AS/0498/2015

Criterio

Dentro del tema de debate y sobre la incongruencia este tribunal ha distinguido, de un lado, la incongruencia omisiva o ex silentio, (citra petita), en la cual se incurre cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, y debido proceso; una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. De lo anotado, de ninguna forma el Tribunal de apelación puede sustraerse de esa responsabilidad, quien debe resolver la controversia en función del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia, previsibilidad, razonabilidad y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237, decidiendo en el fondo el conflicto, dando cumplimiento al derecho al debido proceso y otorgando la tutela judicial efectiva. En el caso presente, la revisión de actuados evidencia que Fundación Agrocapital demando entre otros pedidos, la sanción pecuniaria por omisión de pago, misma que mereció consideración por parte del Tribunal a quo en Sentencia de grado punto 12, ante cuyo fallo, el sujeto pasivo accionó recurso de apelación exponiendo como uno de los agravios la calificación de la conducta por parte de la juez de grado, como omisión de pago, misma que no mereció consideración alguna por parte del Tribunal de Alzada dejando de lado el contradictorio, por consiguiente, la parte afectada no tuvo la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuviera por conveniente en apoyo de su posición procesal, por lo que se ha producido un error por omisión en cuanto a la falta de pronunciamiento que por sí mismo produce una modificación sustancial en el objeto del proceso de la que el recurrente no ha podido defenderse. Las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones. Esta exigencia, se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores más aún cuando tuvo que ingresar a analizar la conducta del sujeto pasivo y la correspondencia o no de una sanción pecuniaria que ya por sí misma es gravosa a los intereses del sujeto pasivo, lo que también constituye una afectación al debido proceso.