AS/0619/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 0619/2025

Fecha: 25 de junio de 2025

Expediente: SC-35-25-S

Partes: Agustín Valverde De Los Ríos e Inés Juany Barriga de Valverde c/ Julio Ariel Arambulo Velasco.

Proceso: Nulidad de escritura pública sobre contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 228 a 233, interpuesto por Agustín Valverde De Los Ríos e Inés Juany Barriga de Valverde, contra el Auto de Vista N° 32/2024, de 29 de mayo, corriente de fs. 209 a 218, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública sobre contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, seguido por los recurrentes contra Julio Ariel Arambulo Velasco; la contestación que discurre de fs. 236 a 242 vta.; el Auto de concesión de 25 de marzo de 2025 visible a fs. 243; el Auto Supremo de admisión N° 0334/2025-RA, de 11 de abril, saliente de fs. 248 a 249 vta., todo lo inherente al proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Agustín Valverde De Los Ríos e Inés Juany Barriga de Valverde por memorial de demanda que discurre de fs. 8 a 9, subsanado a fs. 16 y vta., promovieron proceso ordinario de nulidad de escritura pública sobre contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, contra Julio Ariel Arambulo Velasco, quien una vez citado, según escrito de fs. 23 a 32 contesta negativamente; desarrollando de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia Nº 142/2023, de 13 de junio, que cursa de fs. 130 a 134 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 29° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda en consecuencia, se declaró la nulidad de la Escritura Pública Nº 36/2019, de 11 de enero, otorgado por la Notaria de Fe Pública Nº 14 del distrito de Santa Cruz a cargo del abogado Rene Vicente Arzabe suscrita entre Julio Ariel Arambulo Velasco en su calidad de acreedor y los demandantes en su condiciones de deudores, sobre un préstamo de dinero de $us. 19.000, y en ejecución de fallos oficiar a la señalada notaria a efectos de hacer conocer la determinación de primera instancia y registre protocolo de dicha nulidad, sea con costos y costas.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Julio Ariel Arambulo Velasco según escrito de fs. 137 a 143, originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 92/2023, de 22 de diciembre, corriente de fs. 166 a 169 vta., donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Julio Ariel Arambulo Velasco por memorial de fs. 174 a 180 vta., emitiéndose en consecuencia el Auto Supremo N° 278/2024, de 8 de abril, cursante de fs. 195 a 201, que ANULÓ el Auto de Vista disponiendo se emita nuevo fallo que resuelva todas las acusaciones del recurso de alzada.

4. En cumplimiento a dicha determinación la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista N° 32/2024, de 29 de mayo, corriente de fs. 209 a 218, donde se REVOCÓ la Sentencia Nº 142/2023, de 13 de junio, que cursa de fs. 130 a 134 vta., disponiendo declarar IMPROBADA la demanda principal interpuesta por Agustín Valverde De Los Ríos e Inés Juany Barriga de Velarde; bajo las siguientes argumentos:

-La autoridad de grado realizó una errónea valoración de la prueba testifical, que si bien son admisibles, no tienen la fuerza probatoria suficiente para establecer que el dinero objeto de préstamo, nunca fue entregado a los deudores, pues dichas declaraciones se encuentran limitadas en el tiempo y espacio, haciendo referencia solamente al momento de estar presentes en la notaría, más no demuestran que el dinero no fue entregado; aspecto que no llega a revertir la fuerza probatoria conferida al documento por el art. 1286 del Código Civil, no existiendo prueba contundente que demuestren la falta en el objeto del contrato de los requisitos previstos por ley.

-La decisión de primera instancia se funda en declaraciones testificales y confesión provocada que no tienen suficiente fuerza probatoria frente al documento público objeto de la demanda, en cuyos antecedentes no se menciona siquiera lo relatado por los demandantes y la nulidad pretendida sería viable únicamente por medio de prueba suficiente y contundente que demuestren la falta en el objeto del contrato de los requisitos señalados por ley y el error esencial sobre la naturaleza sobre el objeto del contrato; que existe un límite legal para la prueba testifical en estos casos, que en el presente caso no resultan uniformes, sino referenciales; así también la certificación emitida por el Notario de Fe Pública solo corrobora la suscripción del documento público, más no la existencia de dolo o presión por parte del recurrente en contra de los demandantes, no habiéndose cumplido con la carga de la prueba por parte de los actores conforme exige el art. 136 del Código Procesal Civil.

-Resulta evidente que la autoridad de primer grado ha incurrido en incongruencia toda vez que en la parte final del Considerando IV establece que ante la falta de prueba para formar convicción en la Sentencia aplicaría el art. 136.II del Código Procesal Civil; sin embargo, conforme lo analizado los demandantes no han logrado demostrar en forma idónea lo pretendido en la demanda principal y la autoridad judicial ha realizado una errónea adecuación de los hechos, incorrecta valoración de la prueba, indebida fundamentación, motivación e incongruencia en la resolución recurrida.

5. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Agustín Valverde De Los Ríos e Inés Juany Barriga de Velarde según escrito visible de fs. 228 a 233, medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, los recurrentes acusaron:

a) El Auto de Vista impugnado incurriría en una errónea interpretación y por ende aplicación de los arts. 1289 y 1328 ambos del Código Civil, desconociendo el principio de verdad material reconocido en el art. 180 de la Constitución Política del Estado.

Los de instancia hubieran incurrido en error de derecho a momento de valorar la prueba documental de fs. 1 a 2, correspondiente al contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria y señalarse que no puede refutarse su eficacia jurídica por prueba testifical. Por el contrario, considera que en atención a lo establecido en el art. 1329 del Código Civil, que establece que se admite la prueba testifical cuando el acto es impugnado por falsedad o ilicitud, motivo por el cual sí está plenamente permitido observar la eficacia jurídica del contrato de préstamo mediante prueba testifical.

b) Se incurrió en error de derecho tiempo de valorar la prueba de fs. 1 a 2, al manifestar el Auto de Vista que al tratarse de un documento público por mandato del art. 145.II del Código Procesal Civil, concordante con el art. 1289 del Código Civil, su autenticidad no puede ser observada vía prueba testifical, lo que constituye error de derecho en la valoración de la referida prueba documental.

c) Se omitió dar validez en el Auto de Vista impugnado al art. 136 del Código Procesal Civil, lo cual generaría inseguridad jurídica, el principio de preclusión e igualdad procesal; asimismo, se tuviera una errónea interpretación y aplicación de los arts. 162 y 149 ambos del adjetivo civil en mención.

Refieren los recurrentes que el Auto de Vista impugnado no consideró el principio de preclusión al disponer que la prueba testifical no es idónea para observar la eficacia jurídica del documento público en razón a que este asunto en concreto ya fue resuelto y rechazado por el Juez de la causa; es decir, la decisión de admitir, producir y valorar la prueba testifical cuenta con la calidad de cosa juzgada, habiendo cumplido de su parte con su carga probatoria de demostrar que no se les entregó ninguna suma de dinero al suscribir el contrato objeto de la demanda.

d) Acusan también la errónea e indebida aplicación del art. 1289 del Código Civil, norma legal que en ningún momento refiere que la confesión no puede ser considerada como un medio de prueba insuficiente para impugnar la eficacia probatoria de un documento público.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente solicitó se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo confirme la Sentencia de primera instancia.

2. De la contestación al recurso de casación:

Julio Ariel Arambulo Velasco, contestó al recurso de casación según escrito que cursa de fs. 236 a 242 vta., con los siguientes fundamentos:

-El recurso de casación no cumple con los presupuestos de procedencia previstos en la ley, adoleciendo de una inadecuada redacción en cuanto a precisar la ley o leyes infringidas; manifestando además que los presuntos agravios acusados no son otra cosa que una falsa apreciación de los hechos y que el Tribunal de alzada cumplió rigurosamente con los arts. 7.II y 25 num. 1 del Código Procesal Civil, y que de la valoración probatoria efectuada efectivamente las declaraciones testificales y confesiones judiciales, resultan insuficientes para sustentar la nulidad de una escritura pública.

Argumentos por los cuales, impetra declarar improcedente el recurso de casación, con condenación de costas y costos.

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