AS/0621/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0621/2025

Fecha: 25 de junio de 2025

Expediente: O-24-25-S

Partes: Jhonny Milton Mendoza Alanez c/ Jorge Edwin López Claure.

Proceso: Resolución de contrato.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 343 a 348, interpuesto por Jhonny Milton Mendoza Alanez contra el Auto de Vista N° 59/2025, de 18 de febrero, corriente de fs. 337 a 341 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por el recurrente en contra de Jorge Edwin López Claure; el Auto de concesión de 1 de abril de 2025, visible a fs. 351; el Auto Supremo de admisión N° 0359/2025, de 23 de abril, visible de fs. 356 a 357 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Jhonny Milton Mendoza Alanez, por memorial de demanda que discurre de fs. 8 a 9 vta., promovió el proceso ordinario de resolución de contrato contra Jorge Edwin López Claure, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 46 a 48 vta., se apersonó y contestó de manera negativa, interpuso incidente de nulidad, que fue rechazado por Auto de 4 de febrero de 2014, visible a fs. 75 y vta.; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 19/2015, de 20 de marzo, que cursa a fs. 184 a 189 que declaró PROBADA la demanda, misma que amerito la emisión del Auto de Vista N° 6/2016, de 21 de enero, cursante a fs. 237 a 239, que anuló obrados hasta fs. 184 debiendo pronunciarse nueva Sentencia; en mérito de ello, se emitió la Sentencia N° 39/2024 de 25 de septiembre, que cursa de fs. 298 a 306 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 8° de la ciudad de Oruro, declaró IMPROBADA la demanda, disponiendo que el demandante cancele el trabajo cumplido y/o prestaciones ya efectuadas por el demandado, además del pago por los daños y perjuicios, que habiendo solicitado la enmienda y complementación por el recurrente, fue resuelto por Auto de 9 de octubre de 2024, cursante a fs. 310 y vta., que rechaza la misma.

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2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Jhonny Milton Mendoza Alanez, según escrito de fs. 313 a 317 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 59/2025, de 18 de febrero, corriente de fs. 337 a 341 vta., donde se REVOCÓ la Sentencia N° 39/2024 de fs. 298 a 306 vta., y deliberado en el fondo declaró PROBADA en parte la demanda, respecto a la resolución de contrato, IMPROBADA, respecto a la devolución de Bs. 37.000 y la aplicación de clausula penal por resarcimiento; y no ha lugar a ninguna retribución del demandado por trabajos realizados, bajo los siguientes argumentos:

- No es factible realizar una resolución de contrato imputando el incumplimiento a una de las partes, porque las obligaciones acordadas el 29 de septiembre de 2010, fueron desplazadas por acuerdos de partes; es decir, el pago posterior a 19 días calendario primigeniamente establecido y la suscripción de un documento privado que determinaba entre sus obligaciones del demandado llevar el vidrio a la localidad de Huari Huari por sus medios. Podría entenderse que la obligación incumplida es el colocado de los vidrios, considerando lo postulado por el demandado, en sentido que se concluyó con el colocado de marcos de aluminio, pero no se puede establecer tal extremo, porque el demandado en su contestación habla de porcentajes y no establece cuantitativamente la obra que hubiese entregado o concluido.

- Si se consideraría la tesis del demandado que hubiera concluido el 100% del colocado de marcos y solo faltaba el vidrio en un 20%, contradice el argumento de su defensa de no haber podido instalar porque la infraestructura del hospital aún estaba inconclusa, aseveración que realizó también el testigo Ronny Fabio Navarro Camacho, sin establecer fechas al respecto.

-Se debe declarar la resolución, no por el incumplimiento determinado de una de las partes, sino considerando el transcurso del tiempo y la relación contractual concluida de hecho, como una forma de disolver la relación contractual que no puede seguir vinculando a ambas partes; es decir, aplicando una resolución como fórmula de solución de las partes en conflicto.

- El contrato fue mutando con el tiempo en función a la propia convención entre partes, de otro modo no se explica cómo es que hubo pagos posteriores y la celebración de otro documento privado que solo se enfocaba en el llevado de los vidrios al lugar de la obra hospitalaria; además, los recibos por su contenido escueto suponen que es un pago no como un anticipo, como se arguye, sino que deviene por el avance de los servicios prestados; por lo que, no es posible la devolución de la entrega de Bs. 37.000.-, ya que en estos contratos existe una ejecución sucesiva; por lo que, las prestaciones cumplidas no sufren el efecto retroactivo, así señala el art. 574.1 del Código Civil.

-En la demanda se pidió que se condene por resarcimiento del daño convencional convenido mediante cláusula penal; sin embargo, en los contratos analizados, no existe cláusula penal convencional, pues esta por sus características debe ser expresa, y establecer la pena acordada, que reemplaza al resarcimiento de daños, conforme el art. 532 del Código Civil; empero, el señalar en un contrato vagamente que el que incumpliere el contrato deberá sufrir las multas que corresponden, no es una cláusula penal, que describa una pena convencional, sino una simple descripción de sufrir consecuencias por incumplimiento; por lo que, no puede aplicarse esta supuesta pena convencional como defectuosamente pidió la parte actora.

-Cabe resaltar que, en Sentencia incongruentemente se estableció con lugar a daños y perjuicios por solicitud del demandado, lo que resulta ilógico, ya que el daño y perjuicio es el resultado de un acto ilícito, que el caso sería el incumplimiento; empero, el Juez no estableció que el demandado haya incumplido con sus prestaciones, sino en sentido contrario; por lo que, el resarcimiento no es posible porque no existe un daño que debe ser reparado.

-En la contestación, el demandado señaló que cumplió con la instalación de la plataforma de aluminio y la colocación de los marcos de ventanal misma que abarcaría 160 m2., cumpliéndose el 100%; sin embargo, dicha postulación no fue respaldada por una pretensión específica, los recibos y proformas arrimadas al proceso no forman convicción para establecer un monto de trabajo realizado, como tampoco las atestación de los testigos, porque no señalan cuánto es que la obra fue avanzada y cuánto es en específico que se le debería por el trabajo realizado.

-El recurso alude la vulneración del derecho a la defensa, congruencia, debido proceso, y falta de tutela judicial efectiva, haciendo uso de jurisprudencia relativa a esos antecedentes; sin embargo, la misma resulta insustancial cuando no se ha establecido un vínculo de los posibles derechos, principios y la jurisprudencia con el caso concreto.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jhonny Milton Mendoza Álvarez, según escrito visible de fs. 343 a 348, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Tribunal de alzada vulneró lo dispuesto por el art. 568 del Código Civil, además de no haber realizado un análisis de toda la prueba presentada; toda vez que, pese a la afirmación expresa del demandado de haber incumplido el contrato, no se ha dispuesto el resarcimiento del daño, ni el pago de costas y costos.

b) Se vulneró lo dispuesto por el art. 145 del Código Procesal Civil; ya que, el Ad quem no consideró todas y cada una de las pruebas, ni señaló cuales fueron desestimadas o vinculadas con la causa; razón por la cual, se tiene por vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa.

c) El Auto de Vista se halla ausente de motivación y congruencia; puesto que, no habría expuesto los hechos y el fundamento legal por el que determinó probada en parte la demanda de resolución de contrato, e improbada la devolución del dinero y el resarcimiento de daño, más las costas y costos; además de haberse otorgado más de lo pedido (ultra petita).

Fundamentos por los cuales el recurrente solicita se case en parte el Auto de Vista y en su mérito se disponga la resolución del contrato, más la devolución de la suma Bs.- 37.000, el resarcimiento del daño y la cancelación costas y costos.

2. De la contestación al recurso de casación.

La parte demandada, debidamente notificada con el recurso de casación en análisis, no contestó al mismo.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la valoración de la prueba.

Sobre esta temática el Auto Supremo Nro. 252/2022, de 19 de abril, en su doctrina legal aplicable expresó que: “…el doctrinario Antezana refirió que la valoración de la prueba ‘…Consiste en el análisis crítico e integral, del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos con la actividad práctica probatoria. Este análisis, persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad, respecto al fundamento de las pretensiones hechas a valer…’ (ANTEZANA Palacios, Alfredo, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Judicial, 1999, Tomo I, pág. 309), por su parte el jurista Palacio expreso que: ‘…La apreciación de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso…’ (PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Actos Procesales, Editorial Abeledo-Perrot, pág. 411) citas doctrinarias, que nos permiten concluir que: “La valoración de la prueba es: ‘…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…).

La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia’ (Auto Supremo Nº 508/2019 de 23 de mayo).

En ese sentido, para realizar tal acto de valoración de la prueba, el Auto Supremo Nº 532/2021 de 14 de junio de refirió que: ‘…que nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, cuando en el Código Procesal Civil en su articulado 145.II, describe que: ‘Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana critica o prudente criterio…’, ello entendemos por influencias del Código General del Proceso del Uruguay de 1989, para el juicio oral por audiencias, deduciendo de ello y bajo los criterios del referido autor Obando Blanco, que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, se encuentra vigente a partir de la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice ‘…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta’, introducido como un freno o un obstáculo a manera de generar seguridad jurídica en las actuaciones del juez, que en ocasión de aplicar la valoración en base al sistema de sana critica o prudente criterio puede expresar conductas traducidas en arbitrariedades. En cuyo entendido el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, supondrá que el propio ordenamiento jurídico establezca en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de Alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución…”

III.2. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones.

La Sentencia Constitucional Plurinacional N°180/2018-S3, de 22 de mayo, respecto a la fundamentación, motivación y congruencia determino lo siguiente: “…III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones. La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: ‘…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición’.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo.

En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.

Por su parte la congruencia se refiere a ‘la relación que debe existir entre lo peticionado, lo considerado, la cita de pruebas y normativas legales aplicables al caso concreto’ De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos deben estar debidamente motivados y tienen que tener un sustento jurídico; es decir, tienen que estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho que tenga relación entre lo peticionado y lo considerado.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Mostrando 51 de 102 parrafos.

Texto del fallo

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