AS/0512/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0512/2025

Fecha: 02 de junio de 2025

Expediente: LP-35-25-S

Partes: Alicia Martha Cruz Lima c/ Ana Maria Mercedes Guzmán, Edgar Eduardo Guzmán Guzmán, posibles herederos de Samuel Quispe Vásquez, Abraham Julio Mendoza Quispe y como tercer interesado el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1084 a 1091, interpuesto por Alicia Martha Cruz Lima, contra el Auto de Vista N° 267/2024, 05 de junio, que corre de fs. 1078 a 1082 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por la recurrente contra Ana María Mercedes Guzmán, Edgar Eduardo Guzmán Guzmán, posibles herederos de Samuel Quispe Vásquez, Abraham Julio Mendoza Quispe y como tercero interesado el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; las contestaciones de fs. 1101 a 1112 vta., y de fs. 1114 a 1117 vta.; Auto de concesión de 12 de noviembre de 2024, visible a fs. 1118; el Auto Supremo de admisión N° 155/2025-RA, de 26 de febrero, obrante de fs. 1136 a 1137 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Alicia Martha Cruz Lima mediante, memorial de fs. 37 a 40, ratificada por memorial de fs. 53 a 55, subsanado de fs. 58 a 59 vta., promovió el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, contra Ana María Mercedes Guzmán, Edgar Eduardo Guzmán, posibles herederos de Samuel Quispe Vásquez. Abraham Julio Mendoza Quispe y como tercer interesado el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes una vez citados mediante memorial de fs. 97 a 121 y de fs. 124 a 132 y de fs. 299 a 307, Ana María Mercedes Guzmán, Edgar Eduardo Guzmán, responden de forma negativa, interponen excepciones de demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término y excepción de emplazamiento reconviniendo por acción reivindicatoria y acción negatoria, pretensiones que dieron lugar al Auto N° 21/2020, de 14 de enero, que discurre a fs. 313 y vta., que declaró por no presentada la demanda reconvencional y Auto N° 468/2022, de fecha 03 de noviembre, visible de fs. 667 a 670 rechazó las excepciones planteadas, apersonándose a la causa el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por memorial a fs. 370 y vta. contestando de forma negativa el defensor de oficio Sergio Armando Zeballos Alaby por los posibles herederos de Samuel Quispe Vásquez por memorial de fs. 481 a 483, así también contesta en forma negativa Abraham Julio Mendoza Quispe por escrito de fs. 612 a 615; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia N° 267/2023, de 27 de junio, cursante de fs. 936 a 946 vta. en la que la Juez Público Civil y Comercial N° 10 de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, cursante de fs. 37 a 40 de obrados, reiterada de fs. 58 a 59 vta., por Alicia Martha Cruz Lima y se impone el pago de costas y costos

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida de apelación por Alicia Martha Cruz Lima, mediante memorial de fs. 965 a 971, originó que la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 267/2024, 05 de junio, que corre de fs. 1078 a 1082 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, Resolución N° 267/2023 y el Auto de fecha 30 de junio de 2023, bajo los siguientes fundamentos:

Que, el A quo bajo el principio de igualdad en audiencia preliminar, dispuso bajo las medidas de mejor proveer a la designación de perito, a efectos de que se realice la prueba pericial, entre otras la data de las construcciones y mejoras que corresponden al bien inmueble objeto de la litis; es así, que la parte demandante al no haber demostrado el inicio de posesión del bien inmueble, no se puede presumir el tiempo de dicha data y que de la prueba pericial no se demuestra la fecha de inicio de posesión por parte de la demandante, no habiendo la misma desvirtuado este aspecto.

La demandante no hizo periódicamente la realización del pago de impuestos, sino la realizó de manera conjunta el año 2017, no siendo desde el año 2006, por lo que tampoco se puede evidenciar la posesión de la misma, máxime si existen construcciones y mejoras desde el año 2018, además se evidencia que el pago de impuestos únicamente se efectuó por la superficie de 1.125,33 m2.; pues, la demandante realiza la pretensión sobre la superficie de 1.699,16 m2., por cuanto no existe coherencia al no corresponder el pago de los impuestos en la superficie pretendida por la actora, por lo que no se evidenciaría la posesión ininterrumpida de la misma.

Que, los demandados al adquirir el bien inmueble por sucesión hereditaria de Angelica Guzmán conyugue del demandante extinto, inscribieron el bien en derecho reales la gestión 2008 no evidenciándose la posesión ininterrumpida de los diez años.

El Juez habría tomado en cuenta las declaraciones testificales, el cual según las mismas reconocen a la demandante como cuidadora e inquilina del bien objeto de la litis, y señalan también que existía peleas en el inmueble, siendo que los demandados iban a reclamar dicho bien, estas declaraciones harían que no existió posesión pacífica.

De lo relacionado se tiene que la demandante no cuenta con prueba fidedigna de la posesión exacta y concreta en dicho bien, menos que fue ininterrumpida por diez años, y ante la inexistencia de prueba documental que demuestre el inicio de su posesión y la ininterrupción la situación jurídica precedente, tampoco puede ser modificada y menos ser acreditada por la prueba testifical, máxime si los mismos carecen de credibilidad. Es así que el Juez efectuó un análisis de la prueba aportada, por lo que existe pronunciamiento de las pruebas producidas en el proceso.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Alicia Martha Cruz Lima mediante el memorial de fs. 1084 a 1091, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó lo siguiente:

a) El Auto de Vista impugnado, no generó una valoración probatoria respecto a la prueba testifical tanto de cargo como de descargo respecto a la posesión continua por más de 20 años, y que se dio en vida del titular Samuel Quispe Vásquez quien llegó a fallecer el año 2006, vulnerándose la regulación contenida en el art. 138 del Código Civil.

b) Que, el Tribunal de alzada no llegó a valorar la prueba respecto al pago de impuestos del inmueble desde la gestión 2006, certificación a fs. 2 de obrados, informe a fs. 14 de obrados y prueba cursante de fs. 667 a 670 con la que acreditaría la posesión por más de 20 años en el inmueble objeto de litis, además de acreditar su animus domini a través de inspección judicial, en el que se habría probado actos de posesión como el de construcción de muro perimetral, mejoras en habitaciones del inmueble, conexión de servicios de energía eléctrica y agua potable y servicios básicos.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente solicitó la emisión de un Auto Supremo que anule el Auto de Vista impugnado y declare probada la demanda principal

2. Contestación al recurso de casación:

-Ana María Mercedes Guzmán, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 1114 a 1117 vta., argumentando que:

Los fundamentos expuestos no se dirigen en contra del Auto de Vista, sino en contra de la Sentencia, es decir, no establece en la forma y fondo como se habría infringido, violado, interpretado o aplicado indebida o incorrectamente la ley. Siendo que los aspectos son expresados de forma genérica, sin tener la fecha específica en la que entro en posesión del bien inmueble, comenzando con el pago de impuestos, pues este sirve como prueba documental para verificar el inicio de la posesión, sin embargo, en el presente caso no pudo demostrar con la finalidad de verificar si la misma estuvo en posesión hace más de 18 años.

La demandante no tiene la posesión pacífica y pública ya que los demandantes fueron a reclamar al bien, donde no les dejaban ingresar, donde la misma actora mediante confesión provocada refirió que iban a molestar a su casa. Asimismo, no pudo demostrar el inicio de la posesión, o actos que denoten la intención de tener sobre el inmueble el derecho propietario conforme señala el art. 87 del Código Civil, pues tampoco de la conexión de energía eléctrica seria desde la gestión 2012 lo que hace que al año 2019 son 7 años.

De las declaraciones testificales, señalaron que la demandante es inquilina y cuidadora, este aspecto fue considerado en el Auto de Vista, el cual consideró que no tiene claridad y homogeneidad externa, por el cual no se pudo deducir la data de la posesión, evidenciándose que no existe posesión pacifica, fundamentos que se acomodan al art. 186 del Código Civil.

El elemento de prueba respecto a la declaración testifical, como afirma la demandante, no puede ser consideradas las únicas para la relación con los hechos vertidos, incluso bajo el principio de comunidad de la prueba se debe analizar y valorar de forma integral, en consecuencia, la parte demandante deja de lado las otras pruebas documentales, otorgado un grado de preferencia solo a la prueba testifical.

Por lo que solicitó que se declare improcedente o infundado el recurso de casación.

-Edgar Eduardo Guzmán Guzmán, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 1101 a 1112 vta., argumentando que:

La demandante declara en su confesión provocada que con el extinto no llegaron a acordar ningún precio de compraventa del terreno, pues en los hechos nunca hubo compraventa en virtud de la cual aquella cambiaría su título de detentadora a título de inquilina a poseedora.

No ha probado haber ejercido ninguna posesión publica, por cuanto no basta que aquella reparara la pared caída, por el contrario, la prueba de que la ocupación o detentación ejercida por la actora no era pública, es que la codemandada inicia acción en contra de Gerardo Tintaya, el cual desconocía que aquella se encontraba pretendiendo ejercer la posesión del inmueble de su copropiedad.

La posesión tampoco ha sido pacifica, puesto que aquella obtuvo el registro del inmueble ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por cuanto para obtener dicho registro no presento ningún documento con el que acreditaría la compra y menos de su persona y la codemandada hubieran cedido su derecho de propiedad a ningún título, no ejerciendo la posesión como requiere el art. 138 del Código Civil.

La Autoridad al valorar la prueba resulta esencial y decisiva, por tanto, la actora no ha probado cual es el error que el Juez cometería en la valoración de la prueba, aspecto sobre el cual la parte impugnante tampoco se ha pronunciado, careciendo su recurso de la debida fundamentación de agravios.

Por lo que solicitó que se declare improcedente o infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la valoración de la prueba.

El Auto Supremo N° 104/2024, de 15 de febrero, señaló lo siguiente: “El art. 145 del Código Procesal Civil señala: ‘I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio’.

La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: ‘…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia’.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: ‘La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial’; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: ‘El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón’, es decir que: ‘…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario’, ‘todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación’. Este proceso mental –Couture- llama ‘la prueba como convicción’, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

Mostrando 47 de 94 parrafos.

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