AS/0586/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0586/2025

Fecha: 23 de junio de 2025

Expediente: CH-31-25-S

Partes: Julio Muñoz Rossi y Juvencio Toconas Aquino c/ Benita Kalisaya

Melendres.

Proceso: Cumplimiento de obligación.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 562 a 564, interpuesto por Benita Kalisaya Melendres, contra el Auto de Vista N° 77/2025, de 19 de febrero, corriente de fs. 557 a 559 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por Julio Muñoz Rossi y Juvencio Toconas Aquino contra la recurrente; el Auto de concesión de 21 de marzo de 2025, visible a fs. 570; el Auto Supremo de admisión N° 0304/2025-RA, de 03 de abril, obrante de fs. 575 a 576 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Julio Muñoz Rossi y Juvencio Toconas Aquino por memorial de demanda que discurre de fs. 312 a 315, promovieron el proceso ordinario de cumplimiento de obligación, contra Benita Kalisaya Melendres, quien una vez citada, según escritos visibles de fs. 404 a 406 vta., y de fs. 410 a 411 vta., se apersona y contesta de manera negativa, reconviene por resolución de contrato; pretensión que fue admitida por Auto obrante a fs. 412; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 222/2024, de 21 de octubre, que cursa de fs. 504 a 509, en la que la Juez Público Civil y Comercial 12° de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda de cumplimiento de contrato e IMPROBADA la acción reconvencional de resolución de contrato, sin costas ni costos; disponiendo que la demandada Benita Kalisaya Melendres cancele dentro el tercer día de ejecutoriada la Sentencia, la suma de $us. 18.680,52 (Dieciocho Mil 00/100 dólares americanos), más el pago del 6% anual, en calidad de daños y perjuicios, a ser calculada desde la citación con la demanda.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Benita Kalisaya Melendres según escrito de fs. 512 a 514, originó que la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 77/2025, de 19 de febrero, corriente de fs. 557 a 559 vta., donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

Que, en el caso de Autos el proceso surge del contrato privado de iguala profesional de fs. 1 vta., mismo que cumple con los parámetros constitucionales para ser acogido, en sentido que los resultados del proceso familiar en el que se representó a la hoy demandada Benita Kalisaya Melendres se encuentra concluido con la emisión de la Sentencia N° 77/2021, de 18 de marzo, la cual determino por declarar probada la demanda de división y partición de bienes gananciales confirmado por Auto de Vista N° 215/2021, de 04 de agosto, resolución ultima que no obtuvo recurso ulterior; por lo que, el proceso se encuentra concluido, obteniendo la hoy demandada resultados efectivos, por tal motivo se determina que la resolución de instancia es correcta en relación a la pretensión de los demandantes.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Benita Calisaya Melendres, según escrito visibles de fs. 562 a 564, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación manifestó:

a) Que, el Tribunal de alzada, realizó una errónea interpretación de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1846/2004-R y Sentencia Constitucional N° 0436/2007-R mismas que son uniformes al señalar que la determinación de los honorarios profesionales de los abogados, deben ser fijados en relación al trabajo realizado y los resultados obtenidos; aspecto que fuera incumplido por los demandantes en el documento de iguala, conforme determinación asumida por el Juzgador Público 4° de Familia que conoció el proceso familiar mismo que a través del Auto de fecha 12 de septiembre de 2021, señaló que no corresponde el pago de la cuantía, en consideración que el proceso se encontraba solamente con Sentencia ejecutoriada en relación a la determinación de ganancialidad de los bienes; toda vez que no se ha ejecutado la forma de su división y partición; resolución a la cual solo se solicitó complementación y enmienda que fuera rechazada por Auto de 20 de septiembre de 2021; documentales que tampoco fueron valorados por el Auto de Vista impugnado; aspectos que vulneran la regulación establecida en el art. 222 del Código Procesal Civil, considerando que al presente no se ha logrado ningún beneficio o resultado objetivo, ya que tuvo que contratar los servicios de otro profesional abogado para la materialización de la división y partición de sus bienes.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

Julio Muñoz Rossi y Juvencio Toconas Aquino, responden al recurso de casación mediante memorial de fs. 568 a 569 vta., señalando en lo principal que:

- La recurrente no determina bajo que premisa interpone su recurso de casación, sea en la forma o en el fondo incumpliendo la regulación establecida en el art. 274 num. 3 del Código Procesal Civil.

- Que el recurso de casación no sería claro al no determinar con precisión cuales serían sus agravios haciendo meramente referencia a citas jurisprudenciales y constitucionales sin establecer directamente que agravio hubiera sufrido o en qué sentido el Tribunal de alzada hubiera incurrido en ser agraviante en la determinación judicial que estableció deja subsistente la Sentencia de primera instancia, incumpliéndola regulación establecida en el art. 270 del Código Procesal Civil.

Por lo que, solicita que se rechace in limine el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la interpretación de los contratos.

El art. 510 del Código Civil, indica que: “I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. (…) II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato”.

Al respecto Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, respecto de la interpretación de los contratos señala, que interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance, determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes, no se discute la necesidad de interpretación para el normal funcionamiento del derecho, es consecuencia lógica de que toda la vida de relación esta moldeada por el derecho.

Se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual la interpretación del contrato debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es tanto como se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva. Pues investigar la intención es ralamente una operación inductiva. De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación: “a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse”. En ese a cuanto quiso esta toda la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma. La primera regla de la interpretación, no inserta el código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.

Si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua o anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como dicen las reglas, hace al contrato todo, o a una o varias de sus cláusulas, o a alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato.

Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas.

III.2. Del principio de razonabilidad.

En cuanto a la aplicación del referido principio, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0617/2015-S1, de fecha 15 de junio, señaló: “El principio de razonabilidad y su vinculación con la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales. La SCP 0121/2012 de 2 de mayo, indico que: “Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política del Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad. Cabe precisar que los valores de justicia e igualdad constituyen el estándar axiomático y presupuesto para el ejercicio de los roles jurisdiccionales con la misión específica de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. Estos estándares axiomáticos, en el orden constitucional imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el valor supremo del Estado, que es el ‘vivir bien’, valor inserto en el preámbulo de la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la CPE. En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el 15 valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales”. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

De la jurisprudencia extractada se puede advertir que a la luz del nuevo modelo constitucional, el principio de razonabilidad está orientado a que toda autoridad que ha de asumir una decisión, la haga de forma armonizada y razonada, dentro de un equilibrio normativo con el bloque de constitucionalidad imperante, acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuestos esenciales, para evitar asumir decisiones arbitrarias contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, o sea, es la búsqueda de una razonable relación entre la aplicación normativa y el bloque de constitucionalidad.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como a la doctrina aplicable al caso, corresponde a continuación ingresar a considerar los reclamos planteados en el recurso de casación.

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