AS/0502/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0502/2025

Fecha: 27 de mayo de 2025

Expediente: SC-24-25-S

Partes: José Silverth Caraballo Solís c/ Fredy Paco Mamani y presuntos propietarios.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 370 a 375, interpuesto por Fredy Paco Mamani, contra el Auto de Vista N° 75/2024 de 26 de septiembre, saliente de fs. 357 a 364 pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por José Silverth Caraballo Solís contra el recurrente y presuntos propietarios, la contestación de fs. 380 a 385 vta., el Auto de concesión de 06 de enero de 2025 visible a fs. 388; el Auto Supremo de admisión N° 0205/2025-RA, de 13 de marzo, obrante de fs. 393 a 394 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. José Silverth Caraballo Solís por memorial de demanda que discurre de fs. 38 a 40, promovió el proceso de usucapión decenal o extraordinaria contra Fredy Paco Mamani y presuntos propietarios quienes una vez citados, Fredy Paco Mamani planteo excepciones previas de litispendencia y tramite inadecuadamente dado por la autoridad judicial por escrito que discurre a fs. 114 a 115 vta., los cuales merecieron Auto de 10 de marzo de 2023 de fs. 201 a 202, declarándose improbadas, asimismo mediante providencia emitida en audiencia preliminar de 19 de enero de 2023 cuya acta discurre a fs. 146, se designó defensora de oficio para los presuntos propietarios a la Abog. María Fernanda Carreño Chili, quien contestó negativamente a la demanda por memorial corriente a fs. 190, desarrollándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 07/2023 de 27 de marzo, obrante de fs. 216 a 220 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 5° de Santa Cruz de la Sierra declaró PROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, disponiendo que en ejecución de sentencia se ordene la inscripción en derechos reales y la constitución del derecho propietario del bien inmueble objeto del proceso a favor del demandante.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Fredy Paco Mamani, mediante memorial que corre de fs. 233 a 245 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 13/2024, de 04 de abril, saliente de fs. 274 a 279, el cual ANULÓ obrados hasta fs. 208 vta., que fue objeto de solicitud de complementación aclaración y enmienda por José Silverth Caraballo Solís, mereciendo Auto de 18 de abril de 2024 visible a fs. 283 y vta., que declaro no ha lugar a dicha solicitud.

3. Emitiéndose el Auto Supremo Nº 864/2024, de 29 de agosto, visible de fs. 333 a 340 vta., que ANULÓ el Auto de Vista impugnado.

4. En cumplimiento a dicha determinación, el Tribunal de segunda instancia pronuncio el Auto de Vista Nº 75/2024 de 26 de septiembre, cursante de fs. 357 a 364, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes fundamentos.

- Que, la solicitud de producción de prueba en segunda instancia, al tenor de los arts. 264.III y 112 ambos del Código Procesal Civil, no sería procedente ya que el recurrente no hubiera acreditado la fuerza mayor por la que no se produjo en primera instancia, además de no considerarse de reciente obtención; por lo que desestiman la misma al tenor del art. 1308.I del Código Civil, además de no cumplir con la regulación establecida en el art. 261 del Código Procesal Civil.

- Que, el reclamo de vicios de nulidad de la medida preliminar hubiera sido resuelto por Auto Nº 145/2023, de 10 de marzo cursante de fs. 206 a 207, que si bien la misma fue objeto de anuncio de apelación, esta nunca fue fundamentada; por lo que el mismo ya estaría resuelto al no haber sido impugnado conforme a procedimiento.

- Que, no se tendría por acreditado que el bien inmueble objeto de litis sería distinto al de propiedad del demandado, más aún cuando por certificaciones de fs. 156 y 160 aportadas por el propio demandando se tendría identidad del bien inmueble a usucapir siendo solo un error administrativo que el mismo figure en el manzano UM-39; puesto que conforme a la documental señalada esta se ubicaría en el manzano UM-40, UV. 72 del D. M. 05.

- Que, las documentales de fs. 56 a 58, consistente en un contrato de arrendamiento de fecha 26 de enero de 2012 suscrito por el padre del demandante, con Eleuterio Paco Ibarra padre del demandado, no puede ser considerado; al no existir poder, ni representación alguna del padre del demandado para realizar actos o contratos a su nombre al tenor del art. 46 del Código Procesal Civil; por lo que, no se denota que la posesión del demandante devenga del referido contrato, en cuanto a la prueba de aportada conjuntamente a la apelación referente a recibos del pago de arrendamiento estos al no cumplir con la regulación establecida en el art. 112 y 261 del Código Procesal Civil no fueron objeto de valoración.

- Que, no se ha conculcado los arts. 135 y 137 del Código Civil, respecto a la interrupción de la posesión basado en el contrato de fs. 36 generado por el demandante con Mario Canaviri Choque; puesto que el contrato tuviera como objeto el taller mecánico y no así la vivienda del demandante.

- Que, en el caso presente no fue necesario la emisión de certificación de derechos reales para la identificación del propietario del inmueble objeto de litis, más aún cuando el demandado Fredy Paco Mamani se identificó como titular propietario del inmueble a usucapir conforme a su título de propiedad y el mismo se encuentra en posesión del demandante.

5. Fallo de segunda instancia recurrido en casación Fredy Paco Mamani, según escrito visible de fs. 370 a 375, medio de impugnación, que es materia de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación manifestó:

- En la forma.

a) Que, el Auto de Vista carecería de la debida congruencia regulada en el art. 265 del Código Procesal Civil, al no considerar su agravio inserto en el segundo reclamo de su recurso de apelación, referente a la falta de fijación del objeto del proceso, siendo que este supuesto no fue parte de la Sentencia, sino de la audiencia preliminar conforme la regulación establecida en el art. 208 del Código Procesal Civil, que fue erróneamente sustanciado como usucapión decenal y concluida así en la Sentencia como así también por el Tribunal de alzada, conculcándose la regulación establecida en los arts. 271 y 366 del propio adjetivo procesal civil.

b) Que, el Tribunal de alzada emitió una resolución carente de fundamentación y motivación, al determinar que no se valoraron todas las pruebas ofrecidas en el proceso por no haber sido presentadas conforme a las formalidades que la norma procesal exige coartando su derecho al acceso a la justicia, defensa e igualdad de partes, así como al principio de verdad material que implica que debe velarse por los derechos sustanciales por encima de los formales.

- En el fondo.

c) Argumentó que, el Auto de Vista no ingresó a realizar una valoración de los elementos de la posesión que debieron ser reunidos por el demandante, respecto a la interversión del título de detentador arrendatario de su padre a poseedor exclusivo, dando por acreditado los argumentos del demandante, sin considerar la negativa presentada por su parte mediante la excepción de litispendencia y la prueba portada con la misma, declarándose probada la pretensión del demandante en Sentencia, confirmada por el Auto de Vista en base a hechos no probados, desconociéndose precedentes como el emitido por Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio.

d) Acusa que, el Tribunal de alzada no consideró que tanto el padre, como el propio demandante conocían quien era propietario del bien inmueble, al instalar su persona los servicios básicos de agua, existiendo la suscripción de un contrato de alquiler sobre el inmueble objeto de la demanda por el padre del demandante, además de un proceso de desalojo generado en contra de este último, lo cual genera convencimiento de que la supuesta posesión del demandante nuca fue de buena fe, además de no tenerse por acreditado por medio alguno el ingreso del demandante al inmueble o del consentimiento del propietario para su ingreso como poseedor aspecto que debió ser acreditado por el demandante conforme a la carga de la prueba; por último no se consideró la renuncia a la supuesta posesión que tuvieran el demandante con su padre en el bien inmueble en consideración a la suscripción de un contrato de anticrético de este último con el padre del propietario, elementos que debieron ser considerados en debida aplicación del principio de verdad material y la correcta valoración de la prueba aportada, incumpliendo el demandante con los elementos necesarios para la viabilidad de su perención de usucapión al no acreditar inclusive la interversion de su título conforme el precedente establecido en el Auto Supremo Nº 1172/2016 de 07 de octubre.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

José Silverth Caraballo Solís, teniendo conocimiento de la impugnación presentada por la parte demandada contestó a la misma a través de memorial de fs. 380 a 385 vta., bajo los siguientes argumentos.

- En cuanto a la falta de congruencia del Auto e Vista, señala que el recurrente no manifiesto en qué tipo de incongruencia recaería la resolución impugnada, ingresando en una confusión ya que se hubiera cumplido con todas las actividades de la audiencia preliminar dejando que el proceso se determine con una sola pretensión la de usucapión decenal.

- En cuanto al incumplimiento del principio de verdad material en lo sustancial sobre lo forma, corresponde señalar que el mismo fue cumplido por el Tribunal de alzada, en consideración a los fundamentos desarrollados en el Auto Supremo Nº 864/2024 de 09 de agosto, que anuló un anterior Auto de Vista justamente para que el Tribunal de segunda instancia ingrese a pronunciarse sobre la prueba extrañada y que fuera aportada conjuntamente a la excepción de litispendencia presentada por el recurrente.

- Respecto al incumplimiento de los elementos de posesión para la viabilidad de la pretensión de usucapión, corresponde señalar que el recurrente confunde la participación de su padre en un supuesto contrato de arrendamiento, con el padre del demandado, mismos que no son parte de la presente causa, siendo que el demandado no exhibió su derecho propietario por más de 25 años.

- En cuanto, a que tendría una posesión de mala fe por conocer al propietario, dicha afirmación no es acreditada con ningún medio de prueba, en el mismo sentido el hecho de que no hubiera intervertido su título de detentador a poseedor no se encuentra acreditado por prueba alguna, en consideración a que su persona no fuera parte del supuesto contrato de arrendamiento firmado por su padre quien no sería parte del proceso; por otro lado manifiesta que el demandado nunca contestó a la demanda limitándose a la interposición de su excepción de litispendencia mismo que tiene por finalidad que el Juez se declare incompetente y remita el proceso ordinario a otro extraordinario, que no existe renuncia a su posesión a partir del contrato de arrendamiento en consideración a que este no fue parte del mismo.

Argumentos con los cuales solicitó se declare infundado el recurso de casación, sea con costas y costos procesales.

CONSIDERANDO III:

III.DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto de la congruencia de las resoluciones.

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de los Autos Supremos Nº 651/2014, y Nº 254/2016, entre otros, estableció que la congruencia en las resoluciones judiciales, orienta su comprensión a partir de dos acepciones: “…primero: la congruencia externa, la cual debe entenderse como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las Autoridades judiciales, en otras palabras, prohíbe al juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo: la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; vale decir, se pretenden evitar que en una misma resolución, existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

De igual manera, la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 5 de julio, precisó lo siguiente: ´El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…´. Razonamiento reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las SCP Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014, donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y citra petita, cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante”. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

En la Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R, de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones se ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R de 9 de noviembre, estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, (Las negrillas nos pertenecen) criterio reiterada por la Sentencia Constitucional 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. (Subrayado nos corresponden).

III.3. El principio de verdad material.

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