AS/0447/2024-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 447/2024-RA

Sucre, 28 de marzo de 2024

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: La Paz 07/2024

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 20 de octubre de 2021, cursante de fs. 1271 a 1297 vta., Jhon Pool García Gálvez impugna el Auto de Vista 177/2019 de 15 de noviembre, de fs. 1230 a 1235 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 5/2018 de 2 de enero (fs. 794 a 798 vta.), el Tribunal de Sentencia Séptimo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró al imputado Jhon Pool García Gálvez, autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiendo la pena de 4 años de reclusión, con costas.

II.2. Apelación restringida.

Contra la referida Sentencia, el imputado Jhon Pool García Gálvez formuló recurso de apelación restringida (fs. 1164 a 1181 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 177/2019 de 15 de noviembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

III. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurrente denuncia: “ANTE LA FALTA DE INCONGRUENCIA OMISIVA (EXCEPCION A LA REGLA), AUTO SUPREMO 102/2020 DE 29 DE ENERO DE 2020, EXITEN ERRORES IN PROCEDENDO O ERRONEA APLICACIÓN DE LA NORMA AL PROCEDIMIENTO”, pues el Tribunal de alzada emitió una resolución viciada de incongruencia omisiva en relación a los reclamos de apelación incidental: i) “LO RESUELTO POR LOS VOCALES EN LA APELACION INCIDENTAL A LA RESOLUCION 280/2019 de 1 de noviembre, REFERENTE A LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA”; ii) “LO RESUELTO POR LOS VOCALES EN LA RESOLUCION 280/2019 de 1 de noviembre, sobre del NO EXISTIR SORTEO PARA QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA SEPTIMO REALICE LA RADICATORIA DE LA CAUSA, SIENDO ESTE ACCIONAR UNA FRANCA VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE JUEZ NATURAL Y EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR ETAPA MAXIMA DEL PROCESO”; iii) “LO RESUELTO POR LOS VOCALES EN LA RESOLUCION N" 280/2019 EN RELACION A LA APELACION INCIDENTAL A LA RESOLUCION NO 134/2017 de 25 de julio de 2017, REFERENTE A LA INADECUADA PROMOCION LEGAL DE LA ACCION”; iv) “LO RESUELTO POR LOS VOCALES EN LA APELACION INCIDENTAL A LA RESOLUCION DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, REFERENTE A LA EXCLUSION PROBATORIA DE LA PRUEBA MP-10, PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO”; y, v) “LOS VOCALES Y LA DETERMINACION ASUMIDA EN LA APELACION INCIDENTAL A LA RESOLUCION DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2017, REFERENTE A LA NEGACION DE PRODUCCION DE PRUEBA EXTRAORDINARIA POR PARTE DE LA DEFENSA”. Invoca en calidad de precedentes contradictorios a los Autos Supremos 102/2020 de 29 de enero, 23/2015 de 13 de enero y 92/2013 de 28 de marzo.

La recurrente señala: “SOBRE LOS ERRORES IN IUDICANDO (DE DERECHO) NO FUNDAMENTADOS Y MOTIVADOS POR LA RESOLUCION N 177/2019 de 15 de noviembre resuelto por los VOCALES DE LA SALA PENAL SEGUNDA EN INTERPUESTA. LA APELACION RESTRINGIDA”, pues el Tribunal de alzada emitió una resolución viciada de carencia de una debida fundamentación en relación a los reclamos de apelación restringida: i) “DEFECTOS DE SENTENCIA QUE HABILITAN LA APELACIÓN RESTRINGIDA INOBSERVANCIA Y ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA Art. 370 núm. 1) del CPP y Art. 407 del CPP”; ii) “APECTOS NO MOTIVADOS POR LOS VOCALES DE LA SALA PENAL A MOMENTO DE LA EMISION DE LA RESOLUCION 177/2019 QUE RESUELVE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INOBSERVANCIA Y ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA Art. 370 núm. 2) del CPP”; iii) “EN APELACION RESTRIGIDA NO SE MOTIVA SOBRE LA FALTA DE JUSTIFICACION EN RELACION AL ART. 370 NÚM. 3) DEL CPP, QUE NO EXISTA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA O QUE ÉSA SEA INSUFICIENTE O CONTRADICTORIA”; iv) “LA FALTA DE FUNDAMENTACION POR PARTE DE LOS VOCALES REFERENTE A Art 370 núm. 4) del CPP, QUE LA SENTENCIA SE BASA EN MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS NO INCORPORADOS LEGALMENTE AL JUICIO O INCORPORADOS POR SU LECTURA EN VIOLACIÓN A LAS NORMAS PROCESALES Y CONSTITUCIONALES”; y, v) “Lo resuelto por los Vocales de la Sala Penal en relación a este punto solicitado como agravio Art. 370 núm. 5) del CPP, Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésa sea insuficiente o contradictoria.”. Invoca en calidad de precedentes contradictorios a los Autos Supremos 291/2015 de 15 de junio, 116/2019 de 7 de marzo, 5 de 26 de enero de 2007, 023/2015 de 13 de enero, 092/2013 de 28 de marzo, 466/2014 de 17 de septiembre, 315/2006 de 25 de agosto, 256/2015 de 10 de abril, 291/2015 de 15 de junio, 346/2015 de 3 de junio, 702/2015 de 25 de septiembre, 329/2006 de 28 de agosto, 431/2006 de 11 de octubre, 379/2015 de 27 de julio, 50/2007 de 27 de enero, 59/2006 de 27 de enero, 092/2013 de 28 de marzo, 005/2007 de 26 de enero.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.