AS/0557/2007

SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: Nº 557 Sucre, 31 de octubre de 2007.

DISTRITO: Cochabamba.

PARTES: Juan Carlos Heredia Aguilar y Ministerio Público c/ Walter Pol

Salinas.

Estafa, apropiación indebida y abuso de confianza (Declara no

haber lugar a la extinción de la acción penal)

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Sucre, 31 de octubre de 2007

VISTOS: La remisión de oficio de fs. 275, dispuesta por este Tribunal a efectos de que el Ministerio Público se pronuncie sobre la extinción de la acción penal conforme los parámetros establecidos en la Sentencia Constitucional No. 101/2004, dentro del proceso penal seguido por Juan Carlos Heredia Aguilar y Ministerio Público, contra Walter Pol Salinas por los delitos de estafa, apropiación indebida y abuso de confianza, previstos en los arts. 335, 345 y 346, respectivamente del Código Penal, los antecedentes de la materia, y:

CONSIDERANDO: Que mediante providencia de 17 de agosto de 2005, se dispuso la remisión de la presente causa en liquidación a conocimiento del Ministerio Público a efectos de que se pronuncie sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, acto procesal cumplido el 16 de marzo de 2006, conforme consta del requerimiento de fs. 276-277 de obrados, mediante el cual, el Ministerio Público solicitó se declare de oficio no haber lugar a la extinción de la acción penal, por que el procesado enmarcó su conducta en los actos dilatorios referidos en la SC 101/2004 y el auto complementario No. 079/2004.

En este contexto, es preciso señalar que, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas de tiempo es de extrema importancia para la propia administración de justicia y confiere un derecho vigente a las partes en conflicto. Por ello, en todo caso en el que se pretenda afirmar que el requisito de un período razonable de tiempo ha sido o será violado, el primer paso será considerar el período de tiempo que ha transcurrido.

En la esfera penal, el período de tiempo procesal para las causas en liquidación adopta dos criterios de inicio, así, para los procesos iniciados con anterioridad a la publicación de la Ley 1970, se computa desde la fecha de publicación y, para aquellos procesos iniciados con posterioridad a dicha publicación y antes de la vigencia plena del actual sistema procesal, el cómputo se inicia con la notificación al procesado con el Auto inicial de la instrucción, actuado que se realiza luego de recibida la declaración indagatoria del sindicado ante el juez del sumario.

Este periodo de tiempo procesal, termina cuando el proceso ha sido concluido o cuando la determinación llega a su estadio final; es decir, cuando todas las vías de impugnación han sido agotadas y tiene un plazo determinado por Ley de cinco años como máximo. A veces, puede sufrir cierto retraso, bajo tales circunstancias y para considerar la razonabilidad de su duración conforme lo ha señalado también la jurisprudencia constitucional, se deben considerar los siguientes factores:

-  La complejidad del caso;