Texto del fallo
SALA PENAL PRIMERA
AUTO SUPREMO: No. 519 Sucre, 27 de octubre de 2010
DISTRITO: Cochabamba
PARTES: Ministerio Público y Guadalupe Vidal de Escobar c/ Antonio Sandro Zeballos Villarroel y Otros.
Homicidio (DeclaraNo Haber Lugar a la Extinción de la Acción Penal)
VISTOS: La solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, formulada mediante memorial de fojas 616 a 626 vlta., por Antonio Sandro Zeballos Villarroel, en el proceso penal seguido en su contra y otros por el Ministerio Público y Guadalupe Vidal de Escobar, por el delito de Homicidio en grado de complicidad, previsto y sancionado por el art. 252 con relación al art. 23 ambos del Código penal, los antecedentes, el Requerimiento Fiscal; y,
CONSIDERANDO: Que, Antonio Sandro Zeballos Villarroel al amparo de lo previsto por el art. 133 del Código de Procedimiento Penal, impetró la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, al respecto manifestó que la causa se inició el 14 de enero de 2003, se imputó formalmente el 7 de febrero del mismo año, se amplió ilegalmente el mismo contra otros co-imputados el 18 de agosto de 2003, después de ser conminado el Fiscal informó al Juez Cautelar que el 9 de febrero de 2004 cursa un sobreseimiento a favor del recurrente, mismo que tras ser impugnado fue revocado por el Fiscal de Distrito; por lo que se acusó y se sustanció el juicio oral hasta dictarse Sentencia condenatoria por el delito de complicidad de homicidio (fs. 232-246), fallo que fue recurrido de Apelación restringida y de Casación; posteriormente por una Resolución de Amparo Constitucional emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca de 14 de junio de 2007 se anuló obrados, obligando al A-quem pronunciar un nuevo Auto de Vista que fue emitida recién 29 de diciembre de 2007, manifiesta que desde el 14 de junio de 2007; hasta la fecha han transcurrido más de tres años sin que el proceso hubiera culminado, atribuyendo la retardación al Órgano Jurisdiccional, y remitiéndose a diferentes Sentencias Constitucionales que transcribió, solicitó se declare la extinción impetrada.
Que el representante del Ministerio Público, absolviendo el traslado dispuesto respecto a ese petitorio, se pronunció en sentido de no corresponder la extinción de la acción penal, en razón a que el imputado dilató el proceso haciendo uso indebido de los medios procesales que la Ley reconoce a su favor.
CONSIDERANDO: Que, el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, vencido el cual, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal.
Que, si bien es evidente que la tramitación del proceso dentro un plazo razonable es una de las garantías internacionalmente reconocidas a las personas, así lo prevé expresamente el artículo 8.1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, aprobada y ratificada por nuestro Estado mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. Respecto al "plazo razonable", la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo a su vez la jurisprudencia emitida sobre la materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptó la teoría del "no plazo", en virtud a la cual, no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable y cuándo no, ya que no es posible cuantificarlo en días, semanas, meses o años, por lo que cualquier plazo legal establecido o precisado por el ordenamiento interno de los Estados, no tiene carácter vinculante para establecer la razonabilidad o no de la duración de un proceso, porque no es posible establecer criterios abstractos para determinar ese plazo. En consecuencia corresponderá hacer un análisis acerca de lo razonable a la luz de los hechos producidos en cada caso.
Que, por ello se entiende que el plazo de duración máxima del proceso, previsto por el art. 133 de la Ley 1970, constituye un parámetro objetivo, a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 y el Auto Complementario 0079/2004-ECA de 14 y 29 de septiembre de 2004 respectivamente. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por Ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.
Que, el artículo 115 de la actual Constitución Política del Estado, garantiza una justicia sin dilaciones, entendiéndose precisamente que, la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones indebidas, lo cual sucede cuando se producen actos o se emiten resoluciones de carácter impropio por los funcionarios administrativos o jurisdiccionales encargados del proceso.
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