AS/0488/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 0488/2025

Fecha: 27 de mayo de 2025

Expediente: SC-21-25-S

Partes: Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda c/ María Cristina Arias Valdivia.

Proceso: Ordinario de nulidad de matrimonio.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 310 a 314 vta., interpuesto por Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda representadas legalmente por Aldo Edgar Murillo Aguilar, contra el Auto de Vista N° 297/2024, de 06 de diciembre, corriente de fs. 287 a 291, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de matrimonio, seguido por las recurrentes contra María Cristina Arias Valdivia; la contestación de fs. 318 a 319 vta.; el Auto de concesión N° 04/2025, de 07 de febrero, visible a fs. 320; el Auto Supremo de admisión N° 131/2025-RA, de 24 de febrero, saliente de fs. 524 a 525 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda por memorial de demanda que discurre de fs. 37 a 39, subsanado a fs. 47, promovieron el proceso ordinario de nulidad de matrimonio contra María Cristina Arias Valdivia, quien una vez citada, se apersonó y contestó a la demanda en forma negativa conforme memorial visible de fs. 87 a 88 vta.; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 165/2024 de 04 de julio, que cursa de fs. 243 a 245, en la que la Juez Público de Familia N° 3 de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda de nulidad de matrimonio interpuesta por Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda contra María Cristina Arias Valdivia y Oscar Callau Barbery; en consecuencia, ordena la nulidad del matrimonio entre Martha Jiménez Molleda y Luis Walter Arias Rivero registrado en la Oficialía de Registro Civil N° 4095, Libro N° 3, Partida N° 105, Folio 105 con fecha de inscripción 29 de marzo de 1993, del departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez, localidad Santa Cruz de la Sierra, manteniendo vigente el matrimonio de Martha Jiménez Molleda y Oscar Callau Barbery, registrado en la Oficialía de Registro Civil N° 1449, Libro N° 1, Partida N° 148, Folio 148, con fecha de inscripción 14 de noviembre de 1969, del departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez, Localidad Santa Cruz de la Sierra; resolución enmendada y aclarada por Auto N° 209/2024, de 2 de agosto de 2024, cursante a fs. 257 y vta.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por María Cristina Arias Valdivia, según escrito visible de fs. 248 a 249 vta., originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 297/2024, de 06 de diciembre, corriente de fs. 287 a 291, REVOCANDO en el fondo la Sentencia de 04 de julio de 2024, dictada por la Juez Público de Familia N° 3 de Santa Cruz, cursante de fs. 243 a 245 y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda, bajo los siguientes argumentos:

- La demanda de nulidad de matrimonio por falta de libertad de estado, planteada por las recurrentes, adolece de improponibilidad objetiva, debido a que en aplicación de lo establecido en el art. 171 de la Ley N° 603 el plazo perentorio de un (1) año para poder interponerla precluyó, al no estar comprendida en la causal de ausencia de consentimiento que excepcionalmente puede plantearse sin plazo alguno.

- Las demandantes de conformidad a lo establecido en el art. 168.III de la Ley N° 603 carecen de legitimidad procesal para demandar, pues dicha facultad no emerge de su condición de sucesoras de una persona declarada interdicta; no siendo aplicable al caso la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 016/2018-S4 al no ser vinculante, pues analiza presupuestos fácticos distintos.

- El único presupuesto para poder prescindir del cumplimiento de los principios de congruencia y pertinencia a momento de emitir una decisión judicial, es cuando se evidencien vulneraciones a los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que constituyan causales de nulidad susceptibles de ser declaradas de oficio inclusive.

En consecuencia, bajo el presupuesto de la improponibilidad advertida en la demanda, REVOCA la Sentencia y deliberando en el fondo declara improbada la demanda con costas.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda representadas por Aldo Edgar Murillo Aguilar, según escrito visible de fs. 310 a 314 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, las recurrentes acusaron:

a) El Auto de Vista N° 297/2024, de 06 de diciembre, aplicó indebidamente los arts. 168.II y 171 del Código de Las Familias y del Proceso Familiar a la demanda de nulidad de matrimonio celebrado en el año 1993, sin considerar que, en el caso debió aplicarse la ley vigente en el momento de la celebración del matrimonio, como es el Código de Familia.

El Auto de Vista cuestionado, no se pronunció sobre cada uno de los agravios expuestos en el recurso de apelación y omisión valorativa, puesto que no se pronunció sobre las pruebas de cargo presentadas en juicio.

Fundamentos por los cuales las recurrentes solicitan en el fondo se case el Auto de Vista N° 297/2024, de 06 de diciembre, dejándolo sin efecto, y ordenando se dicte nuevo Auto de Vista, sea con costas y costos.

2. De la contestación al recurso de casación.

La demandada María Cristina Arias Valdivia, a través del memorial que sale de fs. 318 a 319 vta., manifestaron que:

El recurso de casación en el fondo presentado por las demandantes resulta improcedente, por cuanto el Auto de Vista impugnado es correcto en su análisis de improponibilidad y valoración de los medios de prueba; solicitando en consecuencia, se declare infundado el recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Aplicación de las normas sustantivas o materiales en el tiempo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1047/2013, de 27 de junio estableció el siguiente criterio: “Las normas sustantivas o materiales son las que contienen una regla de conducta y su consecuencia jurídica, es la de establecer las facultades y los deberes de cada persona y, en su caso, las respectivas sanciones cuando se cometan determinados delitos o faltas. Las normas sustantivas definen derechos u obligaciones y por ello, en general, no tienen carácter retroactivo, pues ello significaría desconocer los derechos que fueron consolidados en vigencia de una ley anterior y aplicar a hechos pasados nuevas regulaciones que podrían resultar lesivas a los derechos y garantías de las personas.

El principio de irretroactividad de la ley, especialmente la penal, fue una de las conquistas del Estado de Derecho y en virtud al mismo, sólo aquellas conductas previamente definidas como delictivas podían ser sancionadas con la pena anteladamente definida por la ley. El principio no sólo es aplicable al ámbito penal, sino también a las diferentes esferas jurídicas, pues conforme se tiene dicho, las normas sustantivas están vinculadas a la consolidación de derechos o al nacimiento de obligaciones y, por ende, las mismas no pueden arbitrariamente ser modificadas por el Estado, afectando con ello la seguridad jurídica y los derechos y garantías de las personas.

En ese ámbito, el principio de irretroactividad de las leyes está contemplado en los diferentes Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución Política del Estado. Así, el art. 123 de la CPE, consagra este principio como una verdadera garantía jurisdiccional”.

III.2. Aplicación de las normas adjetivas o formales en el tiempo.

A su turno el Auto Supremo N° 927/2022, de 23 de noviembre, señaló: “Las normas adjetivas o formales dependen y se encuentran subordinadas a las normas sustantivas o materiales; pues facilitan los medios y el procedimiento para lograr su cumplimiento. Estas normas pertenecen al ámbito del derecho procesal, el cual se conforma por un conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. Sin duda, estas normas se subordinan enteramente al sentido y alcance que tienen las normas sustantivas, sirviendo como instrumentos o herramientas para la realización o validez efectiva de las últimas.

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Texto del fallo

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