 02 de diciembre, corriente de fs. 2237 a 2250 vta., que REVOCÓ la Resolución de 17 de agosto de 2022 y declaró PROBADA la excepción de incompetencia en razón de materia deducida por el demandado y en consecuencia la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda inclusive, en base a los siguientes argumentos:

En cuanto a la Resolución de incidente sobreviniente de incompetencia en razón de materia, se tiene que, en audiencia preliminar de 17 de agosto de 2022, la parte demandada interpuso la excepción, al amparo del art. 128.III de la ley 439, tramitada la misma, se emitió el Auto de saneamiento, declarando sin lugar al saneamiento, disponiendo la prosecución de la causa. La apelación contra la resolución aludida señala que se incurre en apreciación irracional e ilegal de la prueba, motivación arbitraria y otorgación de un valor distinto a un medio de prueba y motivación incongruente. Del de la pretensión deducida en la demanda de división y partición de bienes muebles e inmuebles sucesorios, se tiene que la base del sustento se encuentra a partir de la Escritura Pública Nº 372/2009 (testamento abierto), por el que se determinó que los hermanos Merubia Estabrooke quedaron en posesión de la empresa denominada “Queso Mizque”, en la propiedad llamada “Viña Perdida”, así como de la propiedad de 6.678 Has y 1.4756 Has, debidamente registrados en Derechos Reales en las Matrículas Nº 3.13.0.10.0006815 y Nº 3.13.0.10.0006816 y de todos los bienes utilizados para la producción de queso, constituido por maquinarias, equipo pesado, instalaciones de la Industria Quesera, vacas lecheras, y demás bienes. Para la interposición de la excepción, se presentó en calidad de prueba, la Certificación Técnica Administrativa que señala que los inmuebles citados en la demanda no tienen registro dentro del área urbana de Mizque, al igual de la propiedad “Viña Perdida”; asimismo, se tiene la Ordenanza Municipal aprobada el 8 de febrero de 2011, sobre delimitación del radio urbano del municipio de Mizque, en el que luego de establecer los puntos (42 en total) señala que todas las áreas externas al límite descrito son consideradas como tierras de uso agrícola.

De lo señalado, se colige que el objeto de la demanda de división y partición de bienes sucesorios es la propiedad “Viña Perdida”, ubicada en la provincia Mizque, en la que se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias (cría de ganado, bienes muebles, maquinarias, equipo pesado, instalaciones de producción) destinada a la producción lechera y sus derivados (fabricación de queso). En ese sentido el análisis de la demanda, ingresa a la esfera de la materia especializada de la jurisdicción agroambiental, aspecto corroborado por la existencia de un proceso agrario previo de 2013, sobre nulidad de documentos entre los hermanos Merubia y Jean Merubia Estabrooke; por lo que, el Auto de 17 de agosto de 2022, que declaró sin lugar el saneamiento, no encuentra sustento jurídico ni fáctico

La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0048/2019, de 04 de septiembre, respecto a la competencia de los Jueces de la jurisdicción ordinaria y agroambiental por razón de materia en las acciones reales sobre bienes inmuebles urbanos y rurales, señaló que debe considerarse el destino del inmueble y la naturaleza de la actividad que se desarrolla, de lo que se puede apreciar que la conclusión arribada por la A quo, no responde al entendimiento asumido en la Sentencia antes señalada; consecuentemente, la motivación resulta inadecuada, porque no identificó todos los medios de prueba ni las valoró en forma correcta, asignando el valor respectivo para determinar la competencia; no establecido la diferencia para conocer las acciones personales, reales y mixtas entre la jurisdicción agroambiental y la civil comercial, respecto a la propiedad, posesión y actividad agraria, así como el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla, obviando lo determinado en la Sentencia Constitucional Plurinacional antes señalada, sino simplemente se abocó a establecer que la pretensión de la división y partición de bienes inmuebles, muebles, fábrica de queso, se encuentran normado por el art. 479 de la Ley 439, añadiendo además que la litis no se centra únicamente en la ubicación de inmueble y no incumbe la vocación del uso del suelo para determinar la competencia de la jurisdicción ordinaria civil, además para ese efecto incorporó en su análisis otro medio de prueba como es el Padrón Municipal y la Licencia de Funcionamiento de actividad económica, así como la inspección llevada a cabo, incurriendo en una incorrecta valoración, esto debido a que del acta de inspección de visu que cursa de fs. 542 a 548 de 17 de septiembre de 2021, se observa la actividad netamente agrícola, por lo que se advierte una motivación arbitraria al haber otorgado un valor diferente a las pruebas aportadas.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación en la forma por Lucia Marcelina Merubia Vallejos por sí y en representación de Maritza y Jimena ambos de apellidos Merubia Vallejos, mediante memorial de fs. 2254 a 2270, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) El Auto de Vista N° 263/2024, de 02 de diciembre, incurrió en violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, porque entremezcló y confundió indebidamente los incidentes con las excepciones, debido a que en el Considerando II, hizo referencia a la apelación de la resolución del incidente sobreviniente de saneamiento procesal respecto a la competencia de la juzgadora en razón de materia, de donde se entiende se estaría resolviendo la apelación de un incidente; sin embargo en el Considerando IV hizo referencia a una resolución del incidente sobreviniente respecto a la excepción de incompetencia de la juzgadora en razón de materia, para luego declarar probada la excepción de incompetencia de razón de materia.

b) Incurrió en falta de fundamentación y motivación, ya que la resolución es confusa, no establece con claridad si resolvió una excepción sobreviniente o un incidente; en el primer caso, debió haber fundado su procedencia conforme a la exigencia del art. 128.III del Código Procesal Civil, estableciendo cual eran los hechos nuevos habilitantes de la excepción sobreviniente; en el segundo caso, debió analizar su competencia al no haber sido motivo de apelación en el efecto diferido.

c) Incurrió en incongruencia externa porque falló sobre una excepción de incompetencia en razón de materia, cuando se planteó un recurso de apelación contra una resolución de un incidente de saneamiento.

d) Incurrió en incongruencia interna por que en sus considerandos analizó una apelación sobre una resolución de incidente sobreviniente de saneamiento procesal respecto a la competencia de la juzgadora en razón de materia, para luego emitir una resolución respecto a la excepción de incompetencia de la juzgadora.

e) Incurrió en violación del principio per saltum porque emitió pronunciamiento sobre aspectos no debatidos y resueltos por el Juez, como el hecho de que la fábrica de queso seria de exclusiva propiedad de la esposa del demandado, así como el hecho de que exista una cadena de producción distinta a la agrícola.

Fundamentos por los cuales, solicita se ANULE el Auto de Vista impugnado, disponiendo se resuelva el fondo de la apelación.

2. Contestación al recurso de casación:

George Henry Merubia Estabrooke, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 2273 a 2275, solicitando en lo principal que:

El recurso de casación incumple lo previsto por el art. 274 de la Ley Nº 439, puesto que de la revisión prolija es confuso e innecesariamente ampuloso, resultando el mismo impreciso, contradictorio e inespecífico, lo que hace manifiestamente improcedente dicho recurso.

El Auto de Vista recurrido, declaró probada la excepción de incompetencia en razón de materia, por lo que los argumentos del recurso de casación, pretenden confundir al señalar que no entiende si se resolvió una excepción o incidente, apreciaciones subjetivas que no sirven de sustento para este tipo de recursos.

El Auto de Vista recurrido se halla debidamente fundamentado y cumple con todas las formalidades legales; además, en el expediente cursa una documentación ordenada de oficio como es la Certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, que cursa de fs. 830 a 838, que determina de manera taxativa que los inmuebles con las Matrículas Nº 3.13.0.10.0006815 y Nº 3.13.0.10.0006816, que son objeto del proceso, se encuentran en área rural, por ende son agrícolas; por consiguiente, los mismos no son de competencia de la vía civil sino de la agroambiental.

Por lo referido, solicita se confirme totalmente el Auto de Vista Nº 263/2024 y se declare infundado el recurso de casación, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

El Auto Supremo Nº 410/2019, de 24 de abril, estableció: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación.

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece.

En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica ‘la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley’ que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad.

Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico…”(Las negrillas son nuestras).

III.2. De la congruencia interna y externa de las resoluciones.

En relación a la congruencia externa e interna el Auto Supremo Nº 651/2014, de 06 de noviembre ha razonado: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

III.3. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el tema, el Auto Supremo N° 812/2024, de 22 de julio, señaló: “Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (…). ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, …’.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3 de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”. (El resaltado nos corresponde).

III.4. Sobre la jurisdicción y la competencia.

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