AS/0489/2015-RRC

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 489/2015-RRC

Sucre, 17 de julio de 2015

Expediente : La Paz 29/2015

Parte acusadora : José Luis Valencia Avendaño

Parte imputada : Lucía Fuentes Nina

Delitos : Difamación, Calumnia e Injuria

Magistrada Relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina

RESULTANDO

Por memorial presentado el 6 de febrero de 2015, cursante de fs. 538 a 547 vta., José Luis Valencia Avendaño, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 76/2014 de 28 de octubre, y su Auto Complementario, de fs. 500 a 503 vta. y 506, pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Lucía Fuentes Nina, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes

a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 36/2013 de 4 de diciembre (fs. 433 a 439), el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Lucía Fuentes Nina, absuelta de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, sin costas por ser excusable.

b) Contra la mencionada Sentencia y su Auto Complementario (fs. 441 vta.), el querellante y la imputada formularon recursos de apelación restringida (fs. 460 a 468 y 471 a 477), resueltos por el Auto de Vista 76/2014 de 28 de octubre (fs. 500 a 503 vta.), emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.

I.1.1. Motivos del recurso

Del recurso de casación y del Auto Supremo 237/2015-RA de 7 de abril, se extrajo el siguiente motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):

El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de responder a los agravios denunciados en su recurso de apelación restringida, referidos a la errónea aplicación de la ley penal sustantiva y la errónea aplicación de la ley adjetiva, limitándose a realizar una sucinta transcripción y relación de los documentos, de los actuados procesales, asumiendo conclusiones genéricas, adoleciendo de un elemento objetivo de pertinencia jurídica y convirtiéndose en una caprichosa decisión de hecho; que a su criterio, le causa indefensión vulnerando de esta manera la garantía constitucional del debido proceso, las reglas de fundamentación, prevista en el art. 124 del CPP, su derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, el principio de contingencia procesal y de legalidad.

I.1.2. Petitorio

El recurrente solicita se admita su recurso y resolviendo en el fondo se declare procedente, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido y la Resolución de complementación de 14 de enero de 2015; además, se ordene la emisión de una nueva Resolución que repare directamente la errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva, imponiendo la sanción correspondiente a la imputada, por la comisión de los delitos de Difamación e Injurias; y, respecto al delito de Calumnia, impetra se disponga el reenvío de la causa ante otro Juzgado de Sentencia, estableciendo doctrina legal aplicable en aplicación del art. 11 inc. 2) del CP, y sea de conformidad al art. 419 del CPP.

I.2. Admisión del recurso

Mediante Auto Supremo 237/2015-RA de 7 de abril, cursante de fs. 554 a 556 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente por vía de flexibilización, para su análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:

II.1. De la Sentencia.

Conforme consta en la enunciación de los hechos, el querellante en su condición de abogado de Josefina Ticona Vallejo de Carvajal en el caso seguido en su contra a instancia de Janette Tito Vallejos, proceso a cargo de la Dra. Lucía Fuentes Nina (imputada) en su condición de Jueza Quinto de Sentencia en lo Penal, ante la solicitud de extinción de la acción, la referida Jueza mediante Resolución 020/2010 de 2 de octubre, denegó la solicitud, situación por la que la patrocinada del querellante interpuso querella penal contra dicha autoridad judicial por los delitos de Prevaricato y Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado; así también, la denunció ante el Ministerio de Transparencia, Anticorrupción y otros. Ante tales denuncias, el 17 de diciembre de 2013, la imputada formuló una denuncia ante el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, en contra del abogado patrocinante José Luís Valencia Avendaño, por supuesta violación a los arts. 58 y 59 del Código de Ética Profesional, argumentando: “…falta de profesionalidad, de ética y de absoluta falta de lealtad procesal, que estoy empleando recursos innecesarios y de esa manera coaccionando a la autoridad jurisdiccional y se le sancione de manera ejemplarizadora como si fuera un vulgar delincuente” (sic), no consideró que como querellante, no actuó con interés personal sino como abogado, situación por la que el Colegio de Abogados mediante resolución de rechazo de denuncia 09/2011 de 23 de marzo, determinó su improcedencia, fundamentos que llevaron al querellante a presentar acusación por los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria.

El Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de todo lo visto y oído en audiencia de juicio oral, declaró a Lucía Fuentes Nina, absuelta de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, sin costas por ser excusable, bajo los siguientes fundamentos:

1) El acusador judicializó pruebas documentales, consistentes en el memorial de ratificación de 21 de diciembre de 2010, que presentó la parte imputada ante la comisión de régimen interno del Colegio de Abogados y Auto de admisión, que convocados a conciliación conforme las pruebas 2 y 3 por resolución 9/2011 de 23 de marzo, la denuncia fue declarada improcedente; por cuanto, no se acreditó con prueba el empleo de recursos innecesarios o influencia o coacción sobre la juzgadora conforme la prueba 4; que por la prueba signada como 7 consistente en resolución 15/2010 de 5 de mayo, correspondería a un pronunciamiento de recusación de la imputada dentro del proceso caratulado Tito contra Ticona por delitos contra el honor, donde el ahora querellante patrocinó a la parte imputada, desempeñando la ahora imputada el cargo de Jueza quien no se allanó a la recusación haciendo referencia a un mal asesoramiento del abogado ahora querellante. Alegó que por las pruebas judicializadas no se demostró la comisión del delito de Calumnia.

2) Por las pruebas presentadas por la imputada signadas como 8 y 9, evidenció que hubo denuncias en su contra.

3) Respecto a la comisión de los delitos de Difamación e Injuria, se adecuaría en el presente caso; sin embargo, el sujeto pasivo en la presente acción sería una persona que ejerce un mandato cual es el de Juez de Sentencia en lo Penal Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que su conducta expresada en una denuncia la realizó en ejercicio de dicho cargo, donde vulneró el honor del querellante, emergiendo de un proceso penal de su conocimiento y no de un problema surgido de manera particular ajeno al juzgado, adecuándose su accionar al art. 11 inc. 2) del CP, estando exenta de responsabilidad, lo contrario significaría que los juzgadores sean punibles por los fallos que emitan.

4) Con relación al delito de Calumnia, no se consideró como prueba suficiente las aportadas.

II.2.De la apelación restringida del acusador particular.

Notificado el acusador particular José Luis Valencia Avendaño con la Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida, reclamando los siguientes agravios:

a) Errónea aplicación de la ley sustantiva, toda vez, que el actuar de la imputada no devendría de sus atribuciones conferidas por ley, sino que actuó como persona particular, que el ostentar un cargo público, no implicaría el dañar la dignidad y honorabilidad de su persona o cualquier otro ciudadano por sus funciones judiciales; por el contrario, quienes administran justicia deberían velar por el cumplimiento y el respeto de la ley, por cuanto el dañar la honorabilidad no devendría de las funciones de la imputada, entonces, la eximente establecida en el art. 11 inc. 2) del CP, que sería considerada como una causa de justificación, en el presente caso no operó, ya que el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, debe estar fundado según las normas que lo regulan; de ahí que, al emitirse la Sentencia expresando que se comprobaron los arts. “282 y 283”, por cuanto se dañó su honor, correspondía la emisión de una sentencia condenatoria conforme prevé el art. 365 del CPP y no aplicar erróneamente el inc. 2) del art. 11 del CP.

b) Errónea aplicación de la ley adjetiva, por cuanto, si bien la Sentencia determinó que se cometieron los hechos previstos por los arts. 282 y 287 del CP; de forma errónea y contradictoria, absolvió a la imputada en aplicación del art. 11 inc. 2) del CP, cuando debió aplicarse lo previsto por el art. 365 del CPP.

Agregó además, que el Tribunal de juicio no consideró los defectos del art. 370 del CPP en sus incisos: 5) puesto que la Sentencia por un lado reconoció que se cometieron los delitos previstos en los arts. 282 y 287 del CP; empero, erradamente sin la debida fundamentación aplicó el art. 11 inc. 2) de la citada ley, ya que no estableció cuáles son las funciones de la imputada que le amparen presentar denuncia ante el colegio de abogados, no considerando que su actuar estuvo fuera de lo que implica su jurisdicción y competencia; 8) porque la sentencia señaló que se vulneró el bien jurídico del honor adecuándose los ilícitos de los arts. 282 y 287 del CP; empero, absolvió a la imputada aplicando erróneamente el art. 11 inc. 2) del CPP; 6) ya que la prueba de cargo signada como “1” no fue valorada, se dispuso su exclusión alegando que eran fotocopias simples; empero, en ningún momento se solicitó su exclusión probatoria, actuando el juez de juicio más allá de lo solicitado, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales como la imparcialidad, independencia e Igualdad, toda vez, que dicha prueba no fue cuestionada respecto a la veracidad de su contenido; sin embargo, ante la emisión del Auto de exclusión probatoria se vulneró el principio de libertad probatoria conforme prevé el art. 171 del CPP, reclamo sobre el que afirmó haber efectuado la reserva correspondiente.

Concluyó solicitando la aplicación del art. 365 del CPP y consecuentemente la sanción prevista en los arts. 282 y 287 del CP de conformidad a los arts. 14, 20, 25, 26, 27 incs. 2) y 3), 28, 29, 34, 36, 37 y 38 de la citada norma penal, así también, refirió que respecto a la exclusión de la prueba AP1 con fundamentos que no corresponden y de forma ultrapetita, correspondería respecto al delito de Calumnia disponer el reenvío del proceso para que sea tramitado por otro juzgado y sea valorada la referida prueba.

II.3.Del Auto de Vista impugnado.

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 76/2014 de 28 de octubre, que dispuso confirmar la Sentencia apelada, al concluir que las cuestiones planteadas por el acusador particular en su apelación restringida, devenían en improcedentes.

II.4. Del Auto Complementario