Texto del fallo
SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
Expediente Nº A-34/2006
AUTO SUPREMO Nº 491 Coactivo Social Sucre, 30 de septiembre de 2010.
DISTRITO: Oruro
PARTES: Prefectura del Departamento de Oruro c/ Gladis Salazar Ríos y otros
VISTOS: El recurso de casación de fs. 412-414 vta., interpuesto por Gladys Salazar Ríos de Pérez contra el Auto de Vista No. 210/2004 de fs. 344-345 vta, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en el proceso coactivo fiscal seguido por la Prefectura del Departamento de Oruro contra Gladys Salazar Ríos de Pérez y otros por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado; las leyes acusadas de infringidas, antecedentes del proceso, y
CONSIDERANDO I: Que, formalizada la acción coactivo fiscal a fs. 319 por Humberto Fernández Tórres, apoderado legal de la Prefectura del Departamento de Oruro, al amparo de los arts.31 y 47 de la Ley No. 1178 y 77-a) y h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, contra Gladys Salazar Ríos de Pérez, Juan José Rossel Herrera y Rubén Ángel Cabita Vásquez, en base a los Informes de Auditoria Nos. INF.AUDINT. 005-A/97, 006-A-1.2/97, 005-A-2.2/97 y 006-A-2.2/97, referidos a la auditoria de egresos en la gestión de compra de ropa en Iquique, Chile con destino a los hogares de niños dependientes de Asistencia Social de esa Prefectura, que establecen indicios de responsabilidad civil, debidamente aprobados por el Contralor General de la República; es admitida por el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro girando las Notas de Cargo de fs. 145 vta.-147, dictando en conocimiento del proceso la Sentencia No. 40/2003 de fs. 305-307, declarando probada la demanda coactivo Fiscal, contra
Gladys Salazar de Pérez por la suma de $us. 12.340,08.-Juan José Rossel Herrera por $us 900.-, por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado; Rubén Ángel Cabita Vásquez por $us 24.178,20.- por pérdida de activos y bienes del estado, por negligencia de irresponsabilidad, en aplicación del art. 77-h) y, el último del art. 77-i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, disponiendo en consecuencia girar pliegos de cargo en ejecución de Sentencia y manteniendo las medidas precautorias dispuestas en contra de los coactivados.
En conocimiento de los recursos de apelación de esta Sentencia, interpuestos por Gladys Salazar Ríos de Perez a fs. 312-313 y Juan José Rossel Herrera a fs. 315-316, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en alzada, la confirma por Auto de Vista No. 210/2004. Con costas.
Resolución del Ad quem que, como se tiene referido, motiva el recurso de casación que se pasa a examinar.
CONSIDERANDO II: Que, el recurso interpuesto en la forma y en el fondo a fs. 412-414, corresponde analizarlo en los términos que está planteado. Así se tiene:
Que el recuso en la forma, realiza la impugnación a la validez del poder otorgado por el Prefecto del Departamentote Oruro para la interposición de la acción, acusando infracción de los arts. 12 de la Ley del Notariado y 31 constitucional, en cuanto alega que el Notario de Hacienda y Gobierno de Oruro no estaba facultado para tal efecto, descalificando la representación del mandatario en el proceso.
Por otra parte, como casación en el fondo, sostiene que el Asistente Técnico de la Sala Social y Administrativa cuando desempeñaba cargo en Auditoria Interna de la Prefectura ha emitido ya opinión en este mismo proceso, en segunda instancia ha acreditado sus propios vistos buenos a los informes de auditoria, estando comprendido en las causales de recusación y excusa del art. 20 del Código de Procedimiento Civil, al haber omitido opinión sobre la justicia o injusticia del caso, como abogado de la Prefectura y que éstos informes de auditoria interna en base a los cuales se inicia y formaliza la presente acción coactiva, afirmando fueron elaborados y suscritos por una egresada, careciendo de título profesional y facultades para tal cumplimiento. Constituyendo esos documentos títulos coactivos ilegales y nulos de pleno derecho, con los cuales errónea e indebidamente se condena en responsabilidad civil.
En resumen manifiesta, que el proceso se ha tramitado con falsedad y error, vicios insubsanables al admitir como prueba preconstituida documentos viciados de nulidad y admitiendo apersonamiento con instrumento viciado de nulidad. Concluye solicitando resolución a este Tribunal.
CONSIDERANDO III: Que, así planteado el recurso interpuesto, examinadas las normas acusadas de infringidas, los antecedentes insertos en el expediente, se colige lo siguiente:
I.- Que, en el planteamiento en la forma, alega como nueva causa de nulidad la validez en el otorgamiento del poder de representación del apoderado de la coactivante, aspecto no reclamado con oportunidad en los tribunales inferiores, que no puede ser alegado en casación; conforme prevé el art. 258-3) del Procedimiento Civil, por lo que no corresponde nulidad alguna.
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