AS/0496/2012

Criterio

Las Sentencias Constitucionales Nº 0344/2010-R de 15 de junio y la Nº 1795/2010-R de 25 de octubre, entre otras señalan que: "El artículo 33 de la CPE abrg, disponía que la ley solo tiene efecto para lo venidero; y no así retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente; es decir, uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su irretroactividad, que significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, así también lo ha establecido el artículo 123 de la CPE. El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente. Es por ello, que el principio de irretroactividad no se contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos." (El resaltado nos corresponde). Por lo expuesto, la aplicación de la Ley Nº 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito, Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" del 31 de marzo de 2010, en la que funda su recurso el recurrente, no puede aplicarse a hechos o actos jurisdiccionales realizados con anterioridad a la aprobación y vigencia del mismo; así mismo, la propia Constitución Política del Estado entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, es decir nuestro nuevo texto constitucional, no estaba vigente al momento del acaecimiento del hecho generador que se juzga, por cuanto del Dictamen de Responsabilidad Civil CGR-1/D-001/96 (fs. 5 a 65), se advierte que, la Auditoría del Balance General de la Caja Nacional de Salud fue por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 1990. Así también se evidenció que el inicio del proceso coactivo fiscal fue el 6 de diciembre de 2006, habiéndose notificado al coactivado recién el 16 de octubre de 2007 - Notificación tácita por apersonamiento e interposición de excepción perentoria de prescripción (fs.119 a 123) - fecha que resulta ser anterior a la vigencia de nuestra norma fundamental. Por lo razonado, concluimos que, tanto el a quo como el ad quem - este último en el Auto de Vista impugnado -, realizaron una correcta interpretación de la norma aplicable en el tiempo, es decir, para declarar probada la excepción de prescripción planteada por el coactivado al amparo de lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 1178, coincidimos que la norma aplicable al caso concreto, es la que estuvo vigente al momento de la comisión del hecho denunciado supuestamente como irregular, y por cuyo resultado la otrora Contraloría General de la República, encontró indicios de responsabilidad civil.