AS/0517/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0517/2025

Fecha: 02 de junio de 2025

Expediente: SC-22-25-S

Partes: Edith Fermina Salvatierra Pereira de Cespedes c/ Edith Pereira Ardaya.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 405 a 411 vta., interpuesto por Edith Pereira Ardaya representada por German Alejandro Cardona Herrera en su condición de defensor de oficio contra el Auto de Vista Nº 123/2024 de 29 de agosto, corriente de fs. 397 a 402 vta., emitido por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por Edith Fermina Salvatierra Pereira de Cespedes contra la recurrente; la contestación de fs. 415 a 420 vta.; el Auto de concesión de 31 de octubre de 2024, visible a fs. 421; Auto Supremo de admisión Nº 190/2025-RA de 5 de marzo, cursante de fs. 426 a 430 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Edith Fermina Salvatierra Pereira de Cespedes por memorial de fs. 14 a 15 vta., promovió el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria contra Edith Pereira Ardaya, quien una vez citada, mediante edictos y al no haber respondido en el plazo previsto por ley, por Auto visible a fs. 34 vta., se le designó como defensor de oficio al Abog. German Cardona Herrera, quien por memorial de fs. 43 a 44 y de fs. 54 a 56 se apersonó a la presente demanda y contestó de manera negativa, desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 05/2022, de 25 de abril, visible de fs. 305 a 309 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo Seguridad Social y Sentencia Penal 1° de San Ignacio de Velasco de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda disponiendo como única y legitima propietaria del inmueble objeto de la litis a Edith Fermina Salvatierra Pereira de Céspedes, y por petición verbal en audiencia de lectura de Sentencia que cursa a fs. 310 y vta., Edith Pereira Ardaya representada por German Alejandro Cardona Herrera en su condición de defensora de oficio solicitó complementación de Sentencia, misma que fue resuelta por Auto de 25 de abril de 2022 que cursa a fs. 311 y vta., de obrados.

2. Resoluciones de primera instancia que al haber sido apeladas por Edith Pereira Ardaya representada por German Alejandro Cardona Herrera en su condición de defensor de oficio por memorial de fs. 315 a 321, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista Nº 519/2022 de 26 de octubre, corriente de fs. 340 a 342 vta., donde se ANULÓ obrados hasta fs. 330 inclusive el sorteo de fs. 335, ordenando al Juez A quo corrija el procedimiento conforme los fundamentos de dicha resolución.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Edith Pereira Ardaya representada por German Alejandro Cardona Herrera en su condición de defensor de oficio a través del memorial de fs. 355 a 358, el cual fue resuelto por Auto Supremo N° 379/2023-RI, de 26 de abril, corriente de fs. 370 a 374 vta., donde se declaró IMPROCEDENTE el recurso de impugnación.

4. Devuelto el expediente el Juez A quo emitió el Auto de 04 de septiembre de 2023, visible a fs. 390 que originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 123/2024, de 29 de agosto, corriente de fs. 397 a 402 vta., donde se CONFIRMÓ los Autos N° 48/2021 y N° 51/2021 ambos de 14 de junio, cursante de fs. 150 a 156 y CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

El apelante refiere haberse suscitado una renuncia a la usucapión demandada en el presente caso por lo establecido en el Testimonio N° 67/2019 y la pretensión de sub-inscripción de modificación de datos de identidad sobre el bien en litigio; empero, las mencionadas afirmaciones no identifican la disposición legal vulnerada y no se demostró la calidad de tolerada de la parte actora, motivos por los cuales corresponde aplicarse la consecuencia jurídica del art. 1538 del Código Civil, en base a la prueba producida en obrados, pues el incidente de improponibilidad como la excepción opuesta por el abogado defensor de oficio fueron correctamente valoradas por el A quo y lo acusado en relación a la valoración probatoria no resulta evidente.

No se acreditó la falta de fundamentación y motivación en el Auto de complementario de la Sentencia emitida dentro del presente proceso, pues el supuesto argumento de la renuncia tácita por secuencia del Testimonio N° 76/2019 y el proceso civil voluntario signado con el N° 151/2019, no implican la renuncia a la titularidad del dominio sobre el inmueble objeto de usucapión decenal, más aún si la demandante postula el presente caso; concluyendo que, los enunciados apelados no fueron acreditados por el apelante y en merito a ello se confirma la decisión de fondo de primera instancia por cumplir con las premisas del debido proceso.

5. Fallo de Segunda instancia recurrido en casación por Edith Pereira Ardaya representada por German Alejandro Cardona Herrera en su condición de defensor de oficio, según escrito visible de fs. 405 a 411 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la forma.

a) Falta de fundamentación y motivación por parte del Ad quem indicando que el Testimonio N° 67/2019 y el expediente N° 151/2019 no constituyen renuncia a la usucapión, contradiciendo a lo normado por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0386/2015-S2 de 08 de abril, que genera incertidumbre e infiere la garantía al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación y motivación.

En el fondo.

b) Error de inobservancia de los arts. 1289 y 1496 del Código Civil y error de derecho en la valoración del Testimonio Público N° 67/2019 de 30 de abril y el expediente N° 151/2019, vulnerando los arts. 134 y 137.1 del Código Procesal Civil que demuestra categóricamente que Edith Fermina Salvatierra ha renunciado tácitamente a la usucapión al optar por la regulación de su derecho propietario.

Fundamentos por los cuales solicitó anular el Auto de Vista impugnado disponiendo la emisión de una nueva determinación o en su defecto falle en el fondo casando la señalada decisión de alzada, por constituir la confusión del sistema de valoración probatoria un error inexcusable por parte del Ad quem.

2. Contestación al recurso de casación:

Edith Fermina Salvatierra Pereira, respondió el recurso de casación mediante memorial cursante de fs. 415 a 420 vta., exponiendo en lo principal lo siguiente:

Que su persona y Edith Pereira Ardaya no son la misma persona, respecto al Testimonio Nº 67/2019 se tiene que en ninguna parte de su contenido se acredito por la recurrente que Edith Fermina Salvatierra Pereira hubiera reconocido expresamente el derecho propietario de la parte recurrente y por el contrario se afirma por la mencionada ser única y legitima propietaria del inmueble objeto de litis, con lo señalado se demuestra el corpus y animus en su calidad de demandante, pues el art. 1496 del Código Civil claramente establece que el elemento esencial de la renuncia a la prescripción es el reconocimiento del derecho propietario del adversario.

Con lo expuesto, en conformidad al art. 1496.II del Código Civil se puede señalar que el Testimonio Nº 67/2019 y el Expediente Nº 151/2019 no constituyen una renuncia tácita a la prescripción como erradamente lo estuviera interpretando la parte recurrente; puesto que, no se tuviera errónea valoración probatoria de los medios de prueba señalados y por ende se advierte la ausencia de error de derecho acusado por la contraparte.

Por lo referido, solicitan se declare infundado el recurso de casación contra el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018, de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (…). ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas”.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3 de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”.

III.2. Sobre la valoración de la prueba.

La valoración de la prueba, para la doctrina conlleva ser un razonamiento conducido a través de los medios de prueba respecto a una afirmación sobre hechos controvertidos, pues la misma no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia; asimismo, se tiene que el profesor italiano Michele Taruffo señaló que: “El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón”.

Esta actividad valorativa, se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo mérito el Auto Supremo N° 240/2015, señaló: “respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con (...) su procedimiento”.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien, el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del Juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba -ya sea por error de hecho o por error de derecho-; es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano; porque, si se hubieran quebrantado estas leyes y exista errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por los de grado, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

III.3. De las presunciones como elementos de probanza.

Para orientar el presente fallo corresponde citar a Arturo Alessandri R, Manuel Gomarriva U., y Antonio Vodanovic H., quienes en la obra de Tratado de Derecho Civil señalan: “…que por presunción se entiende como el resultado de una operación lógica, mediante la cual partiendo de un hecho conocido se llega a aceptar otro desconocido o incierto. Las presunciones se basan en el supuesto de que debe ser verdadero en el caso concreto lo que suele serlo de ordinario en la mayor parte de los casos en que entran los antecedentes o circunstancias conocidas…”, en criterio de los mencionados autores y como está legislado en la mayoría de los cuerpos legales en materia de prueba diremos que, las presunciones se clasifican en judiciales y presunciones legales, las primeras entendidas como simples o del hombre, son las que establece el Juez, fundado en las circunstancias o antecedentes concomitantes o subsiguientes al hecho principal que se examina, obviamente que siendo propias del operador de justicia (conjeturas), la ley no las enumera por su carácter infinito; en cambio las presunciones legales pueden ser las propiamente dichas o las de derecho, según admitan o no prueba en contrario, las primeras consideradas como perentorias (iure et de iure, derecho por derecho que no admite prueba en contrario) y las segundas como debatibles (iuris tantum, que admiten prueba en contrario).

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