AS/0533/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0533/2025

Fecha: 03 de junio de 2025

Expediente: CB-19-25-S

Partes: María Julia Vargas Zurita c/ Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes, Marco Antonio Céspedes Sánchez, María Estela Abregu, María Elizabeth Ustariz Abregu, María de los Ángeles Ustariz Abregu, Andrea Lujan Ustariz Abregu y Presuntos interesados, Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y Francisco Vargas Zurita (codemandado de reivindicación).

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1356 a 1363, interpuesto por María Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, contra el Auto de Vista Nº 136/2023 de 21 de septiembre, corriente de fs. 1275 a 1286, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por la recurrente contra Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes, Marco Antonio Céspedes Sánchez, María Estela Abregu, María Elizabeth Ustariz Abregu, María de los Ángeles Ustariz Abregu, Andrea Lujan Ustariz Abregu y Presuntos interesados, Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y Francisco Vargas Zurita (codemandado de reivindicación); la contestación de fs. 1379 a 1381; el Auto de concesión de 04 de diciembre de 2024 visible a fs. 1407, el Auto Supremo de admisión N° 0197/2025-RA, de 05 de marzo, obrante de fs. 1420 a 1425, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Julia Vargas Zurita, por memorial de demanda que discurre de fs. 112 a 120, subsanado de fs. 124 a 125, y a fs. 127, promovió el proceso ordinario usucapión decenal o extraordinaria contra Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes, Marco Antonio Céspedes Sánchez, María Estela Abregu, María Elizabeth Ustariz Abregu, María de los Ángeles Ustariz Abregu, Andrea Lujan Ustariz Abregu, presuntos interesados y el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, quienes una vez citados, realizaron las siguientes actuaciones:

- Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes, por si y en representación de Marco Antonio Céspedes Sánchez, según escritos visibles de fs. 316 a 325 vta., subsanado de fs. 377 a 381, se apersonaron, contestaron de manera negativa, opusieron excepción de cosa juzgada y reconvinieron por reivindicación, pretensión puesta en conocimiento de parte adversa, por escrito visible a fs. 415 y vta., opuso excepciones de litispendencia; y en el proceso acumulado de reivindicación, las excepciones de incapacidad de la parte demandante y falta de legitimación, demanda defectuosamente propuesta, emplazamiento de terceros, prescripción o caducidad; medios de defensa que fueron atendidos por Auto de 14 de junio de 2019 de fs. 847 a 849 vta., declarándolas improbadas; asimismo, improbada la excepción de cosa juzgada interpuesta por los reconvencionistas.

- María Estela Abregu, María Elizabeth Ustariz Abregu, María de los Ángeles Ustariz Abregu, André Lujan Ustariz Abregu y presuntos interesados, fueron citados por edictos, y por Autos de 29 de agosto de 2017 y 30 de octubre de 2018, visibles a fs. 367 y a fs. 481, respetivamente, les fueron designados defensora de oficio, quien se apersonó y respondió de forma negativa por memoriales cursantes de fs. 390 a 391, y de fs. 488 a 489.

- El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, al no haber respondido en plazo oportuno, por Auto de 04 de julio de 2018, cursante a fs. 440 fue declarado rebelde.

- Por otro lado, mediante Auto interlocutorio de 24 de mayo de 2019, cursante de fs. 813 a 815 vta., se dispuso la acumulación, a la presente causa, del proceso de reivindicación instaurado por Pedro Ustariz y otros.

Desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 50/2019, de 06 de septiembre, que cursa de fs. 1167 a 1176, en la que la Juez Público Civil y Comercial 1° de Sacaba – Cochabamba, declaró IMPROBADA la demanda de usucapión en todas sus partes y PROBADA la demanda reconvencional de reivindicación formulada por Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes y Marco Céspedes Sánchez; disponiéndose que María Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, restituyan en favor de los reconvencionistas los tres (3) inmuebles objeto de litis, dentro del plazo de tres días de la ejecutoria, bajo prevención de desapoderamiento; asimismo, el pago de daños y perjuicios en favor de los reconvencionistas, averiguables en ejecución de fallos. La Sentencia fue objeto de enmienda y complementación por memorial visible a fs. 1178 y mediante Auto Interlocutorio de 17 de septiembre de 2019 de fs. 1179 a 1180, respecto a corrección de datos de inmueble con Matrícula Nº 3101010023994 objeto de litis.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por María Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, según escritos de fs. 1183 a 1192 vta., y de fs. 1201 a 1203, respectivamente, originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 136/2023, de 21 de septiembre, corriente de fs. 1275 a 1286, donde se declaró INADMISIBLE los recursos de apelación interpuestos contra el Auto interlocutorio de 24 de mayo de 2019, de fs. 813 a 817; Auto de 14 de junio de 2019 de fs. 845 a 854; Auto interlocutorio de 24 de junio de 2019, de fs. 1011 a 1016; Auto de 16 de julio de 2019, visible a fs. 1022; Auto interlocutorio de 19 de julio de 2019, de fs. 1093 a 1097; y Auto de 16 de agosto de 2019 que discurre de fs. 1151 a 1154; asimismo CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

Con relación a las apelaciones concedidas en el efecto diferido; si bien el parte recurrente anuncio apelaciones contra determinaciones emitidas en audiencias; sin embargo, en el escrito de impugnación contra la Sentencia, simplemente indico los Autos recurridos, sin fundamentar los agravios sufridos o derechos vulnerados, por lo cual aplicable lo dispuesto en el art. 218.II num1. inc. b) del Código Procesal Civil.

En el fondo, de la lectura de la Sentencia se tiene que la A quo, primeramente, describe las pruebas acompañadas por ambas partes; luego las desarrolla, detallando su contenido y explicando la certeza que aporta al caso de autos; habiendo dejado precluir, la recurrente, el momento de interposición de la prueba, siendo la misma a momento de incoar la demanda, la contestación o la interposición de la acción reconvencional; en caso de reciente obtención, con fundamentación y bajo juramento.

Sobre la Escritura Pública Nº 728/1995, de 04 de agosto, de su revisión, se tiene que el comprador fue Enrique Jiménez Rocha, y no así María Julia Vargas; además, la Sentencia expresó que, existe contradicción entre la compra y el proceso de usucapión interpuesto por el hermano de la recurrente, Francisco Vargas; pues si la misma habría adquirido el terreno por transferencia, no es congruente que el hermano intento usucapir anteriormente el mismo bien inmueble.

En relación a la ampliación a la demanda, la A quo resolvió y argumento la razón por la que no correspondía; además, la prueba que adjunto Graciela Llanos no resulta ser sobre todo el bien inmueble.

Con referencia al apersonamiento de Williams Torrico – Sub Alcalde de Distrito II de Sacaba, que fue aceptado por la autoridad de primera instancia, se tiene que el mismo fue en cumplimiento al decreto de 11 de abril de 2019 y para solicitar se expida certificación de autenticidad de testimonio de usucapión decenal.

Asimismo, en relación a la pretensión de reivindicación, se tiene que Pedro Ustariz Peredo acreditó tener interés legítimo para ser uno de los demandantes, así como Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes y Marco Antonio Céspedes Sánchez; toda vez que, se demostró su titularidad registrada en Derechos Reales.

Sobre la objeción a la declaratoria de herederos de Mario Ustariz Peredo, no resulta pertinente, ya que la recurrente no tiene legitimación sobre los derechos sucesorios del fallecido.

El tiempo que debe transcurrir para el régimen de la usucapión no es el único requisito para su admisión, pues de ir acompañada de dos elementos, el corpus y el animus; además de ser continua e ininterrumpida, pública y pacífica; en el caso, se demostró que el ingreso en posesión, conforme razonó la A quo, resulto ser violenta, tanto de la demandante y su hermano; siendo las construcciones, conforme informe pericial, con una antigüedad de dos años, a diferencia de la edificación antigua; debiendo haberse acreditado otros actos posesorios materiales ejercidos sobre el inmueble; máxime, cuando no se demostró el ejercicio de sembrado de verduras en familia.

Asimismo, la recurrente no tiene legitimación para reclamar derechos de terceros; ello en relación Graciela Llanos Márquez. De la misma formal, sobre falta de intervención de los hijos de la recurrente; los mismos tienen derecho expectaticio sobre el que su madre pudiera alegar.

Sobre la producción de prueba en segunda instancia, no se ajustó a ninguno de los postulados establecidos en el art. 261.III del Código Procesal Civil, correspondiendo desestimar la petición.

Finalmente, no se acompañó prueba que respalde la afirmación del recurso de apelación de Francisco Vargas; en sentido de que no estaría en posesión del bien inmueble objeto de reivindicación; además, el mismo inicio anteriormente una demanda de usucapión sobre el mismo inmueble, entendiéndose que si poseyó.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por María Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, mediante memorial de fs. 1356 a 1363, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

En la forma.

a) El Auto de Vista no responde al agravio quinto, fundamentado en el inciso e) del escrito de apelación, presentado por María Julia Vargas Zurita, respecto a la falta de legitimación activa para demandar reivindicación de Pedro Ustariz Peredo; porque, es un solo heredero de los cinco que son en total; siendo que, la viuda María Estela Abregu, adquirió tácitamente la herencia, correspondiendo el litis consorcio necesario de la misma.

b) El Auto de Vista realizó una interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley al no disponer la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda, en tanto no se complete la legitimación activa del reivindicante Pedro Ustariz Peredo y de los otros co demandantes, Rinia Gonzales y Marco Antonio Céspedes que solo adquirieron las acciones y derechos de propiedad del vendedor, más no de otras herederas, vulnerándose el art. 56 de la Constitución Política del Estado y el derecho sucesorio de las causahabientes.

c) Existe violación del art. 229.II de la Ley N° 439, habiéndose aplicado indebidamente la Ley, cuando el Ad quem refiere que los derechos de la nueva propietaria del terreno, Graciela Llanos, son personalísimos, y que no se podría ampliar la demanda en contra de la misma; ocasionando que la sentencia sea inejecutable.

d) Error de derecho, al no haberle otorgado valor positivo para probar la calidad de poseedora de buena fe, al haber adquirido el inmueble mediante documento de compraventa suscrito entre el vendedor Marco Antonio García Arce y María Julia Vargas Zurita en el año 1998; denotando que ingresó a poseer sin violencia, sin tolerancia y menos de forma clandestina; siendo poseedora más de once años; habiendo denunciado este argumento en el inciso d) del escrito de apelación, el cual no fue respondido.

e) Error de hecho y derecho, que el Tribunal de alzada no valoró ninguna de las pruebas, y menos otorgó valor positivo; siendo que, las mismas demuestran la posesión antigua, pacífica, pública, continuada y de buena fe, de más de veintiún años, sobre le inmueble objeto de usucapión.

f) Indebida aplicación de la Ley al no otorgar valor probatorio a la prueba de fs. 1251 a 1258 consistentes a fotocopias legalizadas por el Ministerio Publico de Sacaba, dentro el requerimiento conclusivo formal y mandamiento de aprehensión por los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, seguido en contra de Pedro Ustariz Peredo, Marco Antonio Céspedes y Rinia Gonzales Monzón de Céspedes.

g) El Auto de Vista no valoró la denuncia expresada en el tercer agravio del recurso de apelación referido a que el derecho de sucesión de Pedro Ustariz Peredo prescribió, por no haber reclamado dentro de los diez años desde la apertura de la herencia.

h) Con relación a Francisco Vargas Zurita, el Tribunal de alzada no se pronunció sobre la prueba presentada junto a su memorial de apelación, consistente en certificación de Derechos Reales respecto a su bien inmueble, mismo que es su domicilio; por ello, no puede tramitar otra usucapión porque vive y habita su vivienda hace varios años atrás.

i) El Tribunal de alzada, no se pronunció respecto a la denuncia de que la A quo emitió el Auto de enmienda y complementación, sin importar la extemporaneidad de la solicitud de más de 48 horas de emitida la sentencia.

j) Sin una adecuada motivación fáctica y jurídica, incurrió en error de hecho y derecho al referir que María Julia Vargas no habría argumentado las apelaciones diferidas de los autos interlocutorios de las audiencias del juicio oral, pretendiendo que se genere un memorial de apelación distinto para cada determinación.

k) Error de hecho y derecho al otorgar valor probatorio a prueba incorporada por ajenos al proceso, como lo fue el Sub-Alcalde de Quintanilla; sin embargo, no consideró la prueba de la propietaria Graciela Llanos Márquez.

l) Aplicación indebida a la Ley por no haberse dispuesto la nulidad de obrados, inclusive la sentencia, y disponer que la A quo tramite la excepción previa de litispendencia incoada por María Julia Vargas, y por actuar de forma oficiosa para acumular el proceso.

m) Interpretación errónea de la Ley, al rechazar el argumento de que no se demandó a sus hijos -María Julia Vargas- de nombres Grover Arnold, Giovana y Edith todos Pinto Vargas, de edades de 35 y 32 años, el primero y la última; que continúan la posesión de su fallecido padre.

n) Interpretación errónea del art. 261.III de la Ley N° 439, debido a que se pidió diligenciamiento de prueba posterior a la Sentencia, como ser notificación al Ministerio Público de Sacaba para la extensión de fotocopias legalizadas del proceso penal a denuncia de Francisco Vargas Zurita y María Julia Vargas Zurita, contra Pedro Ustariz Peredo y otros, con el objeto de probar el art. 400.II del Código Procesal Civil, lo cual fue impedido por el Ad quem.

Fundamentos por los cuales solicitó se emita Auto Supremo anulatorio, con responsabilidad a los inferiores.

En el fondo.

a) Desconocimiento de los arts. 87 y 88 del Código Civil, que demuestra la posesión actual, también acredita la posesión antigua; asimismo, error de derecho, en relación a la valoración de las pruebas aportada al proceso, que son más de 400 fojas, entre las que están, el contrato compraventa, las construcciones realizadas, que, en lo vertical, sería equivalente a un edificio de tres pisos, con un valor equiparable de más de $us. 100.000.-; el contrato de suministro de agua, los árboles frutales de una antigüedad de más de 21 años; y el amurallado del terreno.

b) Interpretación errónea del art. 138 del Código Civil, al expresar, por el Ad quem, que para ganar un proceso de usucapión no es suficiente acreditar la buena fe con documento de compraventa, posesión continuada, pacifica e ininterrumpida, y de forma pública de María Julia Vargas Zurita, que hubiere sido probada de forma superabundante, debido a que es una persona de pollera que no logró a inscribir su documento sobre el terreno objeto de usucapión, demostrando que se encuentra en posesión por más de diez años, habiendo operado la prescripción adquisitiva por usucapión decenal.

Argumentos por los cuales solicitó que se emita Auto Supremo casando en su totalidad del Auto de Vista impugnado.

2. Contestación al recurso de casación:

Pedro Ustariz Peredo y Marco Antonio Céspedes Sánchez, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 1379 a 1381, alegando en lo principal que:

Lamentablemente los recurrentes utilizan una tesis errónea y falsa, tratando de argumentar que los Vocales emitieron el Auto de Vista supuestamente erróneo en la aplicación de la Ley; empero no se expresa de manera objetiva y precisa cuales serían los agravios sufridos, limitándose a repetir los mismos argumentos del recurso de apelación; solo tratando de dilatar el proceso, iniciándose una serie de demandas civiles tratando de obtener su propiedad.

Por lo referido, solicitaron se dicte Auto Supremo “confirmatorio” del Auto de Vista, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la diferenciación entre casación de forma y fondo.

Al respecto, el Auto Supremo: 1178/2016-RI, de 10 de octubre expreso que, “La Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, en su art. 271, al hacer referencia a las causales de casación, dispone: ‘I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.

II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores.

III. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista’.

Por su parte el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, de manera imperativa exige que el recurrente debe cumplir en expresar ‘…con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente’.

En relación a lo anterior, corresponde señalar que la uniforme línea Jurisprudencial asumida por éste Tribunal, al referirse al error ‘in judicando’ y a los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo en que incurre el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa, ha concretado que las figuras jurídicas conceptualizadas como violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; por otro lado, en relación a la apreciación de las pruebas se ha concretado que los conceptos de error de derecho y error de hecho, son también diferentes, porque en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no les dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador (Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, entre otros)”.

III.2. Del requisito subjetivo para impugnar.

Por su parte el Auto Supremo Nº 612/2022, de 24 de agosto explicó que “Inicialmente manifestar que el Auto Supremo N° 302/2021 de 12 de abril sostuvo que: ‘…requisito para reclamar u observar un acto procesal es el agravio sufrido, aspecto que otorga a las partes el interés legítimo para efectuar el correspondiente reclamo, de lo contrario, el recurso no cumple con uno de los presupuestos subjetivos, el cual es que la resolución impugnada genere perjuicio al interés y/o derecho del impugnante’.

A su vez, Enrique Lino Palacios en su obra ‘Derecho Procesal Civil’, Tomo V, pág. 85, haciendo referencia a los requisitos subjetivos para la procedencia de los recursos, señala: ‘configura requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione, a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés’.

De lo señalado supra, a[l] momento de impugnar se debe cumplir con el requisito subjetivo, el cual es la ineludible existencia del perjuicio que origina la resolución contra los intereses del recurrente y no de terceros” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016, de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo, ‘no es absoluto’, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa” (Subrayado y negrilla nos corresponden).

III.4. De la nulidad procesal, su trascendencia y relevancia constitucional.

El Auto Supremo N° 1316/2024, de 11 de noviembre, refirió lo siguiente: “Actualmente al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la Constitución Política del Estado), por lo que, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función del nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.

(…)

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