AS/0417/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0417/2025

Fecha: 02 de mayo de 2025

Expediente: LP-17-25-S

Partes: Jenny Dorotea Barriga Nava c/ Jackeline Leonor Barriga Nava y Maribel Patricia Barriga Nava.

Proceso: Nulidad de minuta y escritura pública.

Distrito: La Paz.

VISTOS: Los recursos de casación cursantes de fs. 439 a 451, interpuesto por Jenny Dorotea Barriga Nava; y de fs. 452 a 459, inducido por Maribel Patricia Barriga Nava contra el Auto de Vista N° 574/2024, de 05 de septiembre, corriente de fs. 425 a 431, Auto complementario de 14 de octubre de 2024 que discurre a fs. 434; pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de minuta y escritura pública seguido por la recurrente, Jenny Dorotea Barriga Nava, contra Jackeline Leonor Barriga Nava y Maribel Patricia Barriga Nava; la contestación de fs. 463 a 475 vta., el Auto de concesión de 10 de enero de 2025, visible a fs. 476, el Auto Supremo de admisión N° 064/2025-RA, de 04 de febrero, obrante de fs. 483 a 485, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Jenny Dorotea Barriga Nava, por memorial de demanda que discurre de fs. 7 a 10, subsanado de fs.12 a 14 vta., y reiterada a fs. 19 y vta., promovió el proceso ordinario de nulidad de minuta y escritura pública, contra Jackeline Leonor Barriga Nava y Maribel Patricia Barriga Nava, quienes una vez citadas, según escritos visibles de fs. 39 a 42 y de fs. 56 a 57, la primera se apersonó y contestó de manera negativa y la segunda se apersonó y contestó de manera positiva y allanándose a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 200/2023, de 24 de marzo, que cursa de fs. 325 a 329 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 29° de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda de nulidad de minuta y escritura pública, disponiendo la inmutabilidad de los registros públicos manteniéndose firmes y subsistentes los registros en oficinas de Notaria de Fe Pública de la Escritura Pública N° 253/1998 de 29 de julio, así como la titularidad del Derecho Propietario del bien inmueble, tipo vivienda, ubicada en la urbanización Achachicala, Plan 300 manzano “E”, N° 520 de esa ciudad, registrado en oficina de Derechos Reales sobre el folio real Matricula 2010990137763, condenándose en costos y costas a la codemandada Maribel Patricia Barriga Nava y demandante Jenny Dorotea Barriga Nava.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Jenny Dorotea Barriga Nava según escritos de fs. 333 a 349 vta., y por Maribel Patricia Barriga Nava, mediante memorial cursante de fs. 352 a 355, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 574/2024 de 05 de septiembre, corriente de fs. 425 a 431, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con modificación en su parte dispositiva declarando IMPROBADA la demanda de nulidad de Minuta de transferencia de fecha 22 de julio de 1998 y Escritura Pública N° 253/1998 de 29 de julio de 1998 y el registro de transferencia del inmueble objeto de litigio instaurada por la ciudadana JENNY DOROTEA BARRIGA NAVA con cedula de identidad 6744227 La Paz, de fs. 12 a 14 de obrados, y la respuesta allanada de la codemandada la ciudadana MARIBEL PATRICIA BARRIGA en contra de la ciudadana JACKELINE LEONOR BARRIGA NAVA, condenándose en costos y costas del proceso a la parte actora, mismas que serán efectuadas y liquidadas en ejecución de Sentencia; de igual manera, por Auto de 14 de octubre de 2024 de fs. 434 se dispuso no ha lugar a la solicitud de explicación, aclaración y complementación; todo ello, en base a los siguientes argumentos:

-Respecto al recurso de apelación de Jenny Dorotea Barriga Nava.

Si bien la Sentencia recurrida, hace mención a los arts. 590 y 330 del Código de Procedimiento Civil abrogado; sin embargo, dicho extremo no resulta gravitante para anular obrados como se pretende, pues incluso se sustenta en la norma suprema del ordenamiento jurídico y Código Civil vigente; asimismo, las documentales de fs. 44, 171 y 45, que fueron adjuntadas por escrito visible a fs. 46 y vta., se advierte que fueron emitidas después de haberse presentado la contestación a la demanda; extremo similar con las literales de fs. 59, 60 y 61, por lo que no se advierte agravio en cuanto a su valoración.

En la misma línea, de fs. 86, 87 y 174, se tiene que no se ha demostrado que la parte demandada habría suscrito el contrato de compraventa sin tener capacidad de obrar, de manera tal que, no se advierte agravio por reparar.

Respecto a las probanzas de fs. 175 a 182, no merece mayor pronunciamiento, toda vez que son fotocopias del oficio dirigido al Servicio General de Identificación Personal.

Sobre la falta de valoración del informe de fs. 269, se tiene que la solicitud de corrección de fecha de nacimiento “habría” sido acogida por Resolución Nº 367/2021-C, entonces no se advierte agravio alguno; más cuando, dicha determinación fue valorada en la Sentencia, no siendo evidente lo reclamado.

Pese a no haberse acreditado que la co demandada, Jackeline Leonor Barriga Nava, era incapaz a momento de suscribir el contrato de compraventa, tampoco la parte demandante consideró lo previsto en el art. 554.2 del Código Civil, por ello, la causal de nulidad invocada no corresponde ser acogida.

De la misma forma, la parte demandante no pretendió la falsedad del certificado de nacimiento de la demandada, no pudiendo pronunciarse al respecto.

Por otro lado, de la revisión de antecedentes se evidencia que la parte demandada se limitó a contestar negativamente a la demanda; por ende, no interpuso demanda reconvencional que discuta el derecho de propiedad, por lo cual se advierte incongruencia externa en la parte resolutiva de la Sentencia, extremo que debe ser reparado por el Tribunal de alzada.

-Respecto al recurso de apelación de Maribel Patricia Barriga Nava

De la revisión del acta de audiencia de 03 de octubre de 2022 de fs. 139 a 142; en la cual se fijó los puntos de prueba, la recurrente no interpuso impugnación alguna, pese haber intervenido para solicitar complementación y aclaraciones; por lo que, no evidencia agravios; además que, la fijación del objeto de la prueba también se determinó para ambas partes.

En cuanto a los reclamos referidos a fundamentación y motivación, se tiene que fueron considerandos juntamente con lo respondido al recurso de apelación de Jenny Dorotea Barriga Nava; por lo cual, se debe entenderse por absueltos.

En relación a la prueba de inspección judicial de oficio; se tiene que, no fue reclamada por la parte recurrente, sino que intervino en la misma, tomando la palabra, donde se encontraba plenamente de acuerdo con la medida de mejor proveer; sin embargo, fue una adopción de la autoridad A quo, misma que se encuentra facultada para disponer la producción de prueba.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jenny Dorotea Barriga Nava y Maribel Patricia Barriga Nava según escritos visibles de fs. 439 a 451 y de fs. 452 a 459, respectivamente, recursos que son objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Sobre el Recurso de Casación de Jenny Dorotea Barriga Nava, alegó que:

a) Falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista N° 574/2024 toda vez que no se encontraron motivo alguno para que se confirme la determinación impugnada incumpliendo lo ordenado por el art. 115 de la Constitución Política del Estado; toda vez que no se halla racionalmente motivo alguno.

b) Violación del art. 17.II y III de la Ley N° 025, toda vez que habría solicitado nulidad procesal por incongruencia en la Sentencia, y el Ad quem, como si fuese parte del proceso, observaron aspectos no solicitados; además que fueron consentidos por las partes, en especial por las demandadas.

c) Violación del art. 265 del Código Procesal Civil, toda vez que no habrían resuelto en el Auto de Vista N° 574/2024 de 5 de septiembre, todos los extremos recurridos de apelación, al no haberse solicitado la nulidad por incongruencia y omisiones en la sentencia; por lo que, los Vocales ingresaron a resolver más allá de lo solicitado.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó se case el Auto de Vista y se declare probada la demanda y en su caso, la nulidad de obrados.

2. Sobre el recurso de Casación de Maribel Patricia Barriga Nava, alegó que:

a) Infracción del art. 366.6 del Código Procesal Civil, siendo el Tribunal de alzada vulneró la norma procesal de cumplimiento obligatorio, al emitir el Auto de Vista N° 574/2024.

b) Violación de los arts. 5 y 125.1 y 2 del Código Procesal Civil; toda vez que, el Tribunal de alzada no habría velado por la correcta aplicación de las normas descritas, admitiendo pruebas presentadas fuera de plazo por la codemandada Jackeline Leonor Barriga Nava; toda vez que, su derecho precluyó con la contestación a la demanda.

c) El Tribunal de alzada, erróneamente aplicó los arts. 5 y 125.1 y 2 del Código Procesal Civil, y los principios de igualdad procesal establecidos en la Constitución Política del Estado; al no considerar que la presentación de pruebas extemporáneas por parte de Jackeline Leonor Barriga Nava debió ser rechazada, ya que su derecho precluyó con la contestación a la demanda el 18 de octubre de 2021.

d) Errónea aplicación de la norma ley procesal civil en su art. 175; siendo que, el Auto de Vista N° 574/2024, de 05 de septiembre, ha incurrido en un error en la aplicación de la normativa referente al emplazamiento de testigos, al dar por sentado que la recurrente, habría propuesto la intervención de un testigo que, en realidad, nunca fue presentado ni solicitado.

e) Violación del art. 265 del Código Procesal Civil, ya que el Auto de Vista N° 574/2024, de 5 de septiembre, no resolvió el agravio relativo a la falta de prueba sobre la titularidad exclusiva de la co demandada.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicito se anule obrados y en el fondo se revoque el Auto de Vista impugnado.

3. Contestación al recurso de casación:

Jackeline Leonor Barriga Nava, respondió a los recursos de casación mediante memorial de fs. 463 a 475 vta., alegando en lo principal que:

El recurso de casación es una transcripción del recurso de apelación, mismo que ya fue resuelto; toda vez que, no explicó cuáles son los agravios que el Tribunal de segunda instancia habría ignorado o no valorado, limitándose a una descripción genérica, cuando todos los reclamos fueron respondidos en el Auto de Vista.

Si bien su anterior causídico habría nombrado normas abrogadas; empero, como refiere el Auto de Vista, no es gravitante en el caso, porque no afectó el objeto del proceso; además que, el proceso se desarrolló sobre las bases del código vigente.

La recurrente señaló que habría admitido la falsificación de su certificado de nacimiento, lo cual resulta inexistente; es más, si la recurrente consideraba que se cometió delito, debió denunciar al Ministerio Público; lo contrario, en juicio demostró su fecha de nacimiento, teniendo afectación a su derecho de propiedad por tenerse una anotación preventiva.

Resulta reiterativo el agravio de que se tomó en cuenta prueba que habría sido incorporada fuera de plazo; empero, no hubo ninguna observación al respecto.

La autoridad judicial de primera instancia hizo uso de la facultad de los arts. 207 y 208 del Código Procesal Civil, de la cual se demostró que su persona era mayor de edad al momento de suscribirse el documento de compraventa, no correspondiendo acoger la demanda de nulidad.

El recurso de casación no cuenta con argumento legal que respalde su pretensión; siendo que se cumplió con el art. 125.2 del Código Procesal Civil, respondiendo de forma negativa a la demanda, no guardando silencio sobre lo alegado por la demandante; por ello, no se tiene agravio ni afectación, no siendo procedente la anulación del proceso.

Asimismo, se sustancio la pretensión por la causal del art. 549.5 del Código Civil, porque supuestamente la compraventa fue suscrita por persona incapaz; empero, no se tomó en cuenta el art. 554.2 del Código Civil; es decir, debió demandarse por anulabilidad.

Por otro lado, respecto al recurso interpuesto por Maribel Patricia Barriga Nava; se tiene que, la misma se allano a la demanda, lo cual demuestra colusión con la demandante, pues ambas pretenderían despojarle de su derecho propietario; habiéndose demostrado que el certificado de nacimiento que se cuestiona, se encuentra cancelado.

La recurrente tiene la calidad de co demandada, no pudiendo realizar las actividades de una demandante, hecho totalmente contradictorio; en todo caso, tenía expedita la vía para interponer los recursos que la ley le franqueaba.

Es contradictorio que la recurrente, apoye los términos de la demanda de nulidad; empero, en el mismo acto, pretenda ostentar un derecho de propiedad.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia e infundados de ambos recursos, y se disponga la “ratificatoria” del Auto de Vista Nº 574/2024, de 05 de septiembre.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

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