AS/0594/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0594/2025

Fecha: 23 de junio de 2025

Expediente: LP-78-25-S

Partes: Brenda Bacarreza Campos representada por Daniel Rodolfo Porcel Bacarreza c/ Mario Amado Bacarreza Araujo.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 409 a 414, interpuesto por Brenda Bacarreza Campos representada por Daniel Rodolfo Porcel Bacarreza contra el Auto de Vista Nº 72/2025 de 14 de febrero, corriente de fs. 397 a 407, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de cumplimiento de obligación seguida por la recurrente contra Mario Amado Bacarreza Araujo; la contestación de fs. 417 a 422 vta.; el Auto de concesión de 27 de marzo de 2025, visible a fs. 423, el Auto Supremo de admisión N° 0361/2025-RA, de 24 de abril, obrante de fs. 429 a 431 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Brenda Bacarreza Campos representada por Daniel Rodolfo Porcel Bacarreza según memorial de demanda que discurre de fs. 63 a 68, modificado por escrito de fs. 78 a 83 vta., ratificado de fs. 92 a 97 vta., y por escrito visible de fs. 108 a 113, también por memorial de fs. 232 a 235, reiterado por escrito de fs. 237 a 239 vta., y subsanado por memorial saliente de fs. 243 a 244 vta., y a fs. 250 promovió el proceso ordinario de cumplimiento de obligación en contra de Mario Amado Bacarreza Araujo; quien una vez citado, por memorial de fs. 266 a 268 responde a la demanda de forma negativa y formula demanda reconvencional de nulidad de documento privado, demanda reconvencional observada en audiencia preliminar, observación rechazada por Auto de 07 de septiembre de 2023 de fs. 288 vta., a 290 apelada en el efecto diferido; desarrollándose de esta manera la causa hasta que la Juez Público Civil y Comercial N° 24 de La Paz, emite la Sentencia (Resolución) N° 132/2024 de 18 de abril, cursante de fs. 364 a 368 vta., declarando IMPROBADA la demanda de cumplimiento de obligación e IMPROBADA la demanda reconvencional de nulidad de contrato, sin costas por ser juicio doble.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Brenda Bacarreza Campos representada por Daniel Rodolfo Porcel Bacarreza por escrito visible de fs. 374 a 383 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 72/2025 de 14 de febrero cursante de fs. 397 a 407, por el cual CONFIRMÓ la Sentencia apelada y CONFIRMÓ el Auto de 07 de septiembre de 2023 saliente de fs. 288 vta., a 290 del expediente, en base a los siguientes argumentos:

Que, en relación a que la acción reconvencional hubiera sido incorporada de forma errada y sin el cumplimiento de las formalidades establecidas por ley, al no a ver sido admitida y citada con la misma conculcando el debido proceso, señaló que la recurrente no reclamó oportunamente dichos defectos procesales, además de no generarle perjuicio en consideración que contestó a la acción reconvencional y se pronunció sobre las pruebas ofrecidas con las misma; por lo que, se desestimó sus argumentos.

Que, no se vulneró el principio de congruencia en la Sentencia; toda vez que, el reclamo de la recurrente respecto a la superficie asignada al inmueble objeto del contrato de compraventa debió ser reclamado vía aclaración, complementación y enmienda al no repercutir sobre el fondo de la problemática.

Que, la acusación sobre la regulación del art. 511 del Código Civil respecto a la cláusula quinta de contradocumento y que el contrato se efectiviza por el simple consentimiento, no es correcto; puesto que, si bien el contrato se perfecciona por el simple consentimiento, dicho aspecto no sería juzgado en la presente causa, sino el cumplimiento de las obligaciones del contrato de venta de 14 de octubre de 2013, del cual conforme contradocumento de fs. 262 y vta., se acreditó en su cláusula tercera que el precio convenido no se pagó por la demandante haciendo inviable su pretensión; por otro lado respecto a la interpretación de la cláusula quinta del referido contra documento el mismo no podría ser objeto de análisis en la causa por el principio de congruencia al no ser objeto de la demanda.

Que, la prueba testifical no puede ser elemento suficiente para desvirtuar los argumentos explanados en el contra documento de fs. 262 y vta.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Brenda Bacarreza Campos representada por Daniel Rodolfo Porcel Bacarreza, según escrito visible de fs. 409 a 414, recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación manifestó:

En la forma.

a) Que, el Auto de Vista no consideró que la tramitación de la acción reconvencional fue anómala; toda vez que, se tiene providencia de admisión de la misma vulnerándose los arts. 130 y 363 del Código Procesal Civil, en el mismo sentido no fue debidamente citada con la misma conforme la regulación del art. 73 del mismo compilado procesal civil, aspecto que debe ser observado en virtud de los principios de legalidad, saneamiento y dirección del proceso; puesto que, la parte demandada se ratificó en audiencia preliminar únicamente en su contestación a la demanda y no así en referencia a la reconvencional; desestimando sus reclamos en razón al art. 113 del adjetivo procesal civil, sin contemplar el art. 209 de la misma norma procesal lo que vulnera su derecho al debido proceso.

En el fondo.

b) Acusó que, el Tribunal de alzada realizó una errónea interpretación del contrato de venta y de su contradocumento, siendo los mismos similares y que cumplían una única función, conforme a la cláusula tercera del referido contradocumento donde se señala el cumplimiento del pago del precio; por lo que, la afirmación generada de que no se cumplió con la obligación del pago no es cierto, considerando la prueba testifical de Vladimir Matny Refuta que acredita la cancelación del mismo y que no fue desvirtuado por la prueba testifical de contrario, generándose la vulneración de los arts. 584, 510 del Código Civil, respecto a la operación del sinalagma funcional del contrato, de la eficacia de sus cláusulas, como de la comunidad de la prueba citando para el efecto jurisprudencia.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

Mario Amado Bacarreza Araujo, responde al recurso de casación mediante memorial de fs. 417 a 422 vta., señalando en lo principal que:

- En cuanto a los argumentos de forma, señala que la incorporación de la acción reconvencional fue legal; puesto que, a fs. 88 se acredita que la demandante manifestó a ver sido notificada con la reconvención, sin presentar excepciones conforme el art. 128.I num. 6 del Código Procesal Civil y para el momento de la audiencia preliminar ya había sido superado, conforme Auto dictado en la misma.

- Respecto a los agravios de fondo, señala que para el cumplimiento del art. 584 del Código Civil, se debe seguir el sinalagma funcional, que no fue cumplido por la demandada; considerando que actuó con total desapego al principio de verdad material y la lealtad procesal, presentando la demanda de cumplimiento únicamente con el contrato de compraventa sin pronunciarse sobre el contra documento mismo que en su cláusula tercera seria claro al señalar que no se realizó ningún pago por el precio convenido, en el contrato de venta principal, suscribiéndose ambos documentos en la fecha 14 de octubre de 2013, con una distinción de 5 minutos; ya que el principal fue generado a las 11:40 y el contradocumento a las 11:45 siendo, señalando que ninguno de los testigos ha señalado que habrían visto el supuesto pago y menos la entrega del dinero.

Por lo que, solicita que se rechace el recurso de casación por carecer del fundamento lógico y legal.

CONSIDERANDO III:

III.DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación conforme orienta la Ley 439.

El Auto Supremo 272/2017, de 10 de marzo, ha orientado sobre el tema al respecto en sentido de que: “…preliminarmente corresponde señalar que, si bien el principio de impugnación se configura, como principio regulador para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese derecho no es absoluto para todos los proceso e instancias, debido a que este se encuentra limitado, por la misma ley, ya sea, por el tipo de proceso, por la clase de resolución tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.

Sobre el tema el art. 250-I del Código Procesal Civil señala: ‘I.- Las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario’ norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270-I del Código Procesal Civil es claro al establecer: ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley’, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley.

Resultando únicamente ambiguo en su literalidad el primer caso, correspondiendo en consecuencia su interpretación por parte de este Máximo Tribunal de Justicia, el mismo conforme a lo determinado referido en el punto precedente debe ser desde y conforme a un enfoque Constitucional, es decir de acuerdo a principios y valores que rigen al nuevo modelo Constitucional, de acuerdo a los principios pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero de ellos conforme al criterio expuesto por la Profesora Argentina Mónica Pinto, ‘... de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria’. También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.

Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley 025, en aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos.

Y a los efectos de tener un entendimiento certero se debe aclarar que se entiende por Auto de definitivo, sobre la definición de este tipo de resolución la SC 0092/2010-R ha orientado: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que ‘los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias’ y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser auto interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la resolución.

Valga aclarar que lo expuesto no resulta una regla absoluta, en el entendido que el legislador ha establecido prohibiciones expresamente establecidas por Ley, para la inviabilidad o improcedencia del recurso de casación dentro de procesos ordinarios, como ser lo determinado en el art. 113.II, 248.II del Código Procesal Civil entre otros, que pese a tener esa calidad de Autos definitivos son inimpugnables de casación, y para el caso de Autos de Vista que resolvieren sentencia es inviable el recurso de casación en los procesos ordinarios que derivaren de resoluciones dictadas en proceso extraordinarios, art. 270-II del referido Código”. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

Por otro lado el Auto Supremo 369/2016, de 19 de abril 2016, ha razonado sobre el tema en sentido de que: “…Al respecto diremos que los autos interlocutorios simples son resoluciones que deciden las cuestiones incidentales suscitadas durante la tramitación del proceso; según Eduardo J. Couture, es “un pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho”; dirimen cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal y se resuelven con apoyo de fundamentación (…), pueden ser revocados o sufrir mutaciones de oficio o instancia de parte (…); solo son apelables en efecto devolutivo y/o diferido según el caso específico a ser resuelto, sin recurso ulterior (…), lo que significa que la Resolución de segunda instancia que resuelve la apelación no admite recurso de casación.”. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. De la interpretación de los contratos.

Sobre el tema el Auto Supremo N° 993/2023, de 12 de octubre, señaló: “El art. 510 del Código Civil, indica que: ‘I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. (…) II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato’.

Al respecto Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, respecto de la interpretación de los contratos señala, que interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance, determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes, no se discute la necesidad de interpretación para el normal funcionamiento del derecho, es consecuencia lógica de que toda la vida de relación esta moldeada por el derecho.

Se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual la interpretación del contrato debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es tanto como se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva. Pues investigar la intención es ralamente una operación inductiva. De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación: ‘a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse’. En ese a cuanto quiso esta toda la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma. La primera regla de la interpretación, no inserta el código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.

Si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua o anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como dicen las reglas, hace al contrato todo, o a una o varias de sus cláusulas, o a alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato.

Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas”. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

Mostrando 53 de 105 parrafos.

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