AS/0460/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0460/2025

Fecha: 21 de mayo de 2025

Expediente: CH-16-25-S

Partes: Ángel José Miguel Espada Bustillo, representado legalmente por Alfredo Gutiérrez Martínez, Bismarck Darío Soliz Núñez, Daniel Castro Duarte y Giovani Daza Medrano c/ Domingo Ugarte Chara, Santusa Soto Puma de Ugarte y la Agencia Estatal de Vivienda.

Proceso: Eficacia y cumplimiento de contradocumento, más calificación de daños y perjuicios.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: Los recursos de casación cursante de fs. 461 a 472, interpuesta por Domingo Ugarte Chara y Santusa Soto Puma de Ugarte, y de fs. 477 y vta., inducida por Ángel José Miguel Espada Bustillo, contra el Auto de Vista Nº 22/2025, de 20 de enero, corriente de fs. 446 a 457 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de eficacia y cumplimiento de contradocumento, más calificación de daños y perjuicios, seguido por Ángel José Miguel Espada Bustillo, representado legalmente por Alfredo Gutiérrez Martínez, Bismarck Darío Soliz Núñez, Daniel Castro Duarte y Giovani Daza Medrano contra Domingo Ugarte Chara, Santusa Soto Puma de Ugarte y la Agencia Estatal de Vivienda; y, como tercero interesado La Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, el Auto de concesión de 21 de febrero de 2025, visible a fs. 482, el Auto Supremo de admisión N° 0199/2025-RA, de 10 de marzo, obrante de fs. 488 a 489 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Ángel José Miguel Espada Bustillo, representado legalmente por Alfredo Gutiérrez Martínez, Bismarck Darío Soliz Núñez, Daniel Castro Duarte y Giovani Daza Medrano, por memorial de demanda que discurre de fs. 29 a 34, subsanado a fs. 37, promovió el proceso ordinario de eficacia y cumplimiento de contradocumento, más calificación de daños y perjuicios contra Domingo Ugarte Chara y Santusa Soto Puma de Ugarte, quienes una vez citados, mediante memorial de fs. 58 a 70, se apersonaron, contestaron a la demanda en forma negativa, e interpusieron demanda reconvencional de eficacia de minuta de compraventa de lote de terreno e ineficacia de documento privado de compromiso de venta de Lote de terreno, que por Auto de 06 de septiembre de 2023 cursante a fs. 96 vta., se declaró por no presentada; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 176/2024, de 10 de septiembre, que cursa de fs. 388 a 392 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 1° de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda de eficacia de contradocumento y su cumplimiento a través de contrato simulado, más la calificación de daños y perjuicios, disponiendo que la parte demandada en el plazo de 3 días proceda al pago de la suma de $us. 25.760, en ejecución de Sentencia se efectué la reducción de la suma de Bs. 2.000 del monto a cancelarse, calificando como daños y perjuicios un interés del 6% anual sobre el saldo a cancelarse, con costas y costos para la parte perdidosa.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Domingo Ugarte Chara y Santusa Soto Puma de Ugarte por escrito de fs. 395 a 401; y Bryan España Flores en representación de la Agencia Estatal de Viviendas según memorial de fs. 411 a 414, originó que la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 22/2025, de 20 de enero, corriente de fs. 446 a 457, que REVOCÓ EN PARTE la Sentencia, disponiendo no haber lugar a la calificación de daños y perjuicios, ni la condenación de interés legal del 6% anual, por no haber sido objeto de pretensión, ni controversia en trámite de primera instancia, manteniendo en lo demás incólume la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

a) Respecto al recurso de apelación interpuesta por Domingo Ugarte Chara y Santusa Soto Puma de Ugarte

Que de fs. 1 a 2, referida a una minuta de compra venta de lote de terreno, ciertamente reconocido en sus firmas y rubricas, en el que se transfiere la superficie de 224,31 m2, ubicado en el ex fundo Santa Catalina, identificado como Lote C-6, teniendo como vendedor al demandante Ángel José Miguel Espada Bustillo y como compradores a los demandados Domingo Ugarte Chara y Santusa Soto Puma de Ugarte, transferido en el monto libremente convenido de Bs. 25.760; en segundo lugar, se tiene el documento de fs. 221 a 222. referida a un documento privado de compromiso de venta parcial de lote de terreno, reconocido en sus firmas, que tiene como partes contratantes, al demandante-vendedor, y como compradores a los demandados, observándose que el objeto de la transferencia es el mismo lote de terreno con una superficie de 224,31 m2, ubicado en el Ex Fundo Santa Catalina, identificado con el Lote C-6 dentro del manzano “C”, empero esta vez, el precio se establece en la suma libremente convenida de $us. 25.760.-, habiéndose efectuado el pago de Bs. 2.000; y, el monto restante, conforme a la cláusula tercera y cuarta, tenía que ser cancelado con el préstamo que se tramitaba por entonces, cancelación que sería de forma inmediata; de donde se advierte que ambos documentos contractuales tienen vinculatoriedad; denotando de ello, que el contrato de fs. 1 a 2 vta., efectivamente se constituye en un convenio simulado y el trato de fs. 221 a 222., se constituye en “contradocumento”.

Que si bien el documento de fs. 221 a 222, no señala de forma expresa que el contrato de fs. 1 a 2 seria simulado, empero se desconoce los alcances de lo acordado y pactado en este último documento, esto por voluntad contractual, que conforme al razonamiento en el Auto Supremo N° 348/2019, de 3 de abril, la fecha del contradocumento, debe ser de la misma fecha o fecha posterior al documento simulado, por lo que, resulta valido el documento de fs. 221 a 222 que nació de la voluntad de las partes que ahora se pretende desconocer, concurriendo la teoría de los actos propios.

Que no se ha proporcionado en evidencia las ganancias perdidas como consecuencia del incumplimiento y habida cuenta que la carga de la prueba corresponde a quien persigue el derecho conforme previene el art. 1283 del Código Civil y art. 136 del Código Procesal Civil, por lo que, el daño propiamente dicho no fue acreditado por orden probatorio y como consecuencia el lucro cesante, menos fue objeto de postulación la aplicación del art. 347 del Código Civil y por tal motivo su aplicación es errónea.

b) En cuanto al recurso de apelación formulado por Bryan España Flores a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda.

En los fundamentos esenciales que merecen respuesta al agravio denunciado, el documento de fs. 1 a 2, al tener la fe probatoria, se constituye en un contrato simulado en subsunción al criterio del art. 545.II del Código Civil; si bien ciertamente se tienen las construcciones en consolidación del proyecto de la AEVIVIENDA, empero en cuanto a la tramitación de la causa, propiamente, no se efectuó modificación a actos de disposición de la construcción de la vivienda otorgada, puesto que, lo que se determina es el cumplimiento de pago emergente de una relación contractual que hubiere incumplido la parte demandada, pues no se desconoce el derecho propietario de la parte demandada, sino que se demandó el cumplimiento de un pago en eficacia del contrato, más el resarcimiento de daños; que en los hechos, no cambia demandados (beneficiarios de la AEVIVIENDA) ni pierde el derecho sobre el bien en construcción otorgado, por lo tanto el agravio denunciado no puede ser acogido.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación en el fondo y en la forma por los demandados Domingo Ugarte Chara y Santusa Soto Puma de Ugarte mediante memorial de fs. 461 a 472; y por el demandante Ángel José Miguel Espada Bustillo, por memorial de fs. 477 y vta., recursos que son objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Recurso de casación interpuesto por Domingo Ugarte Chara y Santusa Soto Puma de Ugarte

En la forma.

Los recurrentes acusan que el Tribunal Ad quem no realizó una correcta compulsa en el marco del principio de verdad material de la causa al rechazar el diligenciamiento de una nueva prueba pericial que fue solicitada en el marco de lo previsto en el art. 261.III num. 3 del Código Procesal Civil, bajo el argumento de ser extemporánea, por lo que impetran que se ordene que el Tribunal de apelación produzca la prueba pericial.

En el fondo.

a) La vulneración al debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación en lo referente a lo expuesto por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista con relación al primer agravio denunciado en su recurso de apelación con incidencia a los arts. 543.I y 544 del Código Civil, ya que la problemática estaría en relación a la falta de conexitud entre ambos documentos; sin embargo, de manera forzada el Tribunal de apelación mantuvo la “eficacia” del segundo documento.

b) La vulneración al debido proceso ante una incongruencia omisiva por no existir pronunciamiento a la incorrecta compulsa de la prueba testifical por parte del Juez que fue denunciada en su tercer agravio en su recurso de apelación.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido, solo en lo referente a los tres agravios primigenios del recurso de apelación.

2. Recurso de casación formulado por Ángel José Miguel Espada Bustillo.

a) Acusó la violación del art. 113.I de la Constitución Política del Estado, por cuanto el Auto de Vista recurrido, erróneamente concluyó que la calificación de daños y perjuicios no fue objeto de pretensión, siendo que en el memorial principal de demanda solicitó literalmente la calificación de daños y perjuicios, lucro cesante, impetrando que se imponga un interés del 3% mensual sobre el monto adeudado; sin embargo, la autoridad atendiendo a su solicitud, dispuso un 6% de interés anual como reparación del daño e incluso hasta la fecha se le sigue ocasionando daños y perjuicios, porque los demandados continúan habitando el lote de terreno de su propiedad sin pagarle el precio justo.

b) Que correspondería la condenación de costas y costos, resultando lógico que se pague los daños y perjuicios porque los demandados están viviendo años sin que paguen ni un centavo y que el precio de sus lotes no es el mismo que hace 5 años atrás, por lo que sería justo que se califiquen los daños y perjuicios.

En mérito a los argumentos descritos, solicitó se case el Auto de Vista recurrido, respecto a la calificación de daños y perjuicios.

3. Contestación a los recursos de casación:

Ángel José Miguel Espada Bustillo una vez notificada con el recurso de casación, éste no respondió al mismo. De la misma forma los demandados Domingo Ugarte Chara y Santusa Soto Puma de Ugarte una vez notificados con el recurso de casación formulada por el actor no respondieron.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R, de 04 de enero, ha razonado: “…La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (...), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria...”.

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