AS/0498/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0498/2025

Fecha: 27 de mayo de 2025

Expediente: SC-58-24-S

Partes: Juan Rogelio Claros Núñez y Bella Martha Claros Núñez c/ Teodora Mojica Peña de Castillo.

Proceso: Exclusión de vocación hereditaria, cancelación de escrituras y registro en Derechos Reales.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 552 a 561, interpuesto por Teodora Mojica Peña de Castillo a través de su apoderado Edgar Santiago Vargas Zalleg, contra el Auto de Vista Nº 51/2024, de 06 de marzo, corriente de fs. 271 a 273 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de exclusión de vocación hereditaria, cancelación de escritura pública y registro en Derechos Reales, seguido por Juan Rogelio Claros Núñez y Bella Martha Claros Núñez contra la recurrente; la contestación de fs. 568 a 570; el Auto de concesión Nº 10/2024, de 25 de abril, visible a fs. 571; el Auto Supremo de admisión N° 609/2024-RA, de 12 de junio, obrante de fs. 581 a 582 vta., la Resolución Constitucional Sentencia N° 11/2025, de 11 de febrero, de fs. 644 a 652, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Nancy Claros Núñez en representación de Juan Rogelio Claros Núñez y Bella Martha Claros Núñez, por memorial de demanda que discurre de fs. 28 a 30 vta., promovió el proceso ordinario de exclusión de vocación hereditaria, cancelación de escrituras y registros en Derechos Reales contra Teodora Mojica Peña de Castillo, quien una vez citada, por escrito de fs. 99 a 103 se apersonó e interpuso demanda reconvencional sobre la misma causal principal mencionada supra; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 46/2023, de 14 de agosto, que cursa de fs. 235 a 243 y vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 1° de Vallegrande del departamento de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA la demanda de exclusión de la vocación hereditaria de Teodora Mojica Peña de Castillo sobre la causante Iveth Claros Mojica por encontrarse en el tercer grado de consanguinidad y al existir hermanos unilaterales en segundo grado por ser el pariente más próximo en grado, de acuerdo al art. 1086 del Código Civil; y, en cuanto a la cancelación de registros, documentos públicos y otros a nombre de la aludida demandada solicitado por la parte demandante NO HA LUGAR por no ajustarse a procedimiento de nuestra norma adjetiva civil, teniendo la vía legal conforme a las disposiciones legales en nuestro ordenamiento jurídico civil en su forma adjetiva y sustantiva; IMPROBADA la reconvención de la demanda interpuesta por Teodora Mojica Peña de Castillo.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Teodora Mojica Peña de Castillo representada por Raúl Fernando Castillo Mojica, según memoriales de fs. 247 a 252, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 51/2024, de 06 de marzo, corriente de fs. 271 a 273 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

En cuanto al primer agravio, relativo a la falta de motivación y fundamentación de la Sentencia recurrida, este agravio se refiere más a una arbitraria o insuficiente valoración de la prueba, puesto que manifiesta que no se valoró correctamente la prueba testifical y la prueba de confesión provocada; sobre el particular corresponde remitirse a lo establecido en el art. 11 del Código de las Familias y del Proceso Familiar y al art. 1086 del Código Civil; es así que bajo esa egida de las normas señaladas, los demandantes son hermanos de Iveth Claros Mojica; es decir, parientes en segundo grado y la demandada es tía, pariente en tercer grado; en ese merito la Sentencia excluyó a la última al ser de un grado de parentesco más lejano, valorando las pruebas que solo refieren a los cuidados que hubiera realizado la demandada en favor de su sobrina y que su voluntad era dejar la herencia en favor de su tía; sin embargo, al morir sin haber manifestado esa voluntad, la herencia se difiere a los herederos más cercanos como son los demandantes; por lo que la sentencia se encuentra debidamente fundamentada, tanto fáctica como jurídicamente, aplicando las normas correspondientes, no siendo evidente el agravio esgrimido.

En cuanto al segundo agravio, referida a la improponibilidad objetiva de la demanda, se tiene por un lado que, si la demandada optó por aceptar la herencia con conocimiento pleno de que existían otros herederos con un grado más próximo, lo hizo bajo su cuenta y riesgo, por cuanto el hecho de que lo haya realizado antes que los demandantes no destruye la vocación hereditaria de los primeros que tienen un plazo de 10 años para aceptar la herencia, no siendo aplicable la norma esgrimida en relación a los 30 días para anular la aceptación; por otro lado, el hecho de haber aceptado la herencia, le da toda la legitimación activa para interponer la demanda en defensa de su derecho sucesorio, no ameritando mayor fundamentación, por lo que no resulta evidente el agravio.

En cuanto al tercer agravio, sobre el supuesto incumplimiento con el objeto de la prueba, se tiene que, evidenciado el grado de parentesco en relación a la de cujus, como se tiene probado por ambas escrituras de aceptación de herencia, lo único que correspondía al Juez era aplicar el art. 1086 del Código Civil, excluyendo a la tía demandada en favor de los hermanos demandantes como lo hizo, por lo que no resulta el agravio denunciado.

En cuanto al cuarto agravio, sobre la desestimación de la conciliación, se tiene que existe múltiples pre acuerdos, propuestas y contrapropuestas entre las partes y no se llegaron a formalizar ninguno o concluir en un acta de conciliación, tales intenciones se consideran inexistentes, por lo que al no existir acuerdo alguno corresponde la continuación del trámite del juicio, como lo hizo el Juez.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Teodora Mojica Peña de Castillo, mediante memorial de fs. 552 a 561, emitiéndose el Auto Supremo N° 744/2024, de 10 de julio, corriente de fs. 586 a 592 vta., declarando INFUNDADO el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista N° 51/2024, de 06 de marzo, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

4. Auto Supremo que fue objeto de la interposición de una Acción de Amparo Constitucional, resuelto mediante Resolución Constitucional Sentencia N° 11/2025, de 11 de febrero, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo N° 744/2024, de 10 de julio, disponiendo que los Magistrados de Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitan uno nuevo, con base en los fundamentos jurídicos esgrimidos en el fallo constitucional; objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

a) El Auto de Vista Nº 51/2024 de 06 de marzo, incurre en falta de fundamentación y motivación y valoración de las pruebas testificales de descargo de Melina Cuellar y Roger Cuellar, quienes manifestaron que la voluntad de la extinta Iveth Claros Mojica era dejar la casa de Vallegrande para su persona, así como en falta de valoración de las confesiones judiciales provocadas de los demandantes Juan Rogelio Claros Núñez, Bella Martha Claros Núñez y Arantxa Lessy Vargas Claros.

b) El Auto de Vista no tomó en cuenta la improponibilidad de la demanda, porque al haber los demandantes manifestado que su persona habría tramitado su declaratoria de herederos con mentiras y engaños y sin cumplir con los requisitos legales, la acción legal a demandarse era la que establece el art. 1020 del Código Civil y no la interpuesta.

c) No consideró que los demandantes no cumplieron a cabalidad con los puntos del objeto de la prueba fijado por el Juez, ya que la prueba aportada por los mismos es insuficiente, tan solo lograron probar la existencia del inmueble, pero no así la exclusión de la vocación hereditaria de su persona.

d) El Auto de Vista ratificó la sentencia que estableció que desestima la conciliación por no haber voluntad de conciliar por las partes, sin tomar en cuenta que de conformidad al acta de audiencia preliminar de fs. 119 a 120, el abogado mandatario de los demandantes en fase de conciliación intraprocesal manifestó que sus representados estaban de acuerdo en reconocerle el 25% del valor del inmueble objeto del proceso bajo condición que se entregue la posesión inmediata, y que su persona en calidad de demandada se apersono al juzgado también con ese fin.

En cuanto al recurso de casación en la forma:

a) El Auto de Vista incurre en incongruencia externa; asimismo, en falta de fundamentación y motivación porque no respondió ni resolvió los agravios expuestos en su recurso de apelación.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó se revoque el Auto de Vista, así como la Sentencia y/o anulando obrados hasta el vicio más antiguo.

2. Contestación al recurso de casación:

Juan Rogelio y Bella Martha ambos Claros Nuñez, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 568 a 570, solicitando en lo principal que:

La demandada solicitó la anulación del Auto de Vista y se revoque la Sentencia de primera instancia; sin embargo, el recurso de casación es carente de fundamentación legal, como determina el capítulo cuarto del Código de Procedimiento Civil, no argumenta bajo qué norma legal plantea su recurso de casación, no cumple los requisitos establecidos en el art. 274 de la mencionada disposición legal, no citó en términos claros y precisos, no indicó a que fojas cursa, tampoco expresó con claridad y precisión las leyes infringidas, violadas, aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, tampoco indica en que consiste la infracción, violación, falsedad o error.

Por lo referido, solicitó se declare la infundado, con costas y costos.

3. De la Resolución Constitucional de Acción de Amparo Constitucional Sentencia N° 11/2025 de 11 de febrero.

Por Resolución Constitucional Sentencia N° 11/2025, de 11 de febrero, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por Teodora Mojica Peña De Castillo, resolvió conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo N° 744/2024 de 10 de julio, disponiendo que los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitan nuevo Auto Supremo, con base a los siguientes argumentos:

El Auto Supremo ingresa en incongruencia porque, en sus fundamentos señala que el recurso de casación tiene por fin el análisis del Auto de Vista, lo que no toma en cuenta el recurrente, pues al realizar la fundamentación en sus reclamos 1 a 4, se evidencia que estos van dirigidos a cuestionar aspectos de la Sentencia, confundiendo la finalidad que persigue el recurso de casación, por lo que no puede ingresarse a considerar esos aspectos, señalando claramente que no entrara al análisis de fondo; sin embargo, luego de ello, contradictoriamente, señala que en el Auto de Vista el Tribunal alzada abordó de manera detallada los puntos de apelación planteada por Teodora Mojica Peña de Castillo, ofreciendo una respuesta fundamentada, respaldada por argumentos precisos y contundentes, con base en normativa vigente, dirigidos a cada una de las objeciones plateadas; es decir, ingresa analizar los agravios expuestos.

El Auto Supremo, además de ser incongruente, señala que el Auto de Vista emitido está fundamentada y motivada porque respondieron a cada uno de los agravios expuestos en el recurso de apelación; sin embargo, no exteriorizaron de manera justificada y razonada porque consideran que el Auto de Vista impugnado estaría fundamentada y motivada, por lo que se advierte que las autoridades accionadas no cumplieron con el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, toda vez que no justificaron de manera razonable la decisión que adoptaron, ni respondieron a cada uno de los agravios citados por la parte accionante.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016, de 11 de marzo, pronunciado por la Sala Civil del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 núm. 2 del Código de Procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspecto inherentes a la forma de la tramitación de la cusa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esa notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.

III.2. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen).

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

(…)

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”. (Subrayado y negrilla es nuestro)

III.3. Del orden de los llamados a suceder y la exclusión.

Al respecto, el Auto Supremo N° 627/2019, de 01 de julio, señaló: “Nuestra legislación Sustantiva Civil en el art. 1083 establece el orden de los herederos legales llamados a suceder, teniendo en primer lugar a los descendientes, seguidos de los ascendientes, situando al cónyuge o conviviente en el mismo orden de sucesión que los descendientes o ascendientes según resulte el caso, siguiendo los parientes colaterales y finalmente el Estado, todos ellos heredan según el orden y las reglas establecidas en el Código Civil.

(…).

El Autor Félix Paz Espinoza en su texto “Derecho de Sucesiones Mortis Causa”, diferencia a los herederos legales denominados por el Código Civil como herederos forzosos, siendo estos los descendientes, ascendientes y cónyuge o conviviente y los herederos colaterales o simplemente legales, explicando: “Herederos legales. Los herederos legales son las personas llamadas a la sucesión por el mero principio de la ley, haya o no testamento; con el único requisito esencial de estar vinculados mediante las relaciones de parentesco en la línea directa o colateral y en los grados de proximidad con el de cuius, de donde unos pueden tener prelación sobre otros.

Entre los herederos legales se distinguen a los: a) Forzosos y b) Los simplemente legales:

a) Herederos forzosos, necesarios o legitimarios. Son aquellos que ostentan el privilegio de ingresar en la sucesión hereditaria por derecho propio y por imperio de la ley, sin necesidad de disposición testamentaria o voluntad del causante; cuyo privilegio nace de la relación parental inmediata que tienen con el de cujus en calidad de hijos o descendientes, padres o ascendientes, cónyuge o conviviente supérstite, esta última relación surge por la institución del matrimonio y el concubinato comprobado judicialmente. El derecho de suceder de estos herederos, se halla garantizada por la ley y del que no pueden ser privados ni excluidos por simple voluntad de causante, a no ser por la incursión en las causas de incapacidad expresamente señaladas en la Ley (indignidad y desheredación), previos los trámites judiciales establecidos al respecto.

b) Herederos simplemente legales. En cambio, los herederos simplemente legales, son las personas que son llamadas para suceder a falta de la clase de los herederos forzosos, o cuando estos han premuerto al causante o fueron separados y excluidos legalmente de la relación sucesoria, o de otra manera, no han querido asumir la calidad de heredero por haber renunciado a la herencia. En tal situación, es la ley que llama a los parientes siguientes en grado, en base de la proximidad del nexo parental correspondiente a la línea colateral, a esta categoría corresponden los hermanos del causante, los sobrinos, sobrinos nietos, tíos y otros.”.

(…)

En cuanto a la exclusión hereditaria el art. 1086 del Código Civil indica: “En cada una de las líneas el pariente más próximo en grado excluye en la herencia al más lejano, salvo el derecho de representación.”. Revisemos lo manifestado por Félix Paz Espinoza: “Exclusión. En la sucesión legal o intestada, según al orden familiar al que correspondan los herederos se excluyen unos a otros, de esa manera, el pariente más próximo excluye al más lejano de acuerdo al grado de proximidad familiar que exista entre el causante y el heredero, o la mayor intimidad del vínculo de sangre, Ej. Los hijos excluyen a los nietos, los nietos a los bisnietos y así sucesivamente en la línea directa descendente; o como acontece con el orden de grados donde los descendientes excluyen a los ascendientes y estos a los parientes colaterales. Produciéndose de esa manera, en este sistema, la preferencia de los parientes por grados para suceder. El cónyuge o conviviente que sobrevive, concurre a la sucesión conjuntamente los hijos, si existen, o con los ascendientes, pero igual excluye a los parientes colaterales del difunto.”

III.4. Respecto a los parientes colaterales en la sucesión.

Al respecto, el Auto Supremo N° 627/2019, de 01 de julio, señaló: “Finalmente, respecto a la sucesión de los parientes colaterales y otros colaterales, la ley regula su participación y llamamiento hereditario en los arts. 1109 y 1110 del Código Sustantivo Civil, el autor Amadeo Sabaté en el texto “Derecho Civil, Derecho Sucesorio Civil Boliviano” alega: “Herederos simplemente legales son las personas que entran a la sucesión a falta de herederos forzosos y testamentarios. En este grupo se encuentran los parientes colaterales del causante, hasta el cuarto grado de consanguinidad.

(…).

En la sucesión colateral, rige el principio por el que la proximidad del grado excluye a los parientes más remotos, (…)”. El tratadista Carlos Morales Guillen explica: “Cuando el efecto familiar no puede extenderse hacia abajo o hacia arriba, por falta de descendientes y ascendientes, los romanos observaron que se extendía hacia los lados (Scaevola). En esa virtud, la línea colateral vino a tomar el tercer grado de la sucesión intestada. Nótese que la del cónyuge, no se ha clasificado como grado porque no lo es en sí y porque concurre tanto con los de primer grado como con los del segundo y en ausencia de herederos de los dos primeros grados, sucede solo, excluyendo a los del tercer grado: los colaterales.

En ausencia de descendientes, ascendiente o cónyuge (se incluye en este concepto el conviviente), heredan en primer término los hermanos y los sobrinos, estos últimos por derecho de representación.

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