AS/0489/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0489/2025

Fecha: 27 de mayo de 2025

Expediente: LP-48-25-S

Partes: Claribel Patricia Ramírez Hurtado c/ Federación Departamental de

Profesionales de La Paz representada por Catalina Miriam de la Barra ……………Velásquez.

Proceso: Resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 648 a 649 vta., interpuesto por la Federación Departamental de Profesionales de La Paz, representada por Catalina Miriam de La Barra Velásquez, contra el Auto de Vista Nº 493/2024 de 01 de noviembre, corriente de fs. 617 a 620, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Claribel Patricia Ramírez Hurtado contra la Federación Departamental de Profesionales de La Paz; la contestación de fs. 653 a 656, el Auto de concesión de 12 de febrero de 2025, visible a fs. 657, el Auto Supremo de admisión N° 0207/2025-RA, de 17 de marzo, obrante de fs. 273 a 274 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Claribel Patricia Ramírez Hurtado, por memorial de demanda que discurre de fs. 86 a 87vta., subsanado de fs. 108 a 109 vta., promovió el proceso ordinario de resarcimiento de daños y perjuicios, contra la Federación Departamental de Profesionales de La Paz representada por Catalina Miriam de La Barra Velásquez, quien una vez citada, no respondió en plazo oportuno, por lo que fue declarada rebelde a través del Auto de 22 de septiembre de 2023, cursante a fs. 115, posteriormente se apersona mediante su representante legal Catalina Miriam de La Barra Velásquez mediante memorial cursante a fs. 124 y vta.; desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 70/2024, de 28 de febrero de 2024, visible de fs. 588 a 591, donde el Juez Público Civil y Comercial 25º de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA en parte la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, disponiendo el pago solo del interés legal del 6% de acuerdo a los arts. 347 y 414 el Código Civil, sin condenación en costas y costos por no haber sido acogida la pretensión en su totalidad.

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2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por la Federación Departamental de Profesionales La Paz representada por Catalina Miriam de La Barra Velásquez, según escritos de fs. 593 a 597, originó que la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista Nº 493/2024, de 01 de noviembre, corriente de fs. 617 a 620, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes fundamentos.

-Que, no se tiene por vulnerado la voluntad suscrita entre partes; por cuanto, conforme la revisión del Acuerdo de Conciliación N° 33/2019 cursante de fs. 20-21; no existe restricción o limitación a la interposición de la pretensión de la demandante de resarcimiento de daños y perjuicios, considerando que la misma tampoco se ve limitada por ley alguna, siendo viable en debida aplicación del art. 14.IV de la Constitución Política del Estado, siendo que esta la plantean en razón al incumplimiento del referido acuerdo conforme a la regulación contenida en los arts. 347 y 339 del Código Civil.

-Que, no se estaría generando un doble juzgamiento como lo señala la entidad recurrente al tenor del art. 117 de la Constitución Política del Estado; considerando que la cláusula quinta del Acuerdo de Conciliación N° 33/2019, refiere a la exigibilidad de la totalidad de lo adeudado, en caso de incumplimiento de los pagos, aspecto que se consolido por Resolución N° 325/2019 cursante de fs. 23 a 24 en el Juzgado Publico Civil y Comercial 1° de la Capital que autorizó el inicio de la ejecución, misma que no cuenta como sanción ante el incumplimiento o el resarcimiento del mismo; por lo que, al iniciar la presente causa de resarcimiento de daños, no se estaría incurriendo en doble juzgamiento como denunciaría la entidad recurrente.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por la Federación Departamental de Profesionales de La Paz representada por Catalina Miriam de la Barra Velásquez, según escrito visible de fs. 648 a 649 vta., medio de impugnación, que es materia de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La entidad recurrente en el recurso de casación manifestó:

a) Que, al hacer permisible la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios se vulneró la voluntad de las partes, los principios de legalidad y seguridad al insertar al acuerdo conciliatorio, elementos que no fueron parte del mismo conculcado de la regulación establecida en el art. 66 de la Ley N° 025 respecto al principio de conciliación.

b) Que, se generó una errónea interpretación de la cláusula quinta del acuerdo de conciliación; misma se señala que ante el incumplimiento de los puntos acordados recaerá como sanción; el pago del total de la deuda, aspecto ejecutado conforme Auto de fs. 23 a 24 que dispone la ejecución y el pago total en el plazo de 3 días, siendo esta la “sanción” ante el incumplimiento que se ha pactado; por lo que se tiene lesionado el art. 117.II de la Constitución Política del Estado toda vez que no se motiva, ni fundamenta por que se introduce una forma de resarcimiento que no fue pactada en el acuerdo conciliatorio.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

Claribel Patricia Ramírez Hurtado, teniendo conocimiento de la impugnación presentada por la parte demandada contesta a la misma a través de memorial de fs. 653 a 656 bajo los siguientes argumentos.

-Que el recurso de casación incumpliría la regulación establecida en el art. 274 del Código Procesal Civil, careciendo de los requisitos de admisibilidad.

-En cuanto a la carencia de motivación y fundamentación, la misma no sería cierta ya que el Tribunal de alzada hubiera motivado su resolución en sentido que no existió una doble sanción, ya que el acuerdo de conciliación en ningún sentido limitada a la parte demandante, la interposición de la presente causa; no existiendo vulneración a la regulación establecida en el art. 117 de la Constitución Política del Estado.

Argumentos con los cuales solicitó se declare infundado el recurso de casación, sea con costas y costos procesales.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio per saltum.

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo N° 179/2018-RA, de 26 de marzo, emitido por esta Sala, señaló que: “La Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, en su art. 272, respecto a la legitimación para interponer el recurso de casación dispone lo siguiente: ‘I. El recurso podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista. II. No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del tribunal superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada’.

La exigencia del art. 272 del Código Procesal Civil señala que el recurrente debe percutar el recurso de apelación para que en caso de no ser satisfecho en su pretensión recursiva se encuentre habilitado a plantear recurso de casación.

Ahora bien en relación al aforismo ‘per saltum’, es una locución latina que significa pasar por alto y en materia recursiva significa saltar las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el Auto Supremo Nº 482/2016 de 12 de mayo 2016, el que ha orientado en sentido de que: ‘Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 num. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el ‘per saltum’, que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem’.

Dicho aforismo jurídico se acomoda a la exigencia de la legitimación para recurrir.”. (Las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

En la Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R, de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones se ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R, de 9 de noviembre, estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, (Las negrillas nos pertenecen) criterio reiterada por la Sentencia Constitucional 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012, de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. (Subrayado nos corresponden).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Mostrando 46 de 92 parrafos.

Texto del fallo

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Datos del proceso