pixi legal
Volver a jurisprudencia
TSJ

AS/0473/2012

Tribunal Supremo de Justicia
20 de noviembre de 2012Social 1eraMag. Antonio Campero Segovia
Proceso
—
Sala
Social 1era
Año
2012

Este texto fue extraído automáticamente y puede contener errores. Verifica el PDF original antes de citar.

Texto del fallo

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 473

Sucre, 20/11/2012

Expediente: 157/2012-A

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Antonio G. Campero Segovia

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 162-167, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado legalmente por Verónica Grisel Espinoza Avilés, contra el Auto de Vista Nº 052/2012-SSA-I de 17 de febrero de 2012 de fs. 160, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Coactivo Fiscal que sigue el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contra Mónica Ayela Guzmán, Roberto Arispe Ortega y Daniel Quevedo Villagómez, sin respuesta de la parte contraria, el Auto de concesión del recurso de fs. 171, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I:

Antecedentes:

Que tramitado el proceso Coactivo Fiscal por la existencia de indicios de responsabilidad civil, el Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia Nº 81/2009 de 4 de septiembre de 2009 (fs. 140-145), declarando improbada la demanda de fs. 79-80 interpuesta por el Gobierno Municipal de La Paz a través de su representante y por consiguiente probada la excepción de prescripción opuesta a fs. 95 por Daniel Quevedo Villagómez y fs. 124 por Mónica Ayela Guzmán.

En grado de apelación deducida por el Gobierno Municipal de La Paz (fs. 146-147), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 052/2012-SSA-I de 17 de febrero de 2012 cursante a fs. 160, resolviendo anular obrados hasta fs. 82 inclusive, es decir hasta que la Juez de primera instancia reponga o se pronuncie sobre lo dispuesto en el auto de fecha 25 de septiembre de 2004 cursante a fs. 81 de obrados, en cuanto al incumplimiento del plazo de 15 días otorgado a la entidad coactivante para subsanar lo observado en el mismo.

1.2 Fundamentos del recurso de casación:

Este fallo motivó el recurso de casación en la forma de fs. 162-167, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que considerando lo sustancial de su contenido, tiene como base los siguientes fundamentos:

El Tribunal de Segunda instancia ha transgredido lo determinado por el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en error in procedendo, desconociendo así los principios que rigen las nulidades procesales, entre ellos el de especificidad, trascendencia, convalidación y el principio de finalidad o instrumentalidad de las formas.

Se denuncia violación e infracción expresa de la norma contenida en el artículo 192. 2) del Código Adjetivo Civil, señalando que el Auto de Vista recurrido rompió el principio de fundamentación de la resolución, así el fallo no establece ni fundamenta cuales fueron las causas establecidas en la norma procesal que determinan nulidad de obrados, limitándose así a citar el artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, desconociendo así que no es posible, a título de fiscalización del proceso, anular obrados sin que esta nulidad esté expresamente determinada por ley y sin que esta nulidad haya sido denunciada en la tramitación de la causa, habiendo con la resolución recurrida vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y respecto a la motivación debida de la resolución, citando así las SSCC Nº 0752/2002-R de 25 de junio, Nº 577/2004-R de 15 de abril, Nº 0590/2006 de 21 de junio.

Infracción del artículo 254. 4) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Auto de Vista recurrido no es congruente con los fundamentos de la apelación y otorga más allá de lo pedido, soslayando la previsión contenida en el artículo 236 del mismo cuerpo normativo, señalando que la norma procesal última, obliga a los administradores de justicia fallar sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, fundamentando de manera precisa el fallo y sobre los puntos resueltos por el inferior, situación que no se da en la resolución impugnada, que otorga más allá de lo pedido por su parte en apelación, citando para ello el A.S. Nº 108 de 29 de mayo de 1984, A.S. Nº 255 de 31 de agosto de 1982 y S.C. Nº 0189/2004-R.

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia emita Auto Supremo que disponga la nulidad de obrados hasta fs. 160 inclusive del cuaderno de autos, ordenándose se emita nuevo Auto de Vista con sujeción a lo dispuesto por los artículos 192. 2) y 236 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II:

Mostrando 18 de 35 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi

Estás viendo la primera mitad del fallo. Activa Pixi para acceder al texto íntegro y al PDF original.

  • Jurisprudencia completa del TCP y TSJ
  • Citas listas para usar en tus escritos
  • Asistente legal sin límites diarios
Crear cuenta gratis¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Criterio

Bajo tales antecedentes, ingresando ya en el caso concreto, si bien resultan evidentes los hechos señalados por el ad quem en el Auto de Vista recurrido de fs. 160, en cuanto se refiere al incumplimiento de la entidad coactivante respecto del plazo de 15 días otorgados por el a quo mediante el auto de 25 de septiembre de 2012, para que la misma "adjunte previamente los informes de auditoría legalizados y aprobados por la Contraloría General del Estado, bajo apercibimiento que de no ser subsanada la misma se tendría por no presentada la demanda", habiéndose así continuado con la tramitación del proceso; sin embargo, el sólo incumplimiento del plazo señalado para subsanar lo observado y cumplido efectivamente con posterioridad por la entidad coactivante, no puede significar motivo de nulidad de obrados, en razón a que las nulidades procesales, conforme a lo manifestado supra, tienen sus límites y es ante todo la mesura, la reflexión y los principios procesales que rigen a la problemática. En tal entendimiento, siendo que la determinación de las nulidades procesales se las reserva a la ley conforme exige el artículo 251. 1) del Código de Procedimiento Civil, situación que no se da en el caso por cuanto el incumplimiento de los plazos judiciales otorgados por los jueces, específicamente en cumplimiento de lo señalado por el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, no constituye legalmente motivo de nulidad (principio de especificidad), más cuando la parte coactivante ha presentado los documentos observados por el a quo (fs. 84), cumpliéndose así la finalidad de lo extrañado por la Juez, pues así la nulidad procesal dispuesta por el ad quem no correspondía ser dictada en razón a que no se busca sólo el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de la finalidad de lo determinado, que en el caso presente se traduce en que consten en el proceso todos los documentos que sirvieron para determinar los indicios de responsabilidad civil en los coactivados; situación a la cual se debe agregar que no se observa afectación en el ámbito del derecho de las partes a la defensa, conforme a lo señalado por el artículo 16. I de la Ley del Órgano Judicial (principio de trascendencia), no cursando inclusive reclamo alguno sobre el particular, habiendo los coactivados asumido defensa conforme a ley tal y como se advierte de las literales cursante a fs. 95 y 124-125; por cuya razón se advierte como evidente la denuncia de vulneración de los artículos 251. I del Código de Procedimiento Civil, relacionado por este Tribunal con los artículos 252 del mismo cuerpo legal, así como lo señalado por los artículos 16. I y 17. I de la Ley del Órgano Judicial. Así también se advierte como evidente la vulneración de lo señalado por el artículo 192. 2 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto que el Tribunal de segunda instancia, no motivo y fundamentó de manera suficiente la nulidad dispuesta habiéndose sólo limitado a citar la facultad fiscalizadora prevista en el artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial y como fundamento para la decisión los artículos 90 y 3. 1) del Código de Procedimiento Civil, sin considerar los principios procesales antes señalados.

Datos del proceso

Magistrado relator
Antonio Campero Segovia

Descriptores

Derecho Administrativo / Derecho Procesal Administrativo / Proceso Coactivo Fiscal / Nulidad / No procede
Tribunal Supremo de Justicia20 de noviembre de 2012AS/0473/2012Fuente oficial