AS/0600/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0600/2025

Fecha: 23 de junio de 2025

Expediente: O-23-25-S

Partes: Emilio Vargas Tapia y Beneranda Mamani Quispe de Vargas c/ Sonia Sandra Choque Ajhuacho.

Proceso: Acción reivindicatoria y pago de daños perjuicios.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 787 a 789, interpuesto por Sonia Sandra Choque Ajhuacho representada por Jesús Reynaldo Ayala Pacheco; contra el Auto de Vista N° 72/2025, de 25 de febrero, corriente de fs. 768 a 784 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por Emilio Vargas Tapia y Beneranda Mamani Quispe de Vargas en contra de la recurrente; la contestación obrante a fs. 793 a 794; el Auto de concesión de 2 de abril de 2025, visible a fs. 795; Auto Supremo de admisión Nº 0358/2025-RA de 23 de abril, cursante de fs. 802 a 803 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Emilio Vargas Tapia y Beneranda Mamani Quispe de Vargas, por memorial de demanda que discurre de fs. 34 a 36, subsanado a fs. 38 y vta., promovieron el proceso ordinario de reivindicación y pago de daños y perjuicios contra Sonia Sandra Choque Ajhuacho, quien una vez citada, según escrito visible de fs. 138 a 140 vta., se apersonó y contestó de manera negativa, opuso excepciones de falta de legitimación y emplazamiento de terceros, que fueron desestimadas en audiencia preliminar por Auto de 16 de abril de 2024, visible de fs. 219 a 220 vta., y reconvino por cumplimiento de contrato verbal de donación, extensión de minuta y registro en Derechos Reales, pretensiones que merecieron el Auto de 31 de mayo de 2023, obrante de fs. 141 a 149 vta., rechazándolas por improponible, decisión que fue confirmada por Auto de Vista N° 73/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 171 a 173; posteriormente, por escrito visible de fs. 286 a 287, Sonia Sandra Choque Ajhuacho, interpuso incidente de acumulación, que fue declarada probada por Auto de 24 de mayo de 2024, obrante de fs. 378 a 382; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 32/2024, de 10 de septiembre, que cursa de fs. 708 a 717 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 10° de la ciudad de Oruro, declaró PROBADA la demanda de reivindicación disponiendo que en el plazo de quince días la demandada desocupe y restituya el bien inmueble en cuestión bajo alternativa de desapoderamiento, e IMPROBADA la pretensión de pago de daños y perjuicios; asimismo, PROBADA en parte la pretensión de pago de mejoras útiles, disponiendo que los demandantes con anterioridad al desapoderamiento paguen la $us. 3.500 (Tres Mil Quinientos 00/100 Dólares Estadounidenses).

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Sonia Sandra Choque Ajhuacho representada por Jesús Reynaldo Ayala Pacheco, Emilio Vargas Tapia y Beneranda Mamani Quispe de Vargas, y Eriberto Enrique Vargas Mamani, según escritos de fs. 721 a 724, fs. 728 a 731 vta., y de fs. 733 a 735 vta., respectivamente, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 72/2025, de 25 de febrero, corriente de fs. 768 a 784 vta., donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

- Respecto a la demanda sobre mejoras útiles introducidas en el inmueble en controversia incoada por la parte apelante Sonia Sandra Choque, la misma fue declarada probada en parte en Sentencia; asimismo, no hubiera acreditado en el transcurso del presente caso haber erogado los gastos de las construcciones erigidas en bien en litis; puesto que, cursan dos informes periciales en obrados donde se concluyó que el 2013 solo existía el muro perimetral lo cual fue corroborado con su confesión espontanea al señalar haber construido en la gestión 2013 al 2014; empero, de la prueba señalada se dedujo que la apelante conjuntamente con su ex pareja el tercero interesado Eriberto Enrique Vargas Mamani realizaron el vaciado de loza alivianada y los muros del primer piso, pues para el 2015 su contraparte Emilio Vargas Tapia empezó con las demás edificaciones de las cuales no participó Sonia Sandra Choque; extremo, que también fue corroborado con las declaraciones testificales de Juan Pablo Padilla Escobar y Sofia Cortez Zenteno; de igual manera, se tiene con las declaraciones emitidas a momento de viabilizar las confesiones provocadas a Emilio Vargas Tapia y Eriberto Enrique Vargas Mamani quienes no emitieron alguna afirmación admitiendo total o parcialmente la pretensión de pago de mejoras útiles y por el contrario señalaron que quien se hizo cargo de los gastos en las construcciones fue Emilio Vargas Tapia.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Sonia Sandra Choque Ajhuacho representada por Jesús Reynaldo Ayala Pacheco según escrito visible de fs. 787 a 789, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la forma.

a) Se vulneraria el art. 265 del Código Procesal Civil y el principio de verdad material; toda vez que, no existiría pronunciamiento alguno sobre las contradicciones que existiría entre la relación de hechos expuestos por el demandante, la confesión provocada, la declaración testifical e informe pericial; por lo que, no debería tenerse como ciertos los argumentos del demandante sobre su participación en la construcción del inmueble.

Fundamentos por los cuales solicitó se case el Auto de Vista impugnado y en su mérito se “revoque la Sentencia Nº 32 de 10 de septiembre de 2024 disponiendo que el Tribunal de segunda instancia vuelva a dictar Sentencia cumpliendo con los principios de congruencia, motivación y fundamentación” (sic).

2. Contestación al recurso de casación:

Emilio Vargas Tapia por sí y en representación de su esposa Beneranda Mamani Quispe de Vargas, respondió el recurso de casación mediante memorial cursante de fs. 793 a 794, exponiendo en lo principal lo siguiente:

La parte contraria vuelve a señalar que en todo se nos dio razón; empero, de los antecedentes del proceso advertirán que no se encuentran de acuerdo con el pago de una suma de dinero como compensación y menos de la retención del inmueble hasta la entrega del mismo; asimismo, afirma que se hubiera emitido una resolución de alzada más allá de lo pedido modificando sustancialmente la Sentencia apelada, lo cual es contrario porque se confirmó la misma y resulta “absurdo” pensar que se hubiera modificado como señala la parte demandada.

Se demostró por el dictamen pericial que, antes del 21 de septiembre de 2013 ya existía la primera construcción muro perimetral y posteriormente se procedió a efectuar mejoras; empero, no alguna edificación de gran edificación, extremo que fue correctamente valorado y que ahora tendría como fundamento la principal observación de la parte recurrente; de igual manera, se ratifica en que no correspondería pago alguno, pues se ignoró que la construcción del inmueble fue con participación de dos maestros albañiles, sus tres hijos -de los cuales uno ya falleció- y su persona.

Por lo referido, solicitó se desestime el recurso de casación contra el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018, de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3, de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”.

III.2. Congruencia y pertinencia en las resoluciones judiciales.

Con relación a la congruencia de las resoluciones, existe abundante jurisprudencia, pues en el Auto Supremo Nº 736/2018, de 27 de julio se estableció el siguiente razonamiento: “Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”. Criterio que es acorde con lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0055/2014, de 03 de enero.

De igual modo, con relación a la pertinencia, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1662/2012, de 01 de octubre, señaló: “La pertinencia en las resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia, se encuentra prevista por el art. … (265 CPC), que señala que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación (…), es decir, a la expresión de los agravios sufridos por efecto de la resolución que se hubiere pronunciado. (…)

Consecuentemente, los jueces y tribunales de segunda instancia, al pronunciar resolución, deben velar porque sus determinaciones sean pertinentes, dado que: (…) la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios”.

Mostrando 38 de 76 parrafos.

Texto del fallo

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