Texto del fallo
SALA PENAL PRIMERA
AUTO SUPREMO: Nº 548 Sucre, 30 de octubre de 2007.
DISTRITO: Santa Cruz.
PARTES: Trans Redes S.A., representada por Klaus Sieghard Hinz Penner
y Ministerio Público c/ Shinnavath Rojas Castillo, Renato Abel
Chipana y Juan Vaca N.
Robo (No haber lugar a la extinción de la acción penal)
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Sucre, 30 de octubre de 2007.
VISTOS: La remisión de oficio de fs. 640, dispuesta por este Tribunal a efectos de que el Ministerio Público se pronuncie sobre la extinción de la acción penal conforme los parámetros establecidos en la Sentencia Constitucional No. 101/2004, dentro del proceso penal seguido por la empresa Trans Redes S.A., representada por Klaus Sieghard Hinz Penner y el Ministerio Público contra Shinnavath Rojas Castillo, Renato Abel Chipana y Juan Vaca N., por el delito de robo previsto en el art. 331 del Código Penal, los antecedentes de la materia, y:
CONSIDERANDO: Que mediante providencia de 20 de diciembre de 2005, se dispuso la remisión de la presente causa en liquidación a conocimiento del Ministerio Público a efectos de que se pronuncie sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, acto procesal cumplido el 24 de mayo de 2006, conforme consta del requerimiento de fs. 641-643 de obrados, mediante el cual, el Ministerio Público solicitó se declare de oficio no haber lugar a la extinción de la acción penal, por que los procesados enmarcaron su conducta a los actos dilatorios a los que hace referencia la SC 101/2004 y el auto complementario No. 079/2004.
En este contexto, es preciso señalar que, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas de tiempo es de extrema importancia para la propia administración de justicia y confiere un derecho vigente a las partes en conflicto. Por ello, en todo caso en el que se pretenda afirmar que el requisito de un período razonable de tiempo ha sido o será violado, el primer paso será considerar el período de tiempo que ha transcurrido.
En el contexto penal, el período de tiempo procesal para las causas en liquidación, adopta dos criterios de inicio, así, para los procesos iniciados con anterioridad a la publicación de la Ley 1970, se computa desde la fecha de publicación y para aquellos procesos iniciados con posterioridad a dicha publicación y antes de la vigencia plena del actual sistema procesal, el cómputo se inicia con la notificación al procesado con el Auto inicial de la instrucción, actuado que se realiza luego de recibida la declaración indagatoria del sindicado ante el juez del sumario.
Este periodo de tiempo procesal, termina cuando el proceso ha sido concluido o cuando la determinación llega a su estadio final; es decir, cuando todas las vías de impugnación han sido agotadas y tiene un plazo determinado por Ley de cinco años como máximo.
El período de tiempo dentro el cual transcurre un proceso puede sufrir cierto retraso, bajo tales circunstancias y para considerar la razonabilidad de su duración conforme lo ha señalado también la jurisprudencia constitucional, se deben considerar los siguientes factores:
- La complejidad del caso;
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