AS/0491/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0491/2025

Fecha: 27 de mayo de 2025

Expediente: LP-41-25-S

Partes: Amalia Carrillo de Vargas, Karen Melisa, Silvia, Cesar, Henry, Alex, y Luis todos Vargas Carrillo c/ Justina Quispe Aquino Vda. de Conde.

Proceso: Anulabilidad de contrato.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 254 a 255, interpuesto por Karen Melisa, Silvia, Cesar, Henry, Alex, y Luis todos Vargas Carrillo, contra el Auto de Vista N° 759/2024, de 28 de noviembre, corriente de fs. 244 a 252 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de anulabilidad de contrato, seguido por Amalia Carrillo de Vargas y los recurrentes contra Justina Quispe Aquino Vda. de Conde; la contestación de fs. 258 a 259 vta., el Auto de concesión de 05 de febrero de 2025, visible a fs. 260; Auto Supremo de admisión N° 0185/2025-RA, de 05 de marzo, visible de fs. 266 a 267 vta.; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Amalia Carrillo de Vargas, Karen Melisa, Silvia, Cesar, Henry, Alex, y Luis todos Vargas Carrillo por memorial de demanda que discurre de fs. 40 a 43, subsanado de fs. 68 a 72 vta. y de fs. 86 a 87, promovió el proceso ordinario de anulabilidad de contrato, contra Justina Quispe Aquino Vda. de Conde, quien una vez citada, según escrito visible de fs. 104 a 108 vta., interpuso excepciones previas de incompetencia y prescripción, contestando de manera negativamente a la demanda, pretensiones que fueron resueltas mediante Resolución N° 366/2023, de 18 de octubre, corriente a fs. 126 y vta., a fs. 128, en la que se declaró la improcedencia de las excepciones; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 513/2023 de 04 de diciembre, que cursa de fs. 196 a 202, en la que la Juez Público de Familia 9° de la ciudad de El Alto - La Paz, declaró la PROBADA en parte la demanda principal, disponiéndose la anulabilidad parcial de la Escritura Pública N° 1937/2011 de 08 de noviembre, en cuanto al 50% del bien inmueble objeto del proceso.

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2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Justina Quispe Aquino Vda. de Conde, según memorial de fs. 204 a 208 vta., y por Amalia Carrillo de Vargas, Karen Melisa, Silvia, Cesar, Henry, Alex, y Luis todos Vargas Carrillo, según escrito de fs. 210 a 213 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 759/2024 de 28 de noviembre, corriente de fs. 244 a 252 vta., que CONFIRMÓ la Resolución N° 366/2023 de 18 de octubre y REVOCÓ parcialmente la Sentencia apelada disponiendo que como efecto de la anulabilidad del contrato declarada en el 50% de acciones y derechos correspondientes a Amalia Carillo, la misma no importa afectación alguna de los derechos adquiridos por la compradora Justina Quispe Aquino Vda. de Conde, al ser tercera de buena fe, y en ese sentido, mantiene incólume el derecho propietario adquirido por la misma sobre el bien inmueble a través de la Escritura Pública N° 1937/2011, y como efecto de la anulabilidad declarada de 50%, dispone que sea David Vargas Huanca y a su fallecimiento sus herederos, quienes restablezcan el 50% del valor de la venta efectuada del inmueble a favor de Amalia Carrillo, en base a los siguientes argumentos:

- La pretensión de anulabilidad de contrato postulada por la parte actora, debe ser necesariamente resuelta en sede familiar, ya que el argumento central en el que se sustentaría dicha pretensión radica en la ausencia de consentimiento durante la transferencia de un bien ganancial.

- Considerando que la pretensión de anulabilidad deviene de la cuota de ganancialidad de Amalia Carrillo y el de los herederos (madre e hijos) en la presunta falta de consentimiento en la transferencia, no se advertiría la existencia de una situación de evicción, ya que no existiría una situación de perturbación por terceros.

- El hecho de haber manifestado que tuvo conocimiento de la existencia del bien inmueble después del fallecimiento de su esposo, no se constituiría en una situación relevante que deba ser considerado y valorado en el presente caso, pues ello no afecta ni desvirtúa la legitimación para demandar la anulabilidad de contrato.

- De los términos de la Sentencia, resultaría evidente lo reclamado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, puesto que en dicha resolución se habría determinado que no se demostró que la misma haya actuado de mala fe, en consecuencia, en aplicabilidad de lo dispuesto por el art. 559 del Código Civil, la anulabilidad no alcanzaría a los derechos adquiridos, en consonancia con el razonamiento vertido en el Auto Supremo N° 599/2019, de 24 de junio, por lo que correspondería salvaguardar los derechos de la misma.

- Siendo que la pretensión de anulabilidad se sustenta en la falta de consentimiento de la cónyuge, corresponde únicamente considerarse el 50% del bien inmueble, no pudiendo acogerse la pretensión de la anulabilidad de la totalidad de la transferencia.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Karen Melisa, Silvia, Cesar, Henry, Alex, y Luis todos Vargas Carrillo, según escrito corriente de fs. 254 a 255, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

En la forma.

a) El Tribunal de alzada habría aplicado erróneamente lo dispuesto por el art. 271 del Código Procesal Civil; toda vez que, valoró nuevamente la prueba producida en la causa, llegando a establecer criterios abstractos y subjetivos ajenos a lo solicitado en el recurso de apelación, lo que implicaría -según los recurrentes- falta de motivación y fundamentación; además, de contravenir al principio de inmediación y debido proceso.

b) No se habría aplicado el art. 385.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar, al aplicar oficiosamente el art. 1538 del Código Civil, sin que este aspecto haya sido cuestionado o reclamado en el recurso de apelación; además, se habría ingresado a considerar aspectos que no fueron postulados en la demanda, como la falta de consentimiento del vendedor (extra petita).

c) El Tribunal de alzada habría afirmado que la Sentencia es incongruente; toda vez que Amalia Carrillo tendría que validar la transferencia, aspecto que correspondería a los herederos de Vargas Carrillo, olvidando que Amalia Carrillo también es heredera, en consecuencia, debía aplicarse la confusión como forma de extinción de la obligación.

En el fondo.

a) Se habría omitido considerar lo dispuesto por el art. 62 de la Constitución Política del Estado, el cual se halla en estrecha relación con los arts. 176 y 177 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, al no garantizar la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, ni el régimen de la comunidad de gananciales.

b) El Tribunal de alzada habría aplicado erróneamente lo dispuesto por el art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, a pesar de haber acreditado que David Vargas (+) -cónyuge de la codemandante- realizó la transferencia del inmueble sin su autorización. Además, se habría demostrado mediante prueba literal, inspección judicial y testimonial que la demandada conocía el estado civil de David Vargas, pues era su vecino y “amante” del difunto (vendedor) por lo que no debería haberse reconocido su condición de adquirente de buena fe.

c) Después de haber afirmado que la presente causa corresponde a la competencia familiar, contradictoriamente se habría aplicado lo dispuesto por el art. 559 del Código Civil.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se declare fundado su recurso de casación, disponiendo la revocatoria del Auto de Vista N° 759/2024 de 28 de noviembre, y confirmando la Sentencia N° 513/2023 de 04 de diciembre.

2. Contestación al recurso de casación:

Justina Quispe Aquino Vda. de Conde, contestó al recurso de casación mediante memorial de fs. 258 a 259 vta., alegando en lo principal que:

- Los recurrentes no habrían considerado que el Auto de Vista mantiene la anulabilidad del contrato del 50% de las acciones y derechos correspondiente a Amalia Carrillo, de ahí que resulte falso que se haya vulnerado disposiciones constitucionales y familiares como acusan los recurrentes.

- A través de la Escritura Pública N° 1937/2011 se constata que David Vargas Huanca declara ser único y legítimo propietario del lote de terreno, además de ser soltero, aspecto que no podría ser desvirtuado por la prueba literal, inspección judicial y testifical.

- Contrariamente a la afirmación de los recurrentes, si se habría realizado un reclamo en el recurso de apelación respecto a la falta de registro del derecho de la demandante referente a la falta de publicidad y oponibilidad, conforme lo dispuesto por el art. 1538 del Código Civil.

- Los recurrentes en ningún momento han controvertido la aplicabilidad del art. 559 del Código Civil referente a la no afectación de derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Fundamentos por los cuales solicitó se rechace el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la congruencia en las resoluciones.

El Tribunal Supremo de Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha delineado el principio de congruencia judicial como un pilar esencial para garantizar resoluciones el debido proceso, estructurándolo en dos dimensiones fundamentales: i) la congruencia externa, relacionada a la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, exige que el juzgador se ciña estrictamente a los límites del debate procesal planteado por las partes; y, ii) la congruencia interna, referente a la coherencia lógica y secuencial que debe contener la resolución; es decir que la estructura argumentativa debe funcionar como un todo articulado, donde los hechos probados, la valoración de la prueba, la identificación de agravios, la interpretación normativa y la parte dispositiva guarden una relación racional y sin contradicciones.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 05 de julio, sobre este principio en particular ha referido que: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia...”. Razonamiento que es reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

Mostrando 48 de 95 parrafos.

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