AS/0588/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0588/2025

Fecha: 23 de junio de 2025

Expediente: LP-58-25-S

Partes: Mario Mamani Mendoza c/ Remedios Brañez Vargas y Justino Diaz Baldiviezo (tercero litisconsorte).

Proceso: Resolución de contrato.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 427 a 431, interpuesto por Mario Mamani Mendoza, contra el Auto de Vista Nº 761/2024, de 28 de noviembre, corriente de fs. 418 a 421 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por el recurrente contra Remedios Brañez Vargas y la intervención litisconsorcial de Justino Díaz Baldiviezo; la contestación de fs. 434 a 438 vta.; el Auto de concesión de 18 de febrero de 2025, visible a fs. 439, el Auto Supremo de admisión N° 280/2025-RA, de 26 de marzo, obrante de fs. 445 a 447, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Mario Mamani Mendoza, por memorial de demanda que discurre de fs. 22 a 24 vta., subsanado de fs. 26 a 27, promovió el proceso ordinario de resolución de contrato, contra Remedios Brañez Vargas, quien una vez citada, según escritos visibles de fs. 63 a 74, de fs. 80 a 81 vta., de fs. 96 a 100 vta., se apersonó y contestó de manera negativa, opuso excepciones de falta de legitimación o interés legítimo, demanda defectuosamente propuesta y emplazamiento a tercero, reconvino por nulidad de contrato, pretensiones que merecieron el decreto de 14 de septiembre de 2021 de fs. 82, que admite la intervención del tercero Justino Diaz Baldiviezo, en calidad de litisconsorte facultativo, por Auto Interlocutorio N° 344/2021, de 01 de noviembre de fs. 119, declaró por no presentada la reconvención, y en audiencia preliminar de 26 de octubre de 2023, visible de fs. 338 a 345 vta., se declaró improbadas las excepciones interpuestas. Asimismo, por escritos visibles de fs. 88 a 93 vta., reiterado de fs. 104 a 109, y subsanado de fs. 112 a 114, Justino Diaz Baldiviezo se apersonó como tercero y planteó demanda nulidad de contrato; desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 421/2023 de 14 de noviembre, visible de fs. 346 a 358, donde la Juez Público Civil y Comercial 16º de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA la demanda de nulidad de contrato, e IMPROBADA la demanda de resolución de contrato; en consecuencia, sin efectos y sin valor legal el documento de 08 de septiembre de 2017, suscrito por Mario Mamani Mendoza y Remedios Brañez Vargas.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Mario Mamani Mendoza, según escrito de fs. 360 a 363 vta. y por Remedios Brañez Vargas, por memorial de fs. 368 a 369 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista Nº 761/2024, de 28 de noviembre, corriente de fs. 418 a 421 vta., donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

La parte actora no se hizo presente en las audiencias del juicio por voluntad propia, menos interpuso los mecanismos de defensa correspondientes a efectos de reclamar la conducción de las mismas, en sala virtual del Recinto Penitenciario de San Pedro o en el Juzgado, adoptando una actitud pasiva; por ello, se consideró un desistimiento tácito de la excepción interpuesta; máxime, cuando la defensa técnica no fundamentó la excepción planteada en la etapa de saneamiento; menos se reclamó oportunamente el tratamiento procesal que correspondiere.

En relación a la prueba de confesión provocada, fue la parte actora quien de forma textualmente retiró la mencionada prueba para Remedios Brañez; menos se produjo la prueba en contra de Justino Diaz; añadiéndose que, tampoco se hizo reclamo alguno en la audiencia preliminar; en consecuencia, no se advirtió agravio alguno.

La parte recurrente no impugnó la providencia de 15 de febrero de 2023 cursante a fs. 217, en relación a la copias del proceso de autorización judicial, pese haber tomado conocimiento conforme diligencia visible a fs. 219; de la misma forma, en la etapa de admisión, ordenamiento y diligenciamiento de la prueba, no se realizó reclamo; a más que, no se advirtió que dicho medio de prueba sea determinante para modificar la pretensión de la parte demandada reconvencionista; es decir, respecto a la nulidad de documento.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Mario Mamani Mendoza, según escrito visible de fs. 427 a 431, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la forma.

a) El Auto de Vista recurrido, no realizó correcta aplicación del art. 265.I del Código Procesal Civil, en razón a que no se consideró los fundamentos expresados en el recurso de apelación y la contestación, de ahí que no pudo circunscribirse a los puntos apelados.

b) Violación al art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, al no haber revisado de oficio los antecedentes del proceso en cuanto a la prueba aportada por el demandante; en consecuencia, anular obrados, vulnerando de esta manera el art. 115 de la Constitución Política del Estado; el Tribunal Ad quem debió anular el proceso hasta fs. 137 a efectos de considerar el litisconsorcio que debió disponer la Juez A quo, ello en razón a la prueba documental de fs. 77 con relación a la autorización judicial sobre venta de bien inmueble de menores, tampoco valoró que la resolución y auto de Vista declararon improbada la autorización judicial.

c) Se infringió los principios procesales de seguridad jurídica y debido proceso previstos en el art.3 num. 4, art. 30 num. 11, 12 y 13, de la Ley del Órgano Judicial, art. 115.I, art. 117 y art. 180.I de la Constitución Política del Estado, a causa de que el Auto de Vista impugnado no ha resuelto la excepción interpuesta por el actor contra la reconvención incoada por Justino Diaz Baldiviezo, no ha sido considerada por la Juez de primera instancia ni por el Tribunal Ad quem, conforme al art. 1 num. 4, y art. 134 del Código Procesal Civil, correspondía la dirección a la autoridad judicial y no ser simplemente un espectador, en mérito a lo dispuesto por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, se debió anular obrados hasta resolverse la excepción.

d) El Tribunal de alzada advirtió que no se habría producido la prueba de confesión provocada para Justino Diaz Baldiviezo, y que en audiencia preliminar no se reclamó este extremo, hecho que contradice lo previsto por el art. 24 num. 4, y art. 25 num. 3. del Código Procesal Civil, por cuanto, ante tal contradicción, el Auto de Vista debió anular obrados; igualmente, no consideró que es válido las fotocopias simples concernientes al trámite de autorización judicial; por el contrario, dispuso que debieron ser presentadas en fotocopias legalizadas al sentir del art. 1311 del Código Civil; sin considerar que, tales copias evidencian que el trámite de autorización judicial de venta fue denegado, y que el tercero litisconsorte realizó compra desobedeciendo la disposición judicial, correspondiendo en consecuencia, anular obrados por la errada valoración de la prueba citada.

e) No fue valorado por la autoridad de primera instancia el diligenciamiento de las pruebas de cargo respecto al inmueble, y pese a la ausencia del demandante, la autoridad judicial debió considerar ese extremo conforme lo previsto por el art. 134 del Código Procesal Civil.

f) El Auto de Vista conculca los principios procesales de seguridad jurídica, legalidad, verdad material y debido proceso previstos en el art. 3 num. 4, art. 30 núm. 6, 11 y 12 de la Ley del Órgano Judicial, asimismo el Auto de Vista se apartó del principio de congruencia.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se anule obrados.

2. Contestación al recurso de casación:

Remedios Brañez Vargas, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 434 a 438 vta., alegando en lo principal que:

El recurrente incumple lo dispuesto por el art. 3 del Código Procesal Civil toda vez que “ex profesamente” pretende sorprender a la autoridad, omitiendo citar el art. 274 del mismo cuerpo normativo, en el entendido de que incumple lo prescrito en dicha norma, no correspondiendo atacar o cuestionar los hechos que dieron lugar a la acción interpuesta y resuelta en primera instancia, sino que debe referirse a lo resuelto en alzada, dando lugar a la improcedencia del recurso; habida cuenta que, la instancia de casación no se trata de una tercera instancia, pues ese Tribunal es de derecho y no hecho.

El recurso carece de especificidad; toda vez que, no determina en que consiste la aplicación errónea del art. 265.I del Código Procesal Civil; asimismo, no precisa que puntos apelados no hubieren sido resueltos o respondidos; en contrario, el Auto de Vista en el Considerando II, individualiza los argumentos, y en el Considerando III, atiende punto por punto.

El recurrente olvida que la acción ordinaria fue iniciada sobre resolución de contrato, reconvenida por nulidad del mismo acto; es decir, del contrato de compra venta de 08 de septiembre de 2017; y si el recurrente consideraba que la transferencia el inmueble era cuando fue menor de edad, debió pretender la nulidad por ausencia de consentimiento, resultando improcedente el reclamo.

Por otro lado, el recurrente fue parte procesal de la causa, habiendo conocido todos los actuados por si y por su defensor, no siendo responsabilidad la defensa que hubiere planteado.

Asimismo, en lo que respecta a los de fondo, advierte que el recurso carece de técnica recursiva, ya que confunde con la impugnación en la forma, no reuniendo los requisitos de admisibilidad; toda vez que, no se fundamentó como se habría incurrido en las presuntas transgresiones acusadas; ya que, en el recurso, solo se hace transcripciones de diferentes antecedentes procesales, así como criterios jurisprudenciales, sin que se adviertan acusaciones concretas que merezcan un análisis de forma o fondo.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia; alternativamente, se falle por infundado el recurso, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso.

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo, ‘no es absoluto’, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

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