Texto del fallo
SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
Auto Supremo Nº 529
Sucre, 20/12/2012
Expediente: 393/2012-S
Distrito: Cochabamba
Magistrado Relator: Norka N. Mercado Guzmán
VISTOS: El recurso de Casación en el fondo de fs. 133-134, interpuesto por María Luz Maida Vda. de Fernández en representación de la Peluquería "AMERICA", contra el Auto de Vista Nº 073/2012 de 16 de mayo, cursante a fs. 128-129, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso social seguido por Julio Borda Vargas contra la recurrente, la respuesta de fs. 138, el Auto que concedió el recurso de fs. 140, los antecedentes del proceso, y:
CONSIDERANDO I: Que, en conocimiento de la causa, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de fecha 4 de febrero de 2010, cursante a fs. 111-113, declarando probada en parte la demanda de fs. 3 bis-4, conminando a la parte demandada para que por intermedio de su representante legal pague a favor del demandante la suma de Bs. 53.816,45.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo gestión 2008 y duodécimas de la gestión 2009, vacaciones de una gestión y 6 duodécimas, monto sobre el cual se dispuso que sea objeto de actualización y la multa del 30% conforme el Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.
Apelada la Sentencia por la parte demandada (fs. 117-118), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 073/2012 de fecha 16 de mayo de 2012 (fs. 128-129), confirmando la Sentencia apelada, con costas.
Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por María Luz Maida Vda. de Fernández, en representación de Peluquería "AMERICA", quien en base al tenor del memorial de fs. 133-134, acusó de interpretación errónea de la ley laboral, error de derecho en la apreciación de la prueba, violación a la legítima defensa y el debido proceso establecido por la Constitución Política del Estado, en base a las siguientes a las siguientes consideraciones:
Reclamó que la Constitución Política del Estado y la Nueva Ley del Órgano Judicial establecen que la ley especial es de preferente aplicación a la ley general, en consecuencia en su caso debe aplicarse el Código de Comercio cuerpo normativo que dispone, mediante sus artículos 365- 371, lo concerniente a la sociedad accidental o de cuentas en participación, que según los artículos 754-802 del Código Civil, y 125-172 del Código de Comercio, normativa que establece que no requieren cumplir con requisitos para el registro e inscripción de personerías jurídicas; en ese análisis refirió que el actor suscribió con su finado esposo un documento de constitución de sociedad accidental (fs. 7 y 88), mismo que es de carácter civil-comercial, del que se evidencia que su esposo otorgó los ambientes necesarios para el funcionamiento de la peluquería, el nombre comercial de la misma, los implementos de trabajo y la publicidad, habiendo acordado que el trabajo lo realizaría el actor, además se estableció que la distribución de utilidades sería de un 60% para el esposo de la actora y un 40% para el actor; al respecto manifestó que tanto el a quo como el Tribunal ad quem vulneraron los artículos 1286, 1297 del Código Civil y 397 de su procedimiento al no haber otorgado el valor de los documentos privados, y los artículos 404 del Código Civil y 167 del Código Procesal del Trabajo respecto a la confesión provocada del actor, en razón a esa argumentación refiere que se suscribió con el actor un documento de carácter civil-comercial.
Asimismo, respecto a la existencia de una relación laboral con el actor refirió que el Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993, establece los requisitos para acreditar dicha relación, requisitos que el actor no demostró por cuanto este no tenía horario establecido, pues la atención que brindaba muchas veces era a domicilio, habiendo utilizado a tal efecto tarjetas personales para publicitar sus servicios, hecho que fue admitido en confesión provocada de fs. 100, y corroborado con la literal de fs. 8.
Respecto a la sociedad accidental refirió que los aportes de los socios puede ser en dinero, trabajo, en especie, etc, en ese entendido el ad quem se basó en el principio de realidad para determinar la existencia de un contrato laboral, la sujeción a un horario y los incrementos de ley, aseverando además que se pretendió encubrir dicha relación a través del contrato comercial de 1993, documento por el que se evidenció que el actor percibía porcentajes que la peluquería generaba, y que en una actitud desleal el actor se aprovechó del fallecimiento de su esposo pretendiendo dejarlo sin efecto y considerarlo irregular después de once años.
Concluyó solicitando al Tribunal de casación aplicar la previsión contenida en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, deliberando en el fondo declare improbada la demanda.
CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis con relación al Auto de Vista recurrido y a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:
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