AS/0520/2013

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 520

Sucre, 29/08/2013

Expediente: 220/2013-S

Distrito: Oruro

Magistrado Relator: Antonio G. Campero Segovia

VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 168-169, interpuesto por Iver Ayaviri Diaz, en representación legal de la institución demandada, contra el Auto de Vista Nº AV-SSA-85/2012 de 29 de agosto de 2012 de fs. 162-166, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso social por pago de beneficios sociales que sigue Justo Fildo Morales Cáceres contra el Servicio Departamental de Caminos – SEDCAM Oruro; la respuesta de fs. 172 presentada por la parte contraria; el Auto de fs. 173 por el que se concede el recurso; los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes con relevancia jurídica:

Que presentada la demanda por pago de beneficios sociales cursante a fs. 9-10, fue tramitada conforme el Código Procesal del Trabajo como norma especial que regula la materia, habiendo el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de Oruro, emitido la Sentencia Nº 002/2012 de 10 de enero de 2012 (fs. 128-131), por la que declaró probada la demanda de fs. 9-10, disponiendo que la entidad demandada, mediante su representación legal, dentro de tercero día de ejecutoriada la Resolución, y bajo alternativa de librarse mandamiento de apremio en caso de incumplimiento, cancele al demandante por los conceptos de indemnización por 3 años y 3 meses, y aguinaldo por duodécimas 2010, en la suma total de Bs.11.345,71.-, conforme al detalle que cursa en la misma Resolución, debiendo en ejecución de sentencia aplicarse lo preceptuado por el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, sin costas por ser institución estatal.

En grado de apelación deducida por la entidad demandada (fs. 140-141), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista Nº AV-SSA-85/2012 de 29 de agosto de 2012 cursante a fs. 162-166, resolviendo Confirmar la Sentencia Nº 002/2012 de 10 de enero de 2012, de fs. 128-131 vta. de obrados.

I.2 Recurso de nulidad:

El señalado fallo motivó el recurso de nulidad de fs. 168-169, interpuesto por Iver Ayaviri Díaz, en representación de la entidad demandada, que en lo substancial de su contenido, denunció los siguientes aspectos:

a) Errónea interpretación del artículo 1 de la Ley de 9 de diciembre de 1940 por parte de Tribunal de Apelación, puesto que dicha norma es aplicable para los empleados y obreros del comercio, industria e instituciones bancarias sin exclusión alguna y no así para el resto de los trabajadores, menos para las instituciones del Estado que se encuentren reguladas por la Ley General del Trabajo y otra normativa como el Decreto Supremo Nº 3613, por lo cual no corresponde incluir en el promedio indemnizable para efectos del pago de beneficios sociales al demandante, el concepto de subsidio de lactancia en la suma de Bs.696,50.-, del que éste se beneficiaba en los últimos meses, porque no constituye dicho pago uno de carácter permanente a los efectos del artículo 39 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, pago del subsidio que se demostró en forma fehaciente, por la prueba presentada incluso por la propia parte demandante en las tres últimas papeletas de pago en las que se encuentra consignado como “S.FAM. 696,50”.

b) Que la falta de pago dentro de los 15 días que establece la norma, se debió a que el trabajador no se hizo presente en las oficinas del SEDCAM portando su documento de Paz y Salvo para luego hacer efectiva su cancelación, explicación que no fue atendida por los jueces de grado, que no tomaron en cuenta que, al tratarse de entidad del Estado, se debe velar porque todos los bienes que se encuentren a cargo de los funcionarios sean restituidos al momento en que estos dejen de ocupar el cargo. En ese sentido, se evidenció que la balanza se encontraba en el inventario de bienes a cargo del ex trabajador, mismo que no contaba con permiso para que preste a otras personas, menos ajenos a la institución, lo que denota irresponsabilidad en el resguardo y manejo de bienes del Estado.

c) Acusó que de manera arbitraria, de ninguna forma se realizó la admisión de la prueba presentada por su parte, por lo que no se produjo ninguna de las pruebas ofrecidas por la entidad demandada, no se realizó la apertura y el actuado de la confesión provocada a los efectos del artículo 166 del Código Procesal del Trabajo, actuado que fue suspendido, lo que demostraría una parcial forma de obrar por parte del Juez de la causa al momento de dictar la Sentencia, por lo que solicitó, que previa revisión del cuaderno procesal, se observen estas irregularidades, porque tampoco fueron valorados por el Tribunal de revisión.

Concluyó espesando como petitorio “Con todos estos antecedentes, al amparo del art. 210 del Código Procesal del Trabajo y en tiempo hábil, tengo a bien plantear Recurso de Nulidad contra el Auto de Vista AV-SSA-85/2012, de fecha 29 de agosto de 2012 por existir defectos absolutos de fondo en los cuales se basó la Sentencia y haber sido dictada sin mayor fundamento legal a favor del demandante” (sic.)

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos de la Resolución:

Así formulado el recurso de nulidad, de la revisión de los datos del proceso en relación a las normas cuya infracción se acusa, se tiene:

En cuanto a la inclusión en el promedio indemnizable del subsidio de asistencia familiar por pre-natalidad que la entidad demandada considera que no debe formar parte del mismo por no constituir dicho pago uno de carácter permanente a los efectos del artículo 39 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo; cabe anotar que por disposición del artículo 45. I de la Constitución Política del Estado, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; en ese sentido el parágrafo III del mismo artículo, refiere que el régimen de la seguridad social cubre atención por vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

Así, el Código de Seguridad Social en su Título III regula de las asignaciones familiares, bajo la denominación de subsidios, los que por definición del artículo 32. i) de su Reglamento, guardan la significación siguiente: “Subsidios.- Las prestaciones periódicas reconocidas a los asegurados en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común, maternidad, accidente no profesional, accidente de trabajo o enfermedad profesional y las acordadas por las Asignaciones Familiares”.

Si bien la señalada normativa así como su reglamento mediante su artículo 4, establecían algunos de los subsidios familiares que hasta hoy permanecen vigentes, empero, tomando en cuenta la situación social y económica del país que exigía la adaptación del Sistema a una nueva realidad, manteniendo y mejorando la naturaleza y calidad de las prestaciones que protegen al trabajador y su familia, mediante Decreto Supremo Nº 21637 de 25 de junio de 1987, se reconocieron las prestaciones del régimen de Asignaciones Familiares que hasta hoy son pagadas, a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado, teniendo así a los subsidios de prenatal, natalidad, lactancia, y sepelio, equivalentes al monto del salario mínimo nacional vigente.

Bajo esos antecedentes, los subsidios de pre natalidad y lactancia, están destinados a todas las mujeres embarazadas a partir del quinto mes de gestación y hasta que su niño o niños cumplan un año de vida, con el objeto de mejorar las condiciones de salud y nutrición de las madres y los niños pequeños, por cuanto la nutrición de la mujer antes, durante y luego del embarazo, es muy importante para su salud y la del niño, en ese sentido se anota en el Reglamento de Asignaciones Familiares, que como objetivo general establece: “mejorar el estado nutricional de la gestante a partir del 5to mes de embarazo, de la madre nodriza hasta 12 meses después del parto y del niño en su primer año de vida, con relación obrero patronal directa o indirecta”.