AS/0507/2009

SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 507 Sucre, 3 de octubre de 2009

DISTRITO: Chuquisaca

PARTES:Ministerio Público a querella de Valerio Cardozo Díaz director del hospital "Santa Bárbara"c/ Francisco Alcides Mina Morales

Concusión (Declara infundado el recurso de casación)

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Sucre, 3 de octubre de 2009

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Francisco Alcides Mina Morales a fs. 947 a 948 vlta., de obrados contra el Auto de Vista de 06 de marzo de 2004, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Valerio Cardozo Díaz director del hospital "Santa Bárbara" contra el recurrente por el delito de concusión previsto y sancionado por el art. 151 del Codigo Penal, los antecedentes procesales y,

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso de referencia, el Juzgado Mixto, Liquidador y de Sentencia N° 2 en lo Penal, pronunció la Sentencia de fs. 898 a 901 vlta., declarando al procesado Francisco Alcides Mina Morales, autor y culpable del delito de concusión previsto y sancionado por el art. 151 del Código Penal, condenándolo a sufrir la pena de privación de libertad de tres años de reclusión, pena a ser cumplida en la cárcel pública de la ciudad de Sucre, con costas al Estado y de la institución querellante más la reparación del daño civil causado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 349 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO: Que, deducida la apelación por el procesado y querellante, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, confirmó la sentencia impugnada, motivando con ello la interposición por parte del procesado el recurso de nulidad y casación de fs. 947 a 948 vlta., en el que el recurrente acusa, que el tribunal de alzada ha incurrido en una causal de nulidad, al haberse vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, por la falta de requisitos esenciales que debe contener el fallo al tenor del art. 242 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal.

Por otra parte acusó la violación del art. 135 del Código de Procedimiento Penal, al no haberse valorado la prueba en su conjunto, por lo que solicita a este máximo Tribunal repare la misma, al evidenciarse el quebrantamiento del art. 297 inc. 7) en relación al art. 242 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal y art. 16 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, acusa la violación de la ley sustantiva, más concretamente el art. 151 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que no se ha demostrado con ningún medio de prueba, que se hubiese realizado cobro alguno por honorarios profesionales y que estos hubiesen sido por encima de lo establecido, consiguientemente se habría efectuado una infracción directa y una interpretación errónea de la ley sustantiva.

Finalmente, solicita se case el Auto de Vista impugnado y se le absuelve de culpa y pena por el delito de concusión.

CONSIDERANDO: Teniendo en cuenta las denuncias formuladas en el recurso de casación que se resuelve que están orientadas a establecer la errónea valoración de la prueba realizada por los juzgadores de instancia, toda vez que el tribunal ad quem hubiese realizado una defectuosa valoración de la prueba, por cuya razón habría incurrido en una causal de nulidad, por lo que corresponde hacer las siguientes precisiones a efectos de determinar la veracidad o no de tales afirmaciones.

A efectos de determinar la nulidad de un proceso se debe tener en cuenta principios esenciales como el de especificidad o legalidad, en cuya virtud rige la máxima no hay nulidad sin ley específica que la establezca. Es decir, no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento; ella debe ser expresa, específica y debe estar prescrita por ley.

Nulidad que en el presente caso de autos se encuentra regida por el art. 308 del Código de Procedimiento Penal, ningún trámite ni acto judicial en materia penal será declarado nulo si la nulidad no estuviere formalmente prevista en las disposiciones del presente código. En concordancia con el art. 297 del mismo cuerpo legal que determina, constituyen causales de nulidad y consiguiente reposición, la falta de designación de defensor oficial para el imputado, y la inconcurrencia de aquel al acto de la confesión, falta de nombramiento de interprete para el encausado en los casos previstos por este código, falta de publicidad en el debate y en la lectura de sentencia, falta de firmas del juez en las actas del debate, falta de defensor del procesado en las audiencias del debate, falta de notificación legal del procesado con la sentencia, falta de los requisitos esenciales que deban contener el fallo, falta de jurisdicción y competencia del juez que hubiere conocido y decidido la causa en plenario, falta de declaratoria de rebeldía y contumacia del procesado en el plenario, inconcurrencia del procesado al debate, salvo el caso de juzgamiento en rebeldía.

Por otro lado, en lo concerniente a la valoración de la prueba esta es una atribución inherente al juzgador establecido por el art. 135 del Código de Procedimiento Penal, que establece, todos los medios de prueba deben ser valorados en su conjunto por el órgano jurisdiccional a su prudente arbitrio y conforme a las reglas de la sana critica, exponiendo invariablemente los razonamientos en que se funde esa valoración jurídica.