AS/0623/2025

Texto del fallo

<div>

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0623/2025

Fecha: 25 de junio de 2025

Expediente: SC-25-25-S

Partes: Maritza Ponce Gutiérrez, Yenny Carla Ponce Gutiérrez, Adolfo Ponce Gutiérrez y Lucero Ponce Gutiérrez representados por Miguel Fernando Santelices Salomón c/ Chih Ping Lee y María Luisa Pacheco Geizueta.

Proceso: Nulidad, acción negatoria, cancelación de matrícula, reivindicación, posesión, resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 394 a 398 vta., interpuesto por Maritza Ponce Gutiérrez, Yenny Carla Ponce Gutiérrez, Adolfo Ponce Gutiérrez y Lucero Ponce Gutiérrez, contra el Auto de Vista N° 82/2024, de 03 de octubre, corriente de fs. 385 a 392, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad, acción negatoria, cancelación de matrícula, reivindicación, posesión, resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por los recurrentes contra Chih Ping Lee y María Luisa Pacheco Geizueta, la contestación de fs. 405 a 409 vta., el Auto de concesión N° 14/2025, de 18 de febrero, visible a fs. 410; el Auto Supremo de admisión N° 247/2025-RA, de 25 de marzo, visible de fs. 419 a 421; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Maritza Ponce Gutiérrez, Yenny Carla Ponce Gutiérrez, Adolfo Ponce Gutierrez y Lucero Ponce Gutiérrez representados por Miguel Fernando Santelices Salomón por memorial de demanda que discurre de fs. 45 a 48, ratificado por memorial visible a fs. 66 y de fs. 68 a 69, promovió el proceso ordinario de nulidad, acción negatoria, cancelación de matrícula, reivindicación, posesión, resarcimiento de daños y perjuicios contra Chih Ping Lee y María Luisa Pacheco Geizueta, quienes una vez citados, por memorial cursante de fs. 157 a 162 vta., se apersonaron mediante su representante Juan David Lee Pacheco, contestando negativamente a la demanda y presentó excepción de impersonería, prescripción y cosa juzgada; pretensión que fue resuelta por Auto de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 224 a 225 vta., declarándose probada la excepción de impersonería del apoderado, disponiéndose un plazo de 10 días para su respectiva subsanación, la cual por memorial a fs. 228 fue subsanado y admitido por Auto de fs. 229 de 16 de enero 2023; por Auto de 23 de marzo de 2023 visible a fs. 236 se confirma la admisión a fs. 229, apersonándose de esa manera nuevamente Chih Ping Lee y María Luisa Pacheco Geizueta mediante su representante Juan David Lee Pacheco, por memorial de fs. 241 a 247, presentó excepciones de prescripción y cosa juzgada, pretensión resuelta por Auto de 13 de junio de 2023, cursante de fs. 267 vta. a 269, donde se rechazó las excepciónes de prescripción y cosa juzgada; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 22/2023, de 17 de noviembre, que cursa de fs. 349 a 354 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 12° de Santa Cruz, declaró IMPROBADA la demanda principal con costas.

</li>

</ol>

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Miguel Fernando Santelices Salomón, según escrito visible de fs. 356 a 360 vta., originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 82/2024, de 03 de octubre, corriente de fs. 385 a 392, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

- El elemento común del argumento recursivo expuesto circundaría alrededor de una presunta errónea valoración de la prueba; en ese sentido, considerando las pretensiones postuladas por la parte actora (ahora recurrente), no se habría acreditado la nulidad o anulabilidad de la transferencia de 19 de diciembre de 1975; además de no haberse precisado los hechos que acreditarían la ilicitud de la causa, la ilicitud del motivo o la falta de consentimiento alegada; de ahí que, el Juez A quo habría realizado una valoración correcta de las pruebas aportadas conforme a su prudente criterio y sana crítica.

- Conforme la prueba producida, se habría demostrado que el contrato realizado el 19 de diciembre de 1975, por la cual José Ponce y Marcelo Ponce Añez trasfieren el bien inmueble en cuestión a favor de Lee Sheng Tien, la cual fue registrada en Derechos Reales el 26 de enero de 1979, habría sido ratificada el 20 de mayo de 1980 por Carlos Ponce Terán, conforme se verificaría del Testimonio N° 1134 expedido por Derechos Reales, la misma que al ser objeto de pericia en otro proceso, se habría determinado la autenticidad de su firma.

En ese entendido, existiría certeza en relación a la transferencia realizada a favor de Lee Sheng Tien, sin que se haya demostrado la existencia de una causal de nulidad o anulabilidad; además, este hecho quedaría corroborado ante la existencia de un proceso previo en la que se declaró improbada la acción reivindicatoria postulada por José Jacinto Ponce López y probada la demanda de mejor derecho propietario -interpuesta vía reconvencional- por Lee Sheng Tien, la cual tendría la calidad de cosa juzgada.

- No sería evidente la existencia de una omisión en la valoración probatoria, pues las pruebas no mencionadas no habrían resultado relevantes ni suficientes para alterar el fondo de la decisión, ya que no acreditan la nulidad de la transferencia efectuada. En consecuencia, no resultaría evidente que la resolución recurrida se limitara a acoger las afirmaciones de la parte demandada; por el contrario, se habría fundamentado en el análisis de la prueba esencial y decisiva.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Maritza Ponce Gutiérrez, Yenny Carla Ponce Gutiérrez, Adolfo Ponce Gutiérrez y Lucero Ponce Gutiérrez representados por Miguel Fernando Santelices Salomón, según escrito visible de fs. 394 a 398 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

En la forma.

a) El Tribunal de Alzada habría emitido una resolución idéntica a la Sentencia recurrida, limitándose en variar o cambiar su redacción; omiten considerar que la falsedad de un acto jurídico implica su nulidad, además de no considerar la aplicabilidad del principio iura novit curia, favoreciendo de tal forma a la parte demandada; razón por la cual, el Auto de Vista carecería de sustento legal.

b) Se habría emitido un criterio falso al afirmar que se planteó la anulabilidad del contrato como una pretensión alternativa dentro del proceso, además de afirmar que el poder otorgado a su abogado sería insuficiente; no se habría considerado que en audiencia preliminar, se aclaró que la pretensión postulada es de nulidad por falsedad y no de anulabilidad.

En el fondo.

a) El Tribunal de alzada no habría considerado las graves e insubsanables fallas que contendría la minuta del 19 de diciembre de 1975 y el Testimonio N° 870 de la misma fecha -como la falta de nombre completo de uno de los vendedores, la falta de número de cedula de identidad del comprador, la falta de mención del derecho propietario registrado de los vendedores, la utilización de un poder ilegal y la añadidura de datos por parte de la Notaria de Fe Pública- implicarían su nulidad de pleno derecho por su ilicitud.

b) El Ad quem habría desviado el verdadero rumbo del juicio, afirmando erróneamente que no existiría prueba que justifique la falta de consentimiento e ilicitud de la causa. No se habría considerado que la copia legalizada del proceso administrativo de fs. 36 a 40, otorga plena certeza de las ilegalidades existentes en la minuta de 19 de diciembre de 1975 y del Testimonio No. 870 de la misma fecha; la certificación de fs. 339 emitida por Derechos Reales certificaría que la matrícula del demandado no cuenta con ningún respaldo documental físico; la certificación de fs. 35 emitida por Derechos Reales, acreditaría que José Jacinto Ponce López antes de 1960 no registra ningún derecho propietario; el testimonio judicial del proceso ordinario de reivindicación, acreditaría que el 19 de diciembre de 1975 los dueños del bien inmueble en cuestión serian Carmelo Ponce Terán y Carlos Ponce Terán; en consecuencia, la venta realizada por José Jacinto Ponce López y Marcelo Ponce Añez es falsa por ilicitud.

c) No se habría considerado que los certificados de defunción aportados por la parte demandada, no tienen calidad de prueba plena frente a dos Sentencias de declaratoria de herederos ejecutoriados; el testimonio judicial del proceso ordinario de reivindicación seria un cumulo de contradicciones y por ende un verdadero fraude procesal; el Testimonio de 16 de mayo de 1986 de ratificación de venta, seria posterior al fallecimiento de Carlos Ponce Terán.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista y declare probada la demanda con costas, daños y perjuicios.

2. Contestación al recurso de casación:

Chih Ping Lee y María Luisa Pacheco Geizueta, contestaron al recurso de casación mediante memorial de fs. 405 a 409 vta., alegando en lo principal que:

- Los recurrentes no habrían fundamentado la forma en que presuntamente se habría producido una infracción a la ley o interpretación indebida que afecte el Auto de Vista.

- A título de violación a normas y preceptos legales, los recurrentes aducirían que la anulabilidad no fue postulada en su demanda; no obstante, ello resultaría falso, dado que por memorial de fs. 69 ratificaron su acción de anulabilidad, contraviniendo a la teoría de los actos propios.

- En varias oportunidades los recurrentes afirmarían que la minuta de transferencia es falsa; sin embargo, no considerarían que existe una prueba pericial que determina la autenticidad de las firmas en el contrato de ratificación de venta.

- El argumento de la nulidad de la transferencia postulada por la parte actora, se sustentaría en que la transferencia fue realizada antes de que fallezca Carmelo Ponce Terán y Carlos Ponce Terán, sin embargo, por las certificaciones de SERECI tal aseveración resultaría incensaste; máxime si hubo una ratificación de venta posterior.

- Los actores ponen en tela de juicio el testimonio judicial de mejor derecho propietario con valor de cosa juzgada ofrecida como prueba de descargo, sin considerar que el referido testimonio fue debidamente inscrito en las oficinas de Derechos Reales.

Fundamentos por los cuales solicitaron se declare improcedente o infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. En relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Con relación a este tópico, el Auto Supremo N° 566/2021, de 30 de junio, señaló: “Sobre este particular, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: ‘La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…’.

A ese respecto la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…’.

En ese mismo entendido, en la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: ‘…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo’.

Finalmente la SCP 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: ‘…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma’.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de su Resolución, y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una resolución”. (El resaltado nos corresponde).

Mostrando 50 de 99 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso