AS/0633/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0633/2025

Fecha: 25 de junio de 2025

Expediente: CH-25-25-S

Partes: David Aramayo Carballo y Patricia Toro Calvimontes c/ Luciano Coria Cupita y Josefina Flores Araos.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 218 a 220 vta., interpuesto por Luciano Coria Cupita y Josefina Flores Araos contra el Auto de Vista Nº 040/2025, de 10 de febrero, corriente de fs. 208 a 213, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de ordinario de cumplimiento de contrato seguido por David Aramayo Carballo y Patricia Toro Calvimontes contra los recurrentes; el Auto de concesión de 14 de marzo de 2025, visible a fs. 224; el Auto Supremo de admisión N° 0283/2025-RA, de 26 de marzo, obrante de fs. 229 a 230 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. David Aramayo Carballo y Patricia Toro Calvimontes, por memorial de demanda que discurre de fs. 35 a 39 vta., promovieron el proceso ordinario de cumplimiento de contrato contra Luciano Coria Cupita y Josefina Flores Araos, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 66 a 77 vta., de fs. 80 a 83 y de fs. 85 a 89 vta., se apersonaron y contestaron de manera negativa, reconvinieron por nulidad de documento; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 102/2024, de 04 de octubre, que cursa de fs. 160 a 174 vta., en el que la Juez Público Civil y Comercial 1° de Monteagudo – Chuquisaca, declaró PROBADA la demanda de cumplimiento de contrato; e IMPROBADA la reconvención de nulidad de documento, disponiendo el cumplimiento del contrato de 25 de abril de 2019, sobre transferencia de bien inmueble, con la entrega del predio a favor de David Aramayo Carballo y Patricia Toro Calvimontes, en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia, bajo prevenciones de desapoderamiento.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Luciano Coria Cupita y Josefina Flores Araos, según memorial de fs. 177 a 189 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 040/2025, de 10 de febrero, corriente de fs. 208 a 213, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

El reclamo de los recurrentes, gira en torno a la falta de pago por el precio de la transferencia del lote de terreno, que daría lugar a la negativa legítima de entrega del inmueble conforme prevé el art. 623 del Código Civil, disposición concordante con el art. 636 de la misma norma legal, normas que hubieran sido incorrectamente interpretadas. Al respecto la pretensión de los demandantes es el cumplimiento del contrato y entrega del inmueble de 480 m2 contenido en la Escritura Pública N° 227/2019 de 25 de abril, por el que Luciano Coria Cutipa y Josefina Flores Araos transfirieron el bien inmueble a favor de David Aramayo Carballo y Patricia Toro Calvimontes, que en su cláusula tercera señaló que otorgan en calidad de venta real por la suma libremente convenida de Bs. 5.000 (cinco mil bolivianos), suma de dinero que en el momento, declara recibirlos en su integridad, en moneda corriente y usual a su entera satisfacción; en ese marco, si bien el art. 636 del Código Civil, señala que el comprador está obligado al pago del precio en el término y lugar señalados en el contrato, se tiene que dicha obligación se cumplió al momento de la suscripción, conforme a la cláusula tercera, donde los vendedores reconocieron en forma expresa el pago, no advirtiéndose en dicho contenido alguna obligación pendiente de pago y que deba ser cumplido por los demandantes en forma posterior, por lo que no existe errónea interpretación del art. 636 del Código Civil.

Respecto a la incorrecta apreciación y valoración de la prueba de inspección, testifical y confesión judicial; conforme al art. 136 del Código Procesal Civil, quien alega o contradice un hecho debe probar el mismo, a efectos de que el Juez de la causa, tenga la certeza de los hechos alegados para la emisión de la sentencia; por otra, los arts. 145 del Código Procesal Civil y 1286 del Código Civil, establecen las reglas para la valoración de las pruebas presentadas por las partes, y según la última, el juez se encuentra reatado a valorar las pruebas en función al valor que les otorga la propia ley a cada medio probatorio y ante la ausencia de ellas, puede aplicar la sana crítica o prudente criterio.

Los recurrentes cuestionan la Escritura Pública N° 227/2019 de 25 de abril, alegando que, por la testifical de descargo y confesión judicial del abogado apoderado de los propios demandados, se acreditó que no existió pago del precio por la transferencia, negando sus propios actos contenidos en dicha escritura, que cuenta con el valor probatorio previsto por el art. 1289 del Código Civil y 149 del Código Procesal Civil; al respecto, el Juez de la causa, otorgó el valor probatorio signado por la ley a la escritura pública, documento que no puede ser rebatido por prueba testifical, más aún cuando dichas declaraciones no son concluyentes, ya que Marianela Coria Flores (fs. 135) se limitó a señalar que tiene interés en el proceso al ser hija de los demandados y que no vio un solo peso de ese lote; por su parte, Jaime Ortiz Cuellar, manifestó que tiene conocimiento por comentarios de Luciano, que no le pagaron por la venta, siendo un testigo referencial; en cuando a la confesión provocada de Juan Carlos Crespo Villalba, abogado apoderado de los demandados, que si bien hace referencia a la falta de pago, pero esta se contrapone a los propios actos de su representados expresados en la cláusula tercera de la Escritura Pública N° 227/2019, en el que reconocen haber recibido el pago por la transacción, por lo que al ser contradictorio, no resulta creíble, correspondiendo remitirse al contenido del Auto Supremo N° 591/2014 de 17 de octubre, que desarrolla la teoría de los actos propios; en relación a la testifical de cargo de Ariel León Guzmán y Víctor Hugo Rojas Apaza, el primero manifiesta únicamente que fue a ver el lote de terreno junto a David Aramayo y Luciano lo amenazó para que no compre el inmueble y el segundo señaló, solo reviso la documentación que se encontraba al día, pero no le intereso por su ubicación y falta de dinero. Por todo lo señalado, el juez de la causa valoró correctamente las documentales presentadas por las partes bajo los alcances de los arts. 145 del Código Procesal Civil y 1286 del Código Civil.

Con relación a la causal del art. 549 num.1, señalan como agravio que los demandantes no pagaron el precio del lote de terreno a la fecha de suscripción del contrato, por lo que no están en la obligación de hacer entrega. La norma citada expresa la procedencia de la nulidad por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por ley como requisito de validez, supuesto que es aplicable a los contratos donde se observa la falta tal elemento; debe entenderse que el objeto se encuentra constituido por el conjunto de obligaciones que se generaron con la operación jurídica; es decir, el objeto del contrato es la obligación de las partes y el objeto de la obligación es la prestación debida de dar, hacer o no hacer; en ese marco, no es correcto entender que la Escritura Pública N° 227/2019 adolezca de tal elemento, está claramente establecido como el objeto de la obligación, la traslación de dominio del bien inmueble a cambio del pago de un precio, por consiguiente, es correcto el entendimiento del juez al señalar que la falta de pago alegada por los reconvencionistas, no tiene relación con el presupuesto de falta de objeto.

Respecto a la causal del art. 549 num. 3 del Código Civil, la ilicitud de la causa, opera cuando el contrato es contrario al orden público o a las buenas costumbres y busca eludir una norma de aplicación imperativa, situación que no acontece en el caso, toda vez que el contrato de transferencia se encuentra regulado y reconocidos por nuestra normativa legal vigente; en relación a la ilicitud del motivo, tiene lugar cuando el motivo que determina la voluntad de ambos es contrario al orden público o a las buenas costumbres, situación que no se evidencia, puesto que ambas partes, haciendo uso de su derecho dispositivo, autonomía de la voluntad en el contrato, suscribieron el documento de transferencia por un precio determinado.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Luciano Coria Cutipa y Josefina Flores Quiroga, mediante memorial de fs. 218 a 220 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) El Auto de Vista N° 040/2025 de 10 de febrero, incurrió en falta de fundamentación y motivación, porque simplemente se limitó a realizar cita de artículos correspondientes a la nulidad, pero no realizó una debida motivación, incurriendo en violación del art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

b) Interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, en cuanto al art. 636 del Código Civil, porque si bien en el contrato de compra venta no se hizo referencia a la forma de pago ni el plazo, en consecuencia, es aplicable en el caso el párrafo II de la norma citada, que establece la entrega del inmueble al momento del pago.

c) Incorrecta apreciación y valoración de la prueba testifical y confesión provocada porque, solo hicieron mención exclusiva a la prueba documental de cargo, como es el Testimonio de Escritura Pública N° 227/2019 de 25 de abril, sin considerar que con la prueba testifical de Jaime Ortiz Cuellar, Juan Carlos Crespo Galarza, Marianela Coria Flores y Edwin Domingo Sánchez, quienes manifestaron conocer que los demandantes no realizaron ninguna cancelación, demostraron que los compradores no pagaron ninguna suma de dinero por el lote de terreno, prueba no valorada en el marco de los arts. 1283 y 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil; asimismo, no tomaron en cuenta las atestaciones de Ariel León Guzmán y Víctor Hugo Rojas Apaza, testigos de cargo.

Fundamentos por los cuales, solicitan se pronuncie Auto Supremo en la forma prevista por el art. 220.II y III del Código procesal Civil y en el fondo se revoque el Auto de Vista recurrido, con costas y costos.

2. Contestación al recurso de casación:

Patricia Toro Calvimontes y David Aramayo Carballo, pese haber sido notificados con el recurso de casación, conforme se establece de la diligencia de fs. 223, los mismos no emitieron respuesta al recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el tema, el Auto Supremo N° 812/2024, de 22 de julio, señaló: “Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (…). ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas…’.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3, de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”. (El resaltado nos corresponde).

III.2 De la interpretación del art. 568 del Código Civil.

Al respecto el Auto Supremo N° 1023/2024, de 09 de septiembre señalo: “El art. 568 del Código Civil dispone: ‘I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…’ (Las negrillas nos pertenecen).

La norma citada establece que, en las relaciones contractuales bilaterales, la parte que cumplió con la obligación adquirida puede optar entre exigir a la parte que incumplió con su prestación, la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo, es decir que cuando solo una de las partes contratantes cumple con lo acordado, esta se encuentra facultada de demandar la extinción del contrato a través de la facultad resolutoria, o en su caso puede exigir que la prestación sea cumplida tal y como se acordó en el contrato.

En ese sentido, refiriéndonos a la resolución del contrato es menester señalar que la doctrina de manera general ha establecido que esta es una de las formas de extinción del contrato, que generalmente opera por el quebrantamiento en la prestación comprometida en virtud de un hecho posterior a su celebración y que es imputable a una de las partes como consecuencia de un incumplimiento voluntario, incumplimiento involuntario por imposibilidad sobreviniente de la prestación o incumplimiento involuntario por excesiva onerosidad.

En caso de proceder la resolución del contrato, esta generará tres efectos: 1) retroactivo, operará retroactivamente, por lo que las partes que han quedado desvinculadas deben restituirse recíprocamente todo lo que hubieran recibido con motivo del contrato resuelto; 2) reintegrativo, cobra vitalidad cuando ha existido entre las partes un comienzo de ejecución del contrato del cumplimiento unilateral o el intercambio de prestaciones, por lo tanto, si el obligado a restituir es quien ha dado lugar a la resolución, debe ser tratado como poseedor de mala fe, por tal razón, si la cosa se ha destruido o deteriorado, aunque sea por caso fortuito, el deudor está obligado a la reparación; y 3) resarcitorio, impone al responsable la reparación del daño ocasionado en lo que corresponde a la pérdida sufrida (daño emergente) y a la pérdida de la ganancia (lucro cesante).

Sobre este instituto jurídico corresponde citar el aporte doctrinario del tratadista Guillermo A. Borda, quien en su obra de Tratado de Derecho Civil, refiere: ‘La resolución no es el resultado de un nuevo contrato (como ocurre en la recisión bilateral) sino que supone la extinción del contrato por un hecho posterior a la celebración; hecho que a veces es incalculable a la otra parte (como es por ejemplo el incumplimiento) o que puede ser extraño a la voluntad de ambas (como ocurre en ciertos supuestos de condiciones resolutorias), la resolución del contrato puede operar ipso iure, (como sucede en la condición resolutoria) o bien puede requerir la manifestación de voluntad de la parte interesada en ella (como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en el incumplimiento de la contraria)’.

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