AS/0625/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0625/2025

Fecha: 25 de junio de 2025

Expediente: LP-71-25-A

Partes: Enrique Wilfredo Ramos Chaparro, Victoria Chaparro Zurita, Jorge Raúl Chaparro Zurita, Gabino Juan Carlos Ramos Chaparro y Geovana Ramos Chaparro c/ Amalia Ticona Vda. de Limachi (+), Jaqueline Limachi Ticona, Wilma Limachi Ticona, Jeanet Limachi Ticona y posibles herederos de Inocencio Limachi Argandoña

Proceso: Nulidad de documento, cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1023 a 1037, interpuesto por Jeanet Limachi Ticona, Wilma Limachi Ticona y Jaqueline Limachi Ticona, representadas por Francia Trujillo Mamani, contra el Auto de Vista N° 700/2024, de 13 de noviembre, corriente de fs. 978 a 982 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de documento, cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Enrique Wilfredo Ramos Chaparro, Victoria Chaparro Zurita, Jorge Raúl Chaparro Zurita, Gabino Juan Carlos Ramos Chaparro y Geovana Ramos Chaparro, contra Amalia Ticona Vda. de Limachi, las recurrentes y posibles herederos de Inocencio Limachi Argandoña; el Auto de concesión de 07 de marzo de 2025, visible a fs. 1075; el Auto Supremo de Admisión N° 0324/2025-RA, de 10 de abril, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Enrique Wilfredo Ramos Chaparro, Victoria Chaparro Zurita, Jorge Raúl Chaparro Zurita, Gabino Juan Carlos Ramos Chaparro y Geovana Ramos Chaparro, representados por Emy Irma Galindo Salgueiro, por memorial de demanda que discurre de fs. 122 a 130, subsanado de fs. 308 a 324, promovieron el proceso ordinario de nulidad de documento, cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios, contra Amalia Ticona Vda. de Limachi, Jaqueline Limachi Ticona, Wilma Limachi Ticona, Jeanet Limachi Ticona y posibles herederos de Inocencio Limachi Argandoña, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 330 a 334, de fs. 363 a 375, de fs. 380 a 384, de fs. 391 a 393, a fs. 400. y de fs. 402 a 403, las cuatro primeras se apersonaron y contestaron de manera negativa, Amalia Ticona Vda. de Limachi opuso excepciones de impersonería y de demanda defectuosa, reconvino por resolución de contrato por incumplimiento más pago de daños y perjuicios, las demandadas Jaqueline, Wilma y Jeanet Limachi Ticona, interpusieron excepción de prescripción extintiva y reconvinieron por nulidad de documento de compraventa de 13 de mayo de 2002 y comprobantes de pago, restitución de inmueble, más pago de daños y perjuicios, por decreto de 25 de noviembre de 2022, corriente a fs. 640, se designó defensora de oficio a la Abg. Luz Esther Gonzales Mamani, quien por memorial a fs. 705, se apersonó y aceptó su designación, por escrito de fs. 643 y vta., se apersonaron Adolfo Brandon Montaño Ramos y Mikaela Magnolia Montaño Ramos en su condición de herederos de Miguel Ángel Montaño Guerrero, respecto a los posibles herederos de Inocencio Limachi Argandoña, por decreto de 23 de noviembre de 2023, corriente a fs. 815, se designó defensora de oficio a la Abg. Consuelo Lily Aguilar Zannier, quien por memorial a fs. 821 y vta., se apersonó y contestó de manera negativa a la demanda, por escrito visible a fs. 811 y vta., se apersonó Donato Andrés Limachi Ticona en calidad de sucesor hereditario de Inocencio Limachi Argandoña; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse el Auto interlocutorio N° 268/2024, de 16 de abril, que cursa de fs. 866 a 870 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de El Alto-La Paz, declaró IMPROBADAS las excepciones de impersonería y demanda defectuosamente propuesta formulado por Amalia Ticona Vda. de Limachi; y PROBADA la excepción de prescripción formulados por Jaqueline Limachi Ticona, Wilma Limachi Ticona y Jeanet Limachi Ticona, disponiendo en consecuencia rechazar la pretensión de demanda sobre el cumplimiento de obligación, debiendo continuar la causa únicamente respecto a las otras pretensiones.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Victoria Chaparro Zurita, Jorge Raúl Chaparro Zurita, Gabino Juan Carlos Ramos Chaparro y Geovana Ramos Chaparro representados por Emy Irma Galindo Salgueiro; asimismo, Enrique Wilfredo Ramos Chaparro representado por Cinthia Lizzel Roca Rodríguez; además de Adolfo Brandon Montaño Ramos y Mikaela Magnolia Montaño Ramos representados por Geovana Ramos Chaparro, según escritos de fs. 893 a 898, de fs. 900 a 905 y de fs. 907 a 912 y de fs. 913 a 918, respectivamente, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 700/2024, de 13 de noviembre, corriente de fs. 978 a 982 vta., donde se REVOCÓ parcialmente el Auto interlocutorio N° 268/2024, de 16 de abril, que cursa de fs. 866 a 870 vta., consecuentemente declaró IMPROBADA la excepción de prescripción opuesta por Jaqueline Limachi Ticona, Wilma Limachi Ticona y Jeanet Limachi Ticona, manteniéndose firme y subsistente el resto de la resolución. Por Auto interlocutorio de 28 de noviembre de 2024, corriente a fs. 990 y vta., no se dio lugar a la complementación y aclaración impetradas, en base a los siguientes argumentos:

- En la especie se trata de un reclamo de prescripción de la carga de escrituración presuntamente acordada en el documento privado de compraventa de 13 de mayo de 2002 y el elemento que sirvió para dar respuesta a los agravios, tiene su base en la posesión, uso y aprovechamiento que los compradores alegan tener sobre la superficie adquirida (238 m2.) lo cual no fue enervado por Jaqueline Limachi Ticona, Wilma Limachi Ticona, Jeanet Limachi Ticona y por otra parte por Amalia Ticona Vda. de Limachi en sus escritos de respuesta y subsanación de fs. 363 a 375 y 391 a 393, respectivamente, representado un reconocimiento al uso (como local de eventos) de aquella mitad del inmueble por parte de los actores y para tal efecto acudió al razonamiento vertido en el Auto Supremo N° 597/2019, de 18 de junio.

- La posesión de los demandantes en el sector sobre cuya obligación de transferencia ha sido incoado, no se vio afectado por el curso prescriptivo, merced al uso y aprovechamiento continuo, ejercido en presuntas actividades comerciales no desconocidas por ambas partes.

- El A quo no descuidó en la estructura de su pronunciamiento, el análisis de la prescripción, aunque bajo un razonamiento factico y diferente al manifestado por ese Tribunal, por lo que no fuese evidente haber ingresado en una insuficiencia o incongruencia de la excepción, enfatizando respecto a la inconducencia de la prescripción, que se ha visto afectada por los aspectos señalados en la ratio.

- Al no haber examinado el tema, bajo el correcto dimensionamiento legal y de hecho mencionados ut supra, el Juez suprimió un elemento mayor en su consideración razón por la cual, se emitió resolución acorde a lo previsto por el art. 218.I num. 3 de la Ley N° 439.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jaqueline Limachi Ticona, Wilma Limachi Ticona y Jeanet Limachi Ticona, representadas por Francia Trujillo Mamani, según escrito de fs. 1023 a 1037, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Las recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) Violación del art. 584 del Código Civil con relación a lo establecido en el Auto Supremo N° 16/2015, de 14 de enero y Auto Supremo N° 71/2017, de 01 de febrero, por no considerar que el contrato base de la demanda se constituye en un contrato a cuotas con reserva de propiedad, la cual, no se perfecciona con el simple consentimiento de las partes y conforme a lo demandado (obligación de hacer adquirir la propiedad) es perfectamente prescriptible.

b) Violación del art. 614 num. 2 del Código Civil, con el argumento que conforme el Auto Supremo N° 339/2019, de 03 de abril, las obligaciones del vendedor son prescriptibles.

c) Error en la aplicación del Auto Supremo N° 597/2019, de 18 de junio, siendo que la parte actora hubiera ingresado de forma violenta al inmueble y que no se cuenta con una posesión pacífica y continua.

d) Violación del art. 87 del Código Civil, con relación al precedente vinculante del Auto Supremo N° 587/2019, en el entendido, que los demandantes no serían poseedores sino detentadores (inquilinos), al ocupar el inmueble en nombre de Inocencio Limachi y Amalia Ticona.

e) Infracción al debido proceso en su elemento de congruencia y motivación, el primero con el argumento de que omitió considerar la confesión espontanea efectuada por la parte actora en su demanda, en la cual, señalaría que son inquilinos. La falta de motivación la sustenta en el argumento que el Auto de Vista carece de exposición de los hechos.

f) Vulneración al derecho a la propiedad, siendo que el Tribunal Ad quem desconoció su derecho y asumió que los demandantes adquirieron la propiedad por el simple consentimiento.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se declare la ineficacia e invalidez de la Sentencia.

2. Contestación al recurso de casación:

Enrique Wilfredo Ramos Chaparro representado por Cinthia Lizzel Roca Rodríguez y Victoria Chaparro Zurita, Jorge Raúl Chaparro Zurita, Gavino Juan Carlos Ramos Chaparro y Geovana Ramos Chaparro representados por Emy Irma Salguero, respondieron con los mismos argumentos el recurso de casación mediante memorial de fs. 1060 a 1062 vta. y fs. 1071 a 1073 vta., solicitando en lo principal que:

Los argumentos expuestos en el recurso no son ciertos y faltan a la verdad.

Que el Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentada y motivada, sin que sea ultra o extra petita, más al contrario hubieran obrado en derecho en el análisis del instituto de la prescripción.

Que el derecho a la propiedad no puede ser objeto de prescripción y que el recurso de casación carece de una debida fundamentación.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia o infundado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

III.2. Sobre la prescripción.

La prescripción es una institución jurídica por el que se extingue el derecho por el transcurso ininterrumpido del tiempo determinado por ley, cuyo fundamento es mantener el orden social y resguardar la seguridad jurídica, que hace necesario el establecer la temporalidad de disposición del derecho, impidiendo el ejercicio intempestivo del mismo, es decir que para surtir el efecto extintivo del derecho debe transcurrir el tiempo determinado en ley, unido a la inactividad del titular ante el incumplimiento de la obligación, y la ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor (arts. 1492 y 1493 del CC.).

El tratadista Carlos A. Ghersi, señala: “En un primer sentido el transcurso del tiempo, conjugado con la inacción del titular de un derecho causa efecto en los derechos y garantías individuales, haciendo perder la acción, para la ejecución de los derechos del acreedor sobre su deudor, es la denominada prescripción liberatoria. En cambio, cuando el instituto consolidad una situación de hecho- el transcurso del tiempo- y lo conjuga con un acto – la inacción del titular de un derecho de propiedad- la, llamamos prescripción adquisitiva (…) El Instituto de la prescripción, como expresábamos, posee un ingrediente o elemento esencial que es el transcurso del tiempo como hecho fáctico; ahora bien, por decisión discrecional del ordenamiento legal se establecen una diversidad de plazos para las distintas situaciones y/o relaciones jurídicas que se escalonan por “prioridades que el legislador estableció en función de intereses y de la seguridad jurídica”. (Prescripción Liberatoria, Caducidad de Derecho y de Instancia, Buenos Aires- Argentina, 2103, pág. 3 y 5)

III.3. Del comienzo del cómputo la prescripción.

Sobre el referido tópico, el Auto Supremo N° 1144/2023, de 17 de diciembre expresó: “Ahora bien, respecto al comienzo de la prescripción, se debe tener presente lo referido por el mencionado art. 1493 del Código Civil que establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, a cuyo respecto el citado Autor Morales Guillén, aludiendo a Pothier, refiere que: “El punto de arranque para computar la prescripción, es el día a partir del cual puede ser ejercitada la acción por el acreedor, esto es, desde el día que el acreedor puede demandar a su deudor…", transcurrido el periodo establecido por ley, se hace material el efecto extintivo de la prescripción”.

En esa misma línea, podemos citar lo establecido por el doctrinario Héctor Lafaille, quien en su libro Curso de Obligaciones, Tomo I, Teoría General de las Obligaciones, pág. 495 señala: “…para las obligaciones de las que nos ocupamos, el cómputo de la prescripción comienza desde que la acción está expedita. Desde el momento que se trata de hacerla caducar por falta de ejercicio…”, de similar modo, el tratadista Luis María Boffi Boggero en su obra Tratado de las Obligaciones Tomo 4, pág. 678 a 679 establece: “Iniciación del plazo para prescribir. Es natural que no pueda comenzar el plazo para prescribir antes de que haya advenido la acción sobre la que ese plazo habrá de incidir. Se decía desde antiguo: ‘actionae non natae non praescribuntur’. Este principio no se halla expresamente aceptado por el Código, pero una serie de normas constituyen su clara e inequívoca cristalización. Si bien el concepto que el principio encierra no ofrece dudas por lo límpido, sin embargo, no comprende con total exactitud los casos que exceden a los de deuda exigible. De ahí que sea preferible expresar como regla general que el plazo para prescribir comienza cuando el interesado estuvo en posibilidad jurídica de ejercer su potestad…” (Negrillas nos corresponden)

A mayor ahondamiento sobre este extremo, el profesor Guillermo A. Borda en su Tratado de Derecho Civil, Tomo II Obligaciones, pág. 12 instruyó: “Pero antes de ocuparnos de las situaciones especiales, debemos señalar que, en principio, la iniciación del término de la prescripción es independiente del conocimiento que el interesado tenga de que su acción (o pretensión accionable) había nacido. Por excepción, en algunos supuestos que la iniciación del plazo de la prescripción comienza a correr sólo desde que el interesado ha tenido conocimiento del hecho en que se origina su acción; tal como ocurre en los casos de dolo, falsa causa, simulación o acción revocatoria, como así también en el supuesto de obligaciones nacidas de hechos ilícitos”, criterio doctrinario que refuerza la regla del cómputo del inicio de la prescripción desde el momento en que el derecho puede ser ejercido, y no así desde el momento en que el titular del derecho haya tenido conocimiento del mismo. (Negrillas nos corresponden)

Por lo que, la regla es que el cómputo de inicio del término de la prescripción corra desde que el derecho puede ser ejercido, a excepción de que la obligación sea emergente de un hecho ilícito en el cual si se computa desde que el titular tomó conocimiento efectivo del hecho generador del daño del cual nace un deber de resarcimiento.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Mostrando 52 de 104 parrafos.

Texto del fallo

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