AS/0497/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0497/2025

Fecha: 27 de mayo de 2025

Expediente: LP-32-25-S

Partes: Néstor Vargas Villanueva c/ Favio Cerrogrande Quispe y Leonora Choque Chura representada por Gabriel Choque Quispe.

Proceso: Mejor derecho propietario y acción reivindicatoria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 787 a 790 vta., interpuesto por Leonora Choque Chura representada por Gabriel Choque Quispe, contra el Auto de Vista N° 422/2024, de 15 de marzo, corriente de fs. 775 a 777, y Auto complementario de 20 de agosto del mismo año, corriente a fs. 784, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario y acción reivindicatoria, seguido por Néstor Vargas Villanueva contra Favio Cerrogrande Quispe y Leonora Choque Chura representada por Gabriel Choque Quispe; el Auto de concesión de 27 de noviembre de 2024, visible a fs. 796, el Auto Supremo de admisión N° 125/2025-RA, de 19 de febrero, obrante de fs. 804 a 805 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Néstor Vargas Villanueva por memorial de demanda que discurre de fs. 89 a 93, ampliado de fs. 123 a 127 y subsanado a fs. 155, promovió el proceso ordinario de mejor derecho propietario y acción reivindicatoria contra Favio Cerrogrande Quispe y Leonora Choque Chura, quienes una vez citados, el primero mediante escrito de fs. 162 a 164 interpuso excepción previa de prescripción o caducidad y demanda defectuosamente propuesta, por escrito de fs. 166 a 169 opone incidente de nulidad y por memorial de fs. 172 a 174 vta. contesta a la demanda de forma negativa, la segunda solamente opuso incidente de nulidad mediante memorial de fs. 180 a 182 vta., pretensiones que fueron rechazadas mediante Resolución N° 35/2020, de 15 de enero, corriente de fs. 401 a 402 vta., desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 011/2023-1, de 06 de enero, que cursa de fs. 708 a 719, en la que el Juez Público Civil y Comercial 12° de la ciudad de El Alto-La Paz, declaró la IMPROBADA la demanda principal, declarándose inexistente cualquier derecho propietario que pueda pretender Néstor Vargas Villanueva sobre el bien inmueble con Matrícula Nº 2.01.4.01.0119642 y memorial de solicitud de complementación y enmienda de fs. 729 a 730, pretensión que fue resuelta mediante Resolución N° 105/2023-2 de 03 de abril, de fs. 742 a 743, declarando su rechazo del mismo.

2. Sentencia de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Néstor Vargas Villanueva representado por Trifón Avelino Vargas Orosco, según escrito de fs. 732 a 736 vta., la contestación corriente a fs. 740 y vta., originó que la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 422/2024, de 15 de marzo, corriente de fs. 775 a 777, por el cual ANULÓ obrados hasta fs. 707 vta., en base a los siguientes argumentos:

El A quo tendría la facultad de producir prueba de oficio, esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos alegados por las partes, a fin de lograr la emisión de una resolución eficaz y que no vulnere derecho alguno de las partes.

Los administradores de justicia están comprometidos con la averiguación de la verdad material, es por ello que, no debería obviarse que la producción de la prueba no es una facultad exclusiva de las partes, sino que, como se señaló, la autoridad judicial tiene la facultad de generar prueba de oficio en caso de que se genere duda razonable sobre los hechos controvertidos en una causa.

No se debería obviar que, en una acción de mejor derecho propietario y reivindicación, para la procedencia de las mencionadas acciones, deben cumplir ciertos requisitos y/o exigencias, sin embargo, en la presente causa no se llegaría a cumplir a cabalidad con todos los presupuestos de viabilidad, toda vez que la parte demandante como la demandada no llegarían a cumplir con el presupuesto de la identidad o singularidad del bien inmueble objeto de la litis, a ello la autoridad judicial tendría la facultad de establecer pruebas de mejor proveer a fin de emitir una sentencia garantizando el derecho del debido proceso y la seguridad jurídica.

Asimismo, que de las pruebas presentadas por ambas partes se podría apreciar que a fs. 3 se evidencia que el bien objeto de la litis, tiene diferente ubicación, toda vez que, por parte de la demandante señala “No 297, Zona “F”, Villa Dolores, El Alto de La Paz”, en cambio de la demandada conforme a fs. 312 se encontraría ubicado en “N° 297, Villa Dolores”, aspectos por los cuales correspondía anular obrados a fin de que el A quo dilucide y resuelva esta conjetura y así despejar la duda que origino dicha autoridad.

3. Ante la precitada resolución, por escrito de fs. 781 a 782 vta., Leonora Choque Chura presenta complementación y enmienda, misma que fue resuelta por Auto de 20 de agosto de 2024 visible a fs. 784, declarando no ha lugar.

4. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Leonora Choque Chura representada por Gabriel Choque Quispe, según escrito corriente de fs. 787 a 790 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó lo siguiente:

a) De los agravios acusados por el demandante en su recurso de apelación, no se advertiría que se hubiese cuestionado la producción de una prueba de oficio, máxime si con la inspección judicial desarrollada por el Juez ninguna de las partes habría objetado o cuestionado la ubicación del inmueble, concluyendo ambas de que se trataba del mismo bien, consecuentemente mal se podría pedir prueba de oficio a fin de determinar la ubicación exacta del mismo.

b) El Tribunal de apelación no consideró la doctrina respecto a la nulidad; toda vez que, se habría limitado a señalar que no existiría prueba sobre individualización e identificación plena del bien inmueble objeto de la litis en relación a la ubicación sin consultar los datos del proceso, no habiéndose justificado la importancia del mismo y de qué manera se habría vulnerado el debido proceso al no producir prueba de oficio y cuál sería su finalidad, pues tampoco habría indicado cuales serían las otras pruebas de oficio que debieron ser considerado por el Juez.

c) La Resolución emitida no habría dado respuesta a todos los cuestionamientos formulados y por el contrario no condice el deber de fundamentación, por ello a los fines del ejercicio al derecho a la impugnación, corresponde que el Tribunal de alzada de respuesta a todos los cuestionamientos formulados en el fondo del recurso y a los fines de la certeza material.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se anule el Auto de Vista para que emita una nueva resolución ingresando al fondo de la causa.

2. Contestación al recurso de casación:

Trifon Avelino Vargas Orozco por sí y en representación de Néstor Vargas Villanueva, respondió el recurso de casación mediante escrito de fs. 793 a 794, señalando que:

El presupuesto esencial para la procedencia del mejor derecho de propiedad radica en la identidad de la cosa, que la propiedad pertenezca quien primero inscribió su título en el registro público, a más de ello se requiere la identidad objetiva del inmueble, es decir, coincidencia de los datos descritos en el título de propiedad y el bien objeto de litis, lo cual el A quo no habría apreciado, y en la misma línea el Tribunal de alzada argumentó que no existe prueba sobre la individualización e identificación plena del bien inmueble, lo que sería falso.

Por lo que, solicita se anule el Auto de Vista.

Por otra parte es preciso aclarar que, del memorial de contestación precedente, se evidencia que en su punto II (fs. 794), interpone recurso de casación en contra del Auto de Vista ahora impugnado, empero, se debe tener presente que el demandante representado por Trifon Avelino Vargas Orosco fue notificado con el Auto de complementación y enmienda visible a fs. 784 en fecha 13 de septiembre de 2024, tal como se evidencia de la diligencia a fs. 785 y su recurso fue interpuesto en fecha 20 de noviembre de 2024 tal como consta del sello de plataforma cursante a fs. 793; por ello, se tiene que dicha impugnación fue presentada incumpliendo el art. 273 del Código Procesal Civil; en ese entendido, se tiene que dicho recurso no fue concedido por Auto corriente a fs. 796 y por ende el mismo no fue admitido por este Tribunal Supremo de Justicia para su análisis.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. El Tribunal de apelación es una instancia de hecho.

El Auto Supremo Nº 1183 /2017, de 01 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, y ratificado por el Auto Supremo N° 1362 /2024, de 19 de noviembre, el cual consideraron que el Tribunal de apelación es un órgano de hecho, puntualizando lo siguiente: “El art. 265 del Código Procesal Civil, señala lo siguiente: ‘(FACULTADES DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA). I. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. II. No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraparte hubiera apelado en forma principal o se hubiere adherido. III. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios’. La norma descrita permite actuar como un Tribunal de segunda instancia en el que se puede debatir aspectos de hecho, o asimilar medios de prueba que no fueron producidos en primera instancia, dada su naturaleza pueden inclusive requerir medio de prueba para mejor proveer, también se encuentra la facultad de asumir decisión sobre pretensiones omitidas en primera instancia, sobre la base del elenco probatorio producido y descrito por el apelante o su adversario.”.

III.2. Obligación de fallar en el fondo por el Tribunal de alzada.

Al respecto, debemos tomar en cuenta el razonamiento efectuado por el Auto Supremo N° 685/2019, de 16 de julio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, ratificado por el Auto Supremo N° 1045/2024 de 13 de septiembre, donde se orientó que: “En ese contexto recursivo, se debe manifestar que la reforma procesal civil, trasunta más allá de solo una reforma legal, es un cambio trascedente de la administración de justicia civil, en las que, las formas están al servicio de los derechos sustanciales, garantizado mediante la oralidad e inmediación y la celeridad de los procesos judiciales.

En el sistema recursivo, la apelación constituye una garantía procesal porque posibilita que la decisión de instancia sea revisada por jueces de mayor jerarquía que, por la composición colegiada, otorga certeza decisoria por el criterio compartido de su determinación. En esa medida, el Tribunal de segunda instancia no constituye solo un revisor del obrar del proceso que se limita a identificar afectaciones al debido proceso o, en su caso, contrastar las decisiones que resolvieron la controversia y derivarla luego al mismo juez para su reparación; es un colegiado que debe otorgar la celeridad necesaria y que sus determinaciones derivadas de su juicio sean soluciones jurídicas de resolución de la problemática.

En tal caso, el sistema recursivo civil no adopta un procedimiento de reenvío, por el que, por los errores de fondo o forma advertidos en segunda instancia, se reenvíe la causa al Juez A quo y se dicte nuevo fallo, situación inadecuada que no era aceptada en el anterior régimen procesal y, lógicamente, es ausente en el actual. Así el art. 218.III del Código Procesal Civil, establece que: ´Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo´, percepción concreta de la norma que determina la labor del Tribunal de apelación de fallar en el fondo de la causa, es decir, otorgar una solución jurídica, aun la sentencia tuviere contradicciones en las pretensiones acogidas, ya que, como se dijo, la labor del Ad quem no se puede limitar a identificar defectos de la sentencia sino en enmendar los mismos y otorgar soluciones a la controversia para el beneficio de los usuarios del sistema de justicia”.

III.3. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 05 de julio, donde ha razonado que: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…” (Las negrillas nos pertenecen).

Mostrando 45 de 89 parrafos.

Texto del fallo

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